El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, defendió ante la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear en el Congreso de los Diputados el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024. En esta línea, trasladó a sus miembros su preocupación por la posibilidad de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno prevé enviar a Bruselas en los próximos días, posponga el cierre total de las centrales nucleares hasta el año 2035, lo que supondría alargar la vida útil de algunas de estas instalaciones más allá de los 40 años, posibilidad, citada por varios medios en los últimos días.
Durante su comparecencia, convocada para el estudio del Informe de las actividades realizadas por el CSN durante el año 2017, tuvo la oportunidad de exponer las propuestas de la Fundación Renovables en torno a la cuestión nuclear y responder a los distintos planteamientos expuestos por los representantes de los Grupos Parlamentarios tras su intervención. Fernando Ferrando explicó que la Fundación Renovables propone el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024 porque son insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad.
“La aportación nuclear -en torno a los 50 TWh- puede ser sustituida por electricidad producida con las fuentes de energía renovables ya planificadas: las subastas celebradas en 2016 y 2017 (8.737 MW) y la propuesta del Gobierno de subastar 3.000 MW/año”, ha explicado la Fundación en un comunicado.
Además, la Fundación Renovables apuesta por que la propuesta de cierre lleve implícita una auditoría técnica sobre el estado de la central y la definición de la fecha de cierre en función de la generación de residuos, criterios de seguridad y la viabilidad de su almacenamiento. A estos efectos, los propietarios tienen que asumir todos los elementos de coste en cuanto a cobertura de riesgos y a las dificultades de gestionabilidad, así como las inversiones necesarias para mantener el máximo grado de seguridad.
Por otra parte, la Fundación Renovables critica que la gestión y garantía del tratamiento de residuos actual esté enmarcada en el Plan General de Residuos Radioactivos elaborado y aprobado en 2006.
El resultado es que el Tribunal de Cuentas en 2015 identificó un desfase no dotado por parte de las empresas propietarias de las centrales a ENRESA, encargada de gestionar el fondo para los desmantelamientos, de 1.500 millones de euros (M€).
Editado por Pilar Catalina
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