El sector eólico es estratégico para España y las empresas están absolutamente comprometidas con la situación actual. El esfuerzo es máximo para que los 1.203 parques eólicos puedan continuar produciendo electricidad, las fábricas sigan suministrando componentes, los parques en construcción continúen sus obras y las empresas de servicios puedan llevar a cabo su función de soporte a la industria. Todas y cada una de las empresas, grandes y pequeñas, estamos comprometidos para que el impacto del COVID-19 sea el menor posible a nivel humano, social y económico.

El esfuerzo del sector eólico se traduce en una producción de electricidad segura y eficiente, y una cadena de suministro solvente. En los primeros 20 días de marzo (1-20/marzo 2020), la eólica ha producido 4.261 GWh, un 25% más que el mismo periodo de 2019. La aportación eólica al mix energético del país, así como la contribución al PIB español gracias al tejido industrial de nuestras empresas, nos convierte en uno de los sectores estratégicos del país.

La dependencia de las empresas nacionales de la cadena de suministro europea y mundial de las materias primas y los componentes es relativa en comparación a otros mercados, mucho más expuestos. A medida que el virus COVID-19 se ha extendido por los distintos continentes, se podrían crear ciertos retrasos en algunos servicios, pedidos y en la logística. Hablamos de posibles retrasos, no de pérdida de la actividad. No obstante, según el análisis reciente de WindEurope, los efectos serán moderados en las cadenas internacionales de suministro de la eólica. Actualmente, es demasiado pronto para juzgar los efectos en la producción y en los ingresos del sector. Lo que sí es cierto es que nuestras empresas cuentan con gran capacidad de resiliencia como se ha demostrado en épocas pasadas. Y la resiliencia cobra valor cuando hay que gestionar situaciones tan excepcionales como la provocada por la crisis sanitaria actual.

La industria eólica, como el resto de las industrias del país, gestionará el efecto del COVID-19. Es responsabilidad de todos que el impacto sea el menor posible. La mayoría de los proyectos que están en marcha en nuestro país no están sujetos a plazos administrativos cerrados de finalización, como era el caso de las últimas subastas, aunque sí que puede haber trámites administrativos, como el acceso y conexión a la Red o las autorizaciones de explotación, que al quedar suspendidos, habrá que retomar una vez se abandone el estado de alarma. De igual forma, en AEE están tratando de encontrar soluciones para facilitar los traslados necesarios de los profesionales para el mantenimiento de las instalaciones, cumpliendo con las estrictas medidas de seguridad y salud que se requieran. A este respecto, una homogeneización de criterios para los desplazamientos profesionales a nivel nacional facilitaría la adopción de soluciones.