La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, ha defendido en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, celebrado en Luxemburgo, que la mejor respuesta ante la escalada en los precios de la electricidad “debe ser una respuesta conjunta europea que nos permita conciliar la protección de los consumidores domésticos, de los consumidores industriales y el interés legítimo de las empresas energéticas y de los inversores, que son pieza clave en este proceso de descarbonización”. 

En este sentido, Ribera ha señalado que espera que la próxima semana la Comisión nos presente medidas que den respuesta a las circunstancias que estamos viviendo. “No basta con clarificar que se puede hacer uso de la fiscalidad, que se pueden hacer transferencias del presupuesto público al sistema eléctrico o que se puede proteger a los consumidores más vulnerables. Eso es algo que ya hemos aplicado y no es suficiente. Ante situaciones excepcionales, es necesario adoptar medidas excepcionales”, ha insistido la vicepresidenta. 

España ha insistido en la necesidad de “actuar ante una situación de crecimiento muy importante de los precios que no se corresponde con un crecimiento equivalente en los costes de generar electricidad”. La vicepresidenta Ribera ha explicado que “los precios de la energía están sufriendo las consecuencias de un rally nunca visto en los precios del gas en los mercados internacionales, que está amplificando sus efectos en los mercados eléctricos”.

Las propuestas de España, en el centro del debate
En este sentido, una de las propuestas que España ha incluido en el documento para la discusión es la creación de una plataforma europea centralizada para la compra de gas natural, que facilite la creación de reservas estratégicas de gas que nos permitan mitigar nuestra exposición a las fluctuaciones del mercado. “Lo hemos hecho con bastante éxito para las vacunas y deberíamos reproducir este modelo a otros campos estratégicos”, ha señalado Ribera a sus homólogos en el Consejo.

Además, España propone a la Comisión el diseño de un conjunto flexible de directrices con las que ofrecer diferentes opciones políticas a los Estados miembros para amortiguar el efecto de las subidas repentinas de los precios de la energía; reformar el mercado mayorista de la electricidad para que los combustibles fósiles no sean los que marquen el precio y poder trasladar a los consumidores los beneficios de las tecnologías renovables más baratas, y adoptar medidas para evitar la especulación financiera en el mercado europeo de derechos de emisión.

A este respecto España ha aportado varias soluciones –como restringir la participación de entidades cuyas emisiones no están reguladas o limitar el período de validez de los derechos de emisión- para reducir dicha volatilidad y rebajar el precio de la tonelada de CO2, de modo que vuelva a ser una herramienta útil que canalice las inversiones necesarias para culminar el proceso de transición energética.