Las comunidades autónomas empiezan a ser conscientes de que compiten unas con otras en las subastas eólicas que vienen ante la necesidad de España de cumplir los objetivos europeos a 2020. Según explican desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), dado que en el sistema de subastas vigente se compite por precio y, por tanto, se premia a los proyectos más baratos, las comunidades autónomas han de entender que deben eliminar barreras y simplificar trámites que puedan encarecer la instalación de parques y desanimar la inversión en sus territorios. Algunos ejecutivos autonómicos ya están tomando cartas en el asunto para eliminar trabas. Otros aún no.

Las comunidades autónomas que en su día celebraron concursos para fomentar la instalación de la eólica se enfrentan a varios problemas. El primero, que las contraprestaciones industriales exigidas en algunos –la mayoría– de los concursos encarecen considerablemente los proyectos, lo que no es fácil de compatibilizar con un sistema de subastas competitivas. El segundo, que para obtener una autorización administrativa para parques de menos de 50 MW es necesario que estos hayan sido adjudicados en concurso, lo que deja en el limbo a todos los proyectos nuevos que vayan a las subastas y quieran instalarse en las comunidades con concursos adjudicados (en total, hay unos 10.000 MW en España adjudicados en concursos autonómicos pero no instalados).

Algunas comunidades ya han tomado cartas en el asunto al decidir eliminar estas contraprestaciones industriales, como es el caso de Andalucía o Extremadura, o, en algunos casos, los concursos (Canarias, Cantabria).

Trámites complejos
La complejidad de los trámites administrativos (incluidos en algunas ocasiones los medioambientales) es otra barrera, tanto en términos temporales como económicos. Según el estudio Wind Barriers (Barreras eólicas) de la Asociación Eólica Europea (EWEA) financiado por la Comisión Europea, España es el país de la UE en el que más se tarda de media en instalar un parque eólico (6,5 años) debido a esas trabas. De ahí que comunidades como Cantabria, en las que históricamente era compleja la tramitación para instalar parques eólicos, ahora se percibe una voluntad de cambio para agilizar las autorizaciones.

 La situación se agrava para aquellas comunidades en las que existen costes adicionales fiscales. Tal es el caso de las que cuentan con cánones eólicos, como son Castilla y León, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha.  En estas tres últimas, en las que los cánones conviven con las contraprestaciones industriales de los concursos, desde 2010 prácticamente no se ha instalado potencia eólica. La AEE ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de abolir los cánones eólicos, impuestos medioambientales que gravan una energía limpia y generan distorsiones, tanto para las instalaciones nuevas como para las ya existentes. En su día, la Comisión Lagares que emitió el informe previo a la Reforma Fiscal del Gobierno ya aconsejó su abolición, pero la recomendación no se llevó a término.

 Las comunidades y los ayuntamientos son conscientes de la importancia de atraer inversión eólica a sus territorios, ya que genera cinco veces más empleo que las tecnologías convencionales, revitaliza comunidades rurales y, a menudo, desfavorecidas, y supone importantes ingresos en términos de alquileres de terrenos, impuestos, etcétera.