La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que las acciones para limitar el calentamiento del planeta a 2 ºC facilitarán la creación de 24 millones de nuevos empleos en todo el mundo para el año 2030, lo que equivale a la creación de cuatro empleos por cada uno perdido en los sectores del carbón y del petróleo.

Un informe reciente afirma que la transición energética generará 132.000 nuevos empleos además de atraer 100.000 millones de euros de inversión en España y un estudio de Greenpeace demostraba un modelo energético 100% renovable generaría en un escenario a 2030 tres millones de empleos. Para ese año, se espera que la transición cree 1,2 millones de puestos de trabajo adicionales en la Unión Europea, además de los 12 millones de nuevos puestos de trabajo ya previstos.

Por ejemplo, solo con el desmantelamiento de centrales nucleares se generarían 100.000 puestos de trabajo y el incremento de renovables que esto supondría elevaría el empleo en 200.000 más. También hay estudios que indican que si se duplica la participación modal de la bicicleta como medio de transporte, se podrían crear más de 400,000 empleos adicionales, alcanzando un total de más de un millón de empleos en la economía de las dos ruedas.

“La crisis ocasionada por la Covid-19 es una oportunidad que no podemos dejar pasar para poner a las personas y al medioambiente en el centro, ya que si no asumimos que están interrelacionados, las reacciones a la crisis agudizarán la situación de partida, porque la crisis sanitaria no puede hacernos olvidar que estamos inmersos en una importante crisis climática”, ha declarado María José Caballero, adjunta a la dirección de Programas de Greenpeace.

Desde Greenpeace articulan esta recuperación en cuatro ámbitos sobre los que desarrollar una economía resiliente y diversificada que haga posible la transición.

• Focalizar y priorizar la creación de empleo de calidad en sectores como la salud y la educación, las energías renovables, la modernización de edificios y construcción de viviendas sostenibles, la agricultura y ganadería ecológicas, la pesca sostenible, el mantenimiento y el desarrollo de las redes de transporte público, la industria conectada y anclada en procesos libres de emisiones y eficientes en el uso de energía, la gestión de infraestructuras verdes, el turismo respetuoso con la gestión del medio natural, especialmente con nuestras playas, actividades económicas que restauran y preservan el patrimonio natural para las próximas generaciones, el desarrollo de empleos asociados a la economía circular, fomentando el retorno, la reparación y la reutilización en el ámbito textil, siderúrgico y de los residuos.
• Acelerar la transición energética desde nuestro actual sistema sistema eléctrico del 40 al 100% renovable, sin alargar la vida de las nucleares ni de las centrales de carbón, reformando el mercado eléctrico y no deshaciendo el camino recorrido durante el 2019 ni paralizando el avance hacia la descarbonización en otros sectores ahora afectados por la crisis, como el sector del automóvil y la aviación. Para ello se hace necesario el compromiso del sector privado para mantener empleos y redirigir sus carteras hacia inversiones en sectores descarbonizados.
• Un paquete de inversiones estratégicas orientadas a la mejora de las condiciones de habitabilidad de la población más vulnerable, a la eficiencia y sostenibilidad de todo lo construido, a la solarización de edificios públicos y de barrios vulnerables (para generalizar el autoconsumo energético y la energía ciudadana compartida), compra pública verde que se traduzca en mejoras en la red de transporte público, mejora de las comunicaciones y la fiscalidad contra la despoblación rural y otras formas de diversificación económica, para fortalecer el ámbito rural y otras formas comunitarias que han demostrado ser claves para que las sociedades sean resilientes.
• Apoyo y revisión de los servicios públicos para favorecer a la sociedad. Invertir en el desarrollo de capacidades que favorezcan el bienestar del conjunto de la población, en sectores útiles para el cuidado de la vida y de las comunidades. Es necesario el cuidado de los activos públicos existentes: sistema sanitario, sistema educativo, redes de transporte público local, regional o nacional, empresas públicas de vivienda, la puesta de las redes e infraestructuras eléctricas y de agua al servicio de la transición y de la participación de las personas y comunidades. Además, avanzar en una reforma fiscal justa que tenga en cuenta la fiscalidad verde y el principio de quien contamina paga.

“No podemos volver a cometer los errores de la crisis financiera de 2008, donde la lucha contra el cambio climático y la salud del planeta (y de las personas) fueron relegados, mientras que los intereses económicos a corto plazo dominaron y estuvieron presentes en la agenda política”, ha concluido Caballero.