Paloma Sevilla, directora general de aelēc

Los avances en la transición energética son constatables un año más. La producción de energía renovable representa ya más de la mitad de la generación total. Precisamente, con el objetivo de promover las inversiones necesarias, garantizar la seguridad de suministro, mejorar la competitividad del tejido industrial y aumentar la protección de los consumidores, en junio de este año entró en vigor el reglamento que traza las directrices de la reforma del mercado de la electricidad de la Unión Europea. Sin duda, un gran hito que nos ha dejado 2024 y que nos permite ganar en seguridad y estabilidad regulatoria. 

A nivel nacional, este año se ha presentado a la Comisión Europea el PNIEC, la hoja de ruta que ayudará a España a abandonar los combustibles fósiles y a cumplir con sus compromisos internacionales de descarbonización de la economía. Este documento garantiza la consecución colectiva de los objetivos energéticos y climáticos para 2030 y de la neutralidad climática para 2050. En concreto, España se compromete a que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 32% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Para ello, las energías renovables serán la pieza clave: el PNIEC prevé que el 81% de la producción eléctrica del país será de origen renovable a finales de esta década y, para dar coherencia y equilibrio a esta ambición renovable, el Plan prevé que la demanda de energía eléctrica aumentará hasta representar un 28% del consumo total de energía final.

En este contexto, celebramos el VI Congreso aelēc, que nos brindó la oportunidad para reflexionar sobre cómo dar continuidad al impulso hacia la electrificación de la demanda y sobre el necesario desarrollo de las redes eléctricas para conseguirlo. El encuentro sirvió para poner de manifiesto las medidas regulatorias necesarias para avanzar hacia una mayor electrificación de los diferentes ámbitos, como la industria, el transporte o los hogares, algo en lo que tendremos que seguir trabajando a lo largo de 2025. En España contamos con una energía renovable inigualable que permite atraer industria e inversión a nuestro país y consolidarnos como hub industrial de referencia en Europa. Seguir por esta senda es primordial para transformar el desafío de la descarbonización en una oportunidad económica y social.

Las redes, pilares de la transición energética, seguirán siendo uno de los principales polos de atracción de interés a lo largo de 2025, con varios aspectos regulatorios sobre la mesa. Por un lado, la publicación de la revisión del cálculo de la tasa de retribución financiera, esencial para atraer inversiones a nuestro país, para lo que se requiere una tasa acorde al entorno de los países con los que España compite por recursos limitados en los mercados financieros de capital. La necesidad de incrementar los niveles de inversión en distribución eléctrica viene soportada tanto por el PNIEC como por la urgente demanda de acceso y conexión a la red de distribución eléctrica de promotores de puntos de recarga de vehículos, de proyectos de electrificación industrial o de centros de procesos de datos entre otros demandantes. Por tanto, la actualización de la tasa de retribución financiera es necesaria para que los distribuidores incrementen la capacidad de la red para conectar a estos clientes.

Por otro lado, destaca la adaptación de los límites de inversión en redes eléctricas para dar respuesta adecuada a estas necesidades de acceso y conexión que impone la transición energética, como se viene reclamando desde hace meses por parte de las comunidades autónomas y las empresas del sector. La ampliación y la adaptación de la capacidad de las redes a las nuevas necesidades, no solo de la generación eléctrica con fuentes renovables, sino también de la demanda de nuevas empresas e industrias, será clave para el desarrollo económico de los territorios.

Dicha adaptación requiere agilizar y flexibilizar el proceso de planificación para asegurar que las redes incluyan las propuestas de actuación más eficientes y que aporten más valor a la economía, ligadas a proyectos industriales urgentes con un valor estratégico. En definitiva, nuestro país se encuentra ante una encrucijada histórica en la que no podemos perder la oportunidad que supone la electrificación de la demanda para impulsar la economía española y para alcanzar los objetivos climáticos.