El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado viernes el Real Decreto Ley por el que se prorroga el valor actual de la rentabilidad razonable de las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos para los próximos 12 años.

La rentabilidad razonable de las instalaciones renovables, fijada mediante un nuevo RDL, contribuye a eliminar la incertidumbre regulatoria de los proyectos existentes. A escasas semanas del cambio de período regulatorio, el Gobierno ha dado los pasos necesarios para que las Cortes puedan convalidar una ley que fija con claridad la rentabilidad de las plantas existentes durante los próximos doce años y proporciona también visibilidad de la futura retribución para las nuevas instalaciones.

A falta de la futura convalidación por parte de las Cortes, la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto-ley, que fija la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables, es un gran paso para eliminar la incertidumbre regulatoria que se ceñía sobre el sector renovable. Las energías renovables son responsables de más del 38% de la electricidad consumida en España (2018) y han sufrido en los últimos años un vaivén de normas (incentivos, recortes, moratoria…) que han llevado al sector a una fuerte judicialización. Este Real Decreto-ley es el primer paso para eliminar la incertidumbre y volver a una senda de racionalidad.

En vigor durante 12 años a partir de 2020
La tasa de rentabilidad definida por el RD Ley, que permite a las instalaciones anteriores a 2013 mantener su actual tasa del 7,398% y fija en un 7,09% la tasa para las instalaciones posteriores, estará en vigor durante los próximos dos periodos regulatorios de seis años, a partir del 1 de enero de 2020.

Los sucesivos recortes a las energías renovables, que, tras la reforma del sector, supusieron una reducción de la retribución del orden del 30% a las instalaciones, provocaron un aluvión de demandas contra el Gobierno. En las cortes de arbitraje internacionales, el Reino de España ha ido recibiendo diversas condenas al amparar a los inversores extranjeros la Carta de la Energía, algo que no sucede para los inversores nacionales.

La nueva norma trata de devolver al sector renovable la estabilidad al evitar el vacío legal que se hubiera producido el 31 de diciembre de 2019 con el final del período regulatorio. Al fijarse la tasa de rentabilidad razonable para los próximos doce años se proporciona certidumbre a las inversiones y se da visibilidad a los ingresos futuros de un sector fuertemente regulado.

La próxima década será crucial para el desarrollo renovable nacional. El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima cifraba en más de 57 GW la nueva potencia renovable a instalar y en más de 101.600 millones de euros las inversiones necesarias. Inversiones que deberán ser efectuadas, en más del 80%, por parte de las empresas del sector.

El sector valora la nueva normativa
“Contar con una certidumbre sobre los activos existentes, que están funcionando desde antes de 2013, es fundamental para poder acometer nuevos desarrollos”, comenta el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig. “El sector ha vivido una gran cantidad de cambios regulatorios y debemos volver a la normalidad y a la planificación consensuada que nos dará certidumbre. Es necesario que todos los grupos políticos apoyen la vuelta a la racionalidad en un sector fundamental para la creación de industria nacional y empleo de calidad como es el sector renovable. Un sector que está llamado a ser el protagonista de nuestro modelo energético”, concluye Villarig.

El mantenimiento del valor de la rentabilidad razonable de aplicación al régimen retributivo especifico para los proyectos fotovoltaicos existentes es un paso importante hacia la estabilidad y seguridad jurídica y da señales positivas a futuro para los inversores. “Eliminar la incertidumbre es fundamental para atraer las inversiones necesarias para desarrollar los más de 30 GW de proyectos fotovoltaicos que se tienen que instalar a 2030 para cumplir con los objetivos definidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima", señala Jorge Barredo, presidente de UNEF.

Asimismo, desde UNEF se alaba la iniciativa de concesión de la capacidad de acceso que se libere después del cierre de las centrales térmicas a tecnologías limpias en base a criterios medioambientales y sociales. “La fotovoltaica puede jugar un papel importante en aquellas zonas cuya economía está relacionada con los combustibles fósiles, al generar empleo local y cualificado, tanto en su vertiente de grandes proyectos, como en autoconsumo“, afirma Barredo.

El consenso entre las principales fuerzas políticas es fundamental para la convalidación en el Congreso del RDL. Este consenso político es un punto de inflexión para una economía descarbonizada y el desarrollo de las renovables en España. Supondrá un aliciente para atraer inversiones a largo plazo y dará estabilidad a las inversiones destenidas a descarbonizar la economía. Las medidas que dan confianza a los inversores acaban abaratando la financiación de las instalaciones.

El sector eólico coincide con el resto de las energías renovables en mostrar todo su interés y empeño por un marco regulatorio, que genere confianza y estabilidad, con una visibilidad a largo plazo que facilite las inversiones. "El RDL es un paso en la dirección correcta y, en parte, ha sido fruto del dialogo entre las instituciones y la industria, requisito para el éxito de la deseada planificación energética", han explicado desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

El presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha manifestado que “El sector valora y reconoce la determinación de este Gobierno y, singularmente, de su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, puesto que, en muchas ocasiones, y por sorprendente que pueda parecer, incluso para hacer justicia hay que ser valiente”.

Por otra parte, ha recordado Martínez-Aroca “habrá que continuar avanzando hasta alcanzar una restauración equilibrada, puesto que son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma impuesta en 2013, dado que la supuesta rentabilidad del 7,39% es absolutamente ficticia y los recortes soportados son asimétricos, llegando en muchos casos al 50% de la tarifa regulada inicialmente establecida” y ha añadido que “no se puede hablar de transición ecológica justa si no se restituyen legítimos derechos a las decenas de miles de familias españolas que, con grandes sacrificios, hemos logrado que sea posible un cambio en el modelo de generación energética que evite los efectos más devastadores del ya constatable cambio climático. La energía fotovoltaica es la llave definitiva que permite a nuestra sociedad producir energía limpia y barata sin contaminar el Planeta y sin ocasionar daños a la población, un milagro hecho realidad por nuestro gran colectivo social”.