Tras el Consejo de Ministros celebrado hoy martes, el Gobierno ha declarado la emergencia climática en España. La vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que esta declaración irá acompañada de 30 medidas urgentes y que en los próximos 100 días 5 de ellas se ejecutarán de manera prioritaria: la Ley de cambio climático y transición energética; la  Neutralidad climática a 2050; el  II Plan Nacional de adaptación al cambio climático; la Asamblea Ciudadana del cambio climático; y la transformación industrial y del sector servicios para garantizar que la transición sea justa y genere empleos verdes y de calidad.

La declaración de emergencia climática debe garantizar los cambios urgentes y necesarios para no superar en 1,5 grados la temperatura global, en sectores claves como el energético, el transporte, el agrícola y el industrial y que tengan en cuenta el papel de los ecosistemas en la lucha contra el cambio climático. De este modo, el Gobierno pretende impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios, y hacerlo favoreciendo la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad.

“Aplaudimos los anuncios hechos en el Consejo de Ministros que sitúan la emergencia climática como prioridad en la agenda política. Por ello, es ineludible y urgente que se apruebe una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y un Plan Nacional de Energía y Clima mucho más ambiciosos que los planteados hasta ahora y que, además, se les dote de procesos de participación pública efectiva”, asegura Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España.

Primeros cien días
La organización también considera que remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería ser una prioridad en estos primeros cien días y valora que esta incluya otros sectores como el agrario, muy necesario para alcanzar la descarbonización. En este sentido, Greenpeace cree que es fundamental que se tengan en cuenta las demandas de las organizaciones ecologistas y sociales para que los objetivos climáticos estén en línea con las recomendaciones científicas y evitar los peores impactos del cambio climático.

La ley debe contemplar, entre otras cosas, la descarbonización completa de la economía (es decir, alcanzar un balance neto nulo entre las emisiones producidas por la actividad humana y la capacidad de absorción por los ecosistemas) en 2040, así como el objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030 respecto a 1990. Lo mismo debería ocurrir con el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC), cuyo borrador -presentado por el Gobierno a Europa- sólo preveía la reducción del 20%. En este sentido, a día de hoy aún no se ha llevado a cabo el proceso de participación pública que establece la ley y ni siquiera se conoce el plan definitivo que tendría que haberse presentado a finales del año pasado.

Greenpeace valora de forma positiva la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático y espera que sea paritaria e incluya al movimiento ecologista y demás movimientos sociales. Esta asamblea debería servir para articular los procesos de participación pública que exige la normativa europea, sin menoscabo de los órganos ya existentes. Además, Greenpeace considera que el resultado de estos procesos debe servir para incidir en las políticas climáticas.