Desde que en 2016 se pusiera en marcha el Real Decreto 56/2016, se estableció que todas las empresas o grupos de empresas con más de 250 trabajadores en plantilla o que facturen más de 50 millones de euros y tengan un balance superior a 43 millones de euros están obligadas o bien a someterse a auditorías energéticas cada cierto tiempo o bien a tener un sistema de gestión energética alternativo implantado.

En este año 2020, todas las compañías sujetas a lo establecido por el Real Decreto debían haberse sometido a su segunda auditoria (habiendo ya realizado la primera en 2016). Sin embargo, tal y como se desprende de un análisis realizado por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e), a pocos días de que finalice el plazo para cumplir con esta obligación, más de un 20% no habrían cumplido con la norma. De igual forma, cerca del 40% de las auditorías energéticas que ya se han realizado, parecen haberse hecho solo para cumplir con la obligación, pero no cuentan con el alcance y/o la calidad necesaria para implantar medidas de ahorro energético, lo cual es su verdadera finalidad.

Ante la pregunta de por qué las que las grandes empresas no cumplen la norma, una de las respuestas más obtenidas ha sido la del desconocimiento de la misma, seguida de la de la ausencia de personal cualificado dedicado a estos temas en las empresas.

Las auditorías energéticas aportan información relevante sobre los consumos y los potenciales ahorros, así como las alternativas que se tienen para ahorrar y sus costes. Pero, además, en la mayoría de los casos “destapan” inversiones muy rentables en términos de ahorros, con pay-backs inferiores a 4-5 años, por lo que es una herramienta fundamental para cualquier empresa o entidad, de cualquier tamaño y sector, que quiera mejorar su eficiencia energética.

Encargadas de inspeccionar y controlar la calidad de los datos de las auditorías realizadas que se han inscrito previamente en un registro habilitado, las Comunidades Autónomas no pueden más que enviar cartas a las corporaciones para recordarles la obligación en la que se encuentran.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, no obstante, es el que debe controlar la obligación de auditar al menos el 85% de los consumos a nivel nacional, pues las sanciones pueden elevarse hasta los 600.000€. Sin embargo, el ejercicio de sus funciones continúa siendo deficiente y tras cinco años de la entrada en vigor del Real Decreto, éste sigue sin encontrar la vía adecuada para comunicarse con las empresas.

Cabe destacar que si no se realizan las auditorías energéticas con la calidad y el alcance necesarios, difícilmente se podrán implantar medidas de ahorro de cara al futuro y el país no cumplirá con los objetivos de eficiencia energética y climáticos comprometidos por el mismo en el Plan Nacional de Energía y Clima.