A 30 de noviembre de 2024, las cifras de GANVAM y AEDIVE indicaban una subida acumulada de casi el 3%, con un claro protagonismo del canal de particulares, el que más está tirando del segmento de turismos 100% eléctricos, al aumentar sus compras más de un 21% durante el año pasado.

La expectativa era superar los 140.000 vehículos electrificados (100% eléctricos + híbridos enchufables de todo tipo en el ejercicio 2024) y de este modo crecer respecto al parque electrificado de 2023, aunque en tasas más bajas de las previstas.

En un lado más positivo de la balanza se hallan las infraestructuras de recarga pública, con una red de más de 37.100 puntos operativos y una media de más de 1.000 puntos instalados al mes (a fecha del tercer trimestre de 2024); un volumen más que suficiente para el parque actual de vehículos electrificados, que además tienen un promedio de tasa de uso muy bajo, por debajo del 6%.

Hay que destacar el esfuerzo económico y tecnológico que están llevando a cabo los operadores de puntos de carga (CPO, por sus siglas en inglés, Charge Point Operator), que están ejecutando inversiones por valor de 3.000 millones de euros, con un compromiso firme para continuar desplegando estas infraestructuras, tanto en autovías y carreteras como en edificios del sector terciario.

Desafíos y tendencias para 2025
Podemos reseñar diversos elementos que podrían ser muy relevantes para acelerar el despliegue de la electromovilidad. En primer lugar, la supresión de barreras normativas y la agilización de los trámites burocráticos, tanto por parte de las Administraciones Públicas como de las distribuidoras eléctricas, con el fin de avanzar en la implantación de las infraestructuras de recarga y también en la parte de los puntos de acceso y conexión de la red eléctrica. Se están dando pasos para ir solventando estos frenos.

En segundo lugar, la articulación de ayudas públicas mejor diseñadas, vía fiscalidad, para la compra de vehículos eléctricos y de puntos de carga, de tal manera que los ciudadanos perciban que estos incentivos les permitan dar el salto a la movilidad eléctrica sin complicaciones.

Tercer punto, poner en marcha una señalética adecuada en carreterías y autovías, con el fin de incrementar la visibilidad de los puntos de carga pública, que ahora no se aprecia.

Asimismo, la activación de acciones, fiscales y de otro tipo, para impulsar la electrificación en el ámbito de flotas y empresas, pues este segmento muestra una caída de la demanda respecto al año 2023. 

Otro de los retos mayúsculos para los años venideros es la electrificación del transporte de mercancías, sobre todo de vehículos pesados, donde queda mucho por avanzar. Aquí es clave diseñar incentivos adecuados para no dejar atrás a las pymes, una proporción mayoritaria en este sector. Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio, los camiones eléctricos de larga distancia lograrán la paridad del coste total de propiedad (TCO) con los diésel en 2026, incluso sin nuevas políticas públicas.

Para concluir, en 2025 AEDIVE estima que habrá un incremento notable de las matriculaciones, debido a la necesidad de vender vehículos eléctricos por parte de los fabricantes para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones impuestos por Europa. Además de esto, la llegada al mercado de una oferta más amplia de modelos eléctricos con prestaciones atractivas, eficientes y digitalizados, a precios cada vez más asequibles, reactivará la demanda.

Crecerá la importancia del vehículo eléctrico como vector de eficiencia energética, el único sistema de propulsión capaz de interactuar con la red para impulsar energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético.

Y, por último, será crucial combatir con información veraz, alejada de falsos mitos, la “infoxicación” y desinformación que existen en torno al vehículo eléctrico. La Administración puede jugar un papel importante con campañas de sensibilización.