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El Gobierno pondrá freno "temporalmente" al exceso de retribución de las eléctricas e intenta frenar la escalada del precio de la luz

 El Gobierno pondrá freno "temporalmente" al exceso de retribución de las eléctricas e intenta frenar la escalada del precio de la luz

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para intentar mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que en 2018. La medida reducirá la factura mensual un 22% hasta final de año, según las previsiones del Ejecutivo. Esta rebaja ascenderá hasta el 30% si sumamos la disminución del IVA del 21% al 10% que se aprobó en junio, afirma el Gobierno.

Estas son las principales medidas aprobadas:

  • Rebajar el Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5%
  • Suspender hasta final de año el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% a la generación
  • Aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio
  • Minorar temporalmente el exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan. Para ello se aplica una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono, ahora en tramitación en el Congreso.

 

Bono Social
A la par, entre las medidas con mayor incidencia en consumidores concretos, se incrementa la protección de los vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un Suministro Mínimo Vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes. También se limita el crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para impedir un fuerte incremento por el impacto del coste de la materia prima. Además, se crea un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial.

Por otro lado, se modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden. Así, nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva protegerán el medio ambiente y permitirán el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños. 

 

Reducir el impacto del gas
Estas medidas de choque se añaden a las ya aprobadas el pasado mes de junio para amortiguar el impacto de la cotización del gas en la electricidad y en el conjunto de la economía. En aquel momento, el Ejecutivo rebajó el IVA sobre la electricidad del 21% al 10% hasta final de año, para suministros hasta 10 kW, y decidió suspender el Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% a la generación durante el tercer trimestre, indicando que se mantendría vigilante para actuar en el caso de que fuera necesario.

Este plan de choque tiene repercusión inmediata en la factura de los consumidores, bien por la reducción impositiva, bien porque tanto los ingresos por las subastas de CO2 como por la minoración de gas rebajan los cargos a repercutir en las tarifas. Estos importes se han revisado y actualizado hasta fin de año, de manera que los cargos aplicables serán un 96% inferior a los actuales. Ello permite rebajar la parte regulada de las facturas finales de los consumidores en una horquilla que abarca desde el 47,2% de los hogares hasta el 24,5% de la gran industria. Adicionalmente, sobre esta disminución se repercutirá la menor presión fiscal.

 También para afrontar la coyuntura de los próximos meses, se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,4%, en lugar del 28%. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano.

La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes. 

 El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año; Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.

 

Noticias sobre política energética y normativa | Publicada por Javier Monforte | 14 de septiembre de 2021 | 526

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