El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y por el que se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono y de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Este real decreto da continuidad al Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del MITECO, que lleva en funcionamiento desde el año 2014. Durante este tiempo, se ha constatado su contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a incrementar las absorciones por los sumideros de carbono en el territorio nacional y a cumplir los compromisos internacionales asumidos por España en materia de cambio climático. Actualmente, el registro cuenta con 14.250 huellas de carbono inscritas, 23.348 hectáreas de superficie repoblada y ha reconocido compensaciones de 154.406 toneladas de CO₂.

Tras varios años de funcionamiento, se ha considerado oportuno ampliar su alcance para incluir nuevas tipologías de proyectos de absorción y las huellas de carbono de eventos, introducir aclaraciones adicionales que mejoren su funcionamiento, establecer requisitos adicionales de participación y reforzar la coordinación con los registros equivalentes autonómicos.

Además, mediante la norma hoy aprobada, tal y como recogía la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono, del establecimiento de un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de su publicación para un conjunto de empresas y para todas las instituciones de la Administración general del Estado.

“Medir la huella de carbono nos permite reducir las emisiones, mejorar los procesos productivos, ser más eficientes y competitivos, impulsar la innovación y ser menos dependientes de los combustibles fósiles”, ha señalado la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “La ciudadanía española respalda mayoritariamente las acciones de lucha contra el cambio climático. Nos piden a los gobiernos que hagamos más, no menos. La gran mayoría de la sociedad española no es negacionista, y teme al negacionismo”, ha defendido.

EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN

El registro recoge los esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por su actividad. Además, les facilita la posibilidad de compensar toda o parte de su huella de carbono mediante una serie de proyectos forestales en territorio nacional, que integran numerosos beneficios ambientales y sociales, como la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera.

El Real Decreto considera el mismo grupo de empresas con obligación de calcular la huella o establecer un plan de reducción que la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, que establece obligaciones específicas en España en relación con la divulgación de información no financiera y diversidad. Esto incluye:

• Empresas que formulen cuentas consolidadas.
• Sociedades de capital cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500.
• Entidades de interés público o que cumplan con la condición de gran empresa.

Además, este Real Decreto incorpora la obligación de calcular la huella de carbono para la Administración General del Estado, incluyendo:

• Departamentos ministeriales.
• Organismos autónomos.
• Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
• Otras entidades del sector público administrativo estatal.

Estos organismos deberán calcular anualmente la huella de carbono de su organización según los requisitos establecidos en este Real Decreto.

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