Juan Virgilio Márquez, director general de la AEE

'Ballesta Cazador de Vientos'. Fotografía de Miguel Escondrillas Labad proporcionada por la AEE.

La energía eólica es esencial para la transición energética y la descarbonización, así como para mantener la competitividad industrial y la independencia energética de España. Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) reiteramos la necesidad de un compromiso firme de las administraciones y de todos los agentes implicados para superar los retos actuales y aprovechar el potencial de la eólica en España.

Un año más, AEE ha presentado el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España. En el informe se destaca al sector eólico prioritario en el nuevo marco de competitividad y autonomía industrial europeo.

Nuestra industria ha crecido y trabajado para lograr una posición competitiva en el mundo, siendo la sexta nación en el ranking de países con mayor potencia eólica instalada, que encabeza China. Somos el quinto país en el mundo con mayor exportación de aerogeneradores. Nuestra posición en el mundo es privilegiada y seguirá siéndolo con una industria consolidada. 

España ha alcanzado una generación eléctrica renovable de más del 60% de la demanda y la eólica ocupa más de un 25% de esta generación. Con más de 30,5 GW eólicos instalados, el sector eólico goza de buena salud, aportando un 24% de la potencia total del mix energético. Los 1.371 parques eólicos generan más de 62.500 GWh de electricidad para los ciudadanos. Esta generación eólica está presente en 47 provincias de nuestro país, de las cuales 20 producen más de 1 TWh de electricidad gracias al viento. 

Castilla y León con 6.517 MW es la comunidad autónoma con mayor potencia eólica instalada y Aragón ha sido en 2023 la comunidad autónoma que ha destacado por su incremento de potencia eólica con 307 MW nuevos, seguida de Castilla La Mancha (92 MW) y Cataluña (60 MW). La contribución total del sector eólico al PIB en 2023, sumando directa e indirecta, alcanzó los 3.791 millones de euros, un 0,31% del PIB en España, y el efecto reductor de la eólica sobre los precios de la electricidad volvió a ser visible en 2023 ya que permitió ahorrar a los consumidores españoles 4.685 millones de euros.

El empeño, la experiencia y competitividad de los más de 35.700 profesionales han sido la fórmula perfecta para ser un sector referente en el despliegue de la tecnología eólica y la transición energética. El sector tiene como objetivo alcanzar los 62 GW en 2030, según indica el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC). En 2023 se instalaron 607 MW y en lo que llevamos de 2024, aunque las cifras de nueva potencia son mejores, con 1 GW ya instalado antes de cerrar el año, estamos lejos de la nueva potencia anual necesaria.

No podemos perder la posición competitiva, y necesitamos más eólica y más rápido. El sector identifica retos para este periodo, que serán fundamentales para continuar con la actual senda de crecimiento:  

• Interés público superior que permita homogeneizar los criterios autonómicos y desbloquee proyectos eólicos frente a barreras administrativas o cuestionamientos en los territorios.

• Impulso de la electrificación de sectores clave, reforzando el vínculo entre energía limpia e industria.

• Industria: España cuenta con el 100% de la cadena de valor eólica, con 287 centros industriales en 16 comunidades autónomas, cuya viabilidad depende de lograr una política industrial europea y nacional ambiciosa y eficaz en pro de mantener nuestras capacidades y competitividad en un escenario de amenaza constante desde terceros mercados. 

• Eólica marina flotante: el desarrollo completo de un marco normativo con la Orden Ministerial que diseñe la primera subasta y su convocatoria en 2025 son urgentes para no perder la oportunidad industrial como país. 

• La repotenciación de los parques eólicos debe convertirse en una prioridad país, incentivando su despliegue, pero nunca mediante imposiciones que puedan generar quebranto económico a los inversores.

• Aceptación social: Es crucial reforzar el diálogo con las comunidades locales y fomentar la transparencia en todas las fases de los proyectos. Hay que trabajar por parte del sector y de las instituciones con mucha anticipación, pedagogía, sensibilidad y rigor, ya que estamos siendo testigos de una oposición social, minoritaria pero que puede ocasionar el retraso de la construcción de los parques en determinados territorios.