La confianza de los inversores y los excelentes recursos naturales españoles han propiciado que haya un gran volumen de proyectos de renovables en tramitación, en línea con las directrices europeas para reducir cuanto antes las importaciones energéticas desde Rusia y reforzar la autonomía estratégica de los 27, pero siempre garantizando un elevado nivel de protección del medio ambiente.

En la actualidad, en todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 GW de potencia -el 80% fotovoltaica y el 20% eólica- que deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa tras obtener nuevamente los permisos de acceso y conexión a la red, de acuerdo con el calendario de hitos establecido por el RDL 23/20. Al aplicar el régimen de protección ambiental español, entre los más restrictivos de la UE, muchos de estos proyectos han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas. Además, la elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica.

Por consiguiente, el Gobierno, mediante un nuevo Real Decreto Ley, ha extendido seis meses el plazo para que esos proyectos obtengan la autorización de construcción, facilitando la participación pública en su nueva configuración y aumentando las opciones de contratación con la cadena de valor industrial española y europea. Los proyectos, en todo caso, se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda verde.

Desde asociaciones como la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) celebran la prórroga que fue aprobada ayer en el Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demogáfico. Esta ampliación supone una oportunidad para que las empresas promotoras puedan consolidar los esfuerzos realizados hasta la fecha para que los proyectos sigan su curso, cumpliendo con los mayores estándares de integración social y ambiental, a la vez que la ciudadanía cuenta con un plazo mayor para conocerlos y participar en su rediseño e integración.