El año 2015 ha cerrado como el más negro de la historia de la eólica en España, con ningún nuevo megavatio instalado. Esto no ocurría desde los años ochenta, cuando empezó el tímido desarrollo del sector en nuestro país, que se aceleró en los noventa y se consolidó en la década siguiente, hasta alcanzar los 22.988 MW que hay actualmente. La producción eólica en el año se situó en 47.721 GWh, un 5,8% por debajo de la de 2014, y la cobertura de la demanda, en el 19,4%, según datos de REE.

Si a esto se añade que en los últimos cuatro años sólo se han instalado 1.932 MW, esta legislatura ha sido la menos eólica con diferencia desde el año 2000, como resultado primero de la moratoria verde y después, de la Reforma Energética (ver gráfico adjunto). Es más, desde que entró en vigor el nuevo sistema retributivo en 2013, sólo se han instalado 27 MW, un 1,4% del total acumulado en la última legislatura. De hecho, la industria eólica española lleva varios años sobreviviendo gracias a las exportaciones (en 2014 y 2015 ha exportado el 100% de su fabricación).

La principal consecuencia de la parálisis de la eólica es que España se aleja de los objetivos europeos de consumo de energía a través de fuentes renovables en 2020, que son vinculantes. La única posibilidad es que se den los pasos adecuados para cumplir con la Planificación Energética a 2020 aprobada por el Gobierno, que cifra en 6.400 MW las necesidades de potencia eólica para cumplir con Europa.

Para intentar cumplir los objetivos en tan poco espacio de tiempo, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera fundamental recuperar la seguridad jurídica perdida tras la Reforma Energética, que ha puesto en jaque a numerosos parques y empresas y ha dado lugar a un sinfín de procesos judiciales nacionales e internacionales. Para ello, es necesario modificar determinados aspectos de la regulación, como la posibilidad de cambiar las condiciones económicas –y, con ellas, la rentabilidad razonable– cada seis años. También sería necesario convocar cuanto antes una subasta por los 5.900 MW eólicos restantes para cumplir con la Planificación o un calendario de convocatorias, a celebrarse antes de finales de 2017, que permitiera cumplir los plazos. En cualquier caso, se deberían corregir algunos aspectos de la primera subasta, de 500 MW, que por sus características atípicas (fue una subasta aislada y de escaso volumen tras varios años de parálisis del sector) tuvo unos resultados inesperados que han arrojado aún más incertidumbre a la ya complicada situación de la eólica. Para ello es fundamental que el Gobierno consulte con el sector.

La instalación de más de 6.000 MW eólicos en cuatro años ya se ha hecho en España en periodos anteriores gracias a una regulación que así lo favoreció, la voluntad de las empresas promotoras y la existencia de una potente industria doméstica, por lo que, si se modificasen determinados aspectos de la regulación que devolviesen la confianza a los inversores y facilitasen el acceso a la financiación, podría intentarse de nuevo.