Según informa Europa Press, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo va a convocar a el primer concurso de potencia renovable en España desde que se impusiera la ‘moratoria renovable’ a principios de 2012. Según el borrador de real decreto que prepara el MINETUR, se va a dar luz verde a la instalación de 700 MW de tecnología renovable, 500 MW de ellos de eólica y otros 200 MW de biomasa. La asignación se realizará por primera vez a través de subastas, tal y como recoge la última Ley del Sector Eléctrico.

De este modo, el Gobierno aprobará un real decreto para convocar subastas de la mencionada potencia eólica y de biomasa con derecho a incentivo (Retribución a la Inversión o Rinv) y un borrador de orden ministerial con los parámetros retributivos correspondientes.

Las reacciones en el sector renovable español no se han hecho esperar. Para la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el anuncio “supone un reconocimiento a la necesidad del país de instalar más potencia eólica de cara a cumplir los objetivos europeos de consumo de energías renovables en 2020. No obstante, una vez más, la propuesta de normativa se ha realizado sin consultar al sector, lo que implica que se aleja de su realidad y no resuelve la inseguridad jurídica generada por la regulación en vigor”.

Según el comunicado difunfido por la AEE, “los 500 MW eólicos que el Gobierno se propone subastar –que incluirían tanto nuevas instalaciones como la sustitución de máquinas antiguas por nuevas–  están muy por debajo de los entre 4.553 y 6.473 MW eólicos que el propio Ministerio indica que son necesarios en el avance de Planificación hasta 2020 que lanzó en diciembre. Además, al mantenerse el modelo introducido por la Reforma Energética, que permite modificar las condiciones económicas cada seis años (la primera vez, que afectaría a los parques incluidos en esta subasta, tendría lugar en 2019), los inversores que se planteasen instalar nueva potencia eólica desconocerían la rentabilidad de sus proyectos más allá de los primeros años, lo que aumentaría exponencialmente el riesgo de la inversión. Esto, unido a las crecientes trabas administrativas que conlleva tanto la instalación de nuevos parques como las repotenciaciones, complica la situación y no contribuye a que se recupere la confianza”.

Sin fecha ni metodología
El sector eólico lamenta que Industria no especifique “ni las fechas de las subastas ni la metodología que se aplicará, pero sí el coste que le supondría en incentivos la instalación de los 500 MW eólicos: 21 millones de euros. Para ello, quiere aplicar una Rinv de 40.000 euros por MW, que es alrededor de un 60% inferior a la de los parques instalados en 2013 y 2014, ya con la Reforma Energética en vigor. Éste no es el único parámetro que se modifica respecto a la regulación aprobada hace menos de un año, en junio de 2014. El CAPEX (inversión inicial de capital) es un 20% inferior a la considerada entonces; los costes de explotación, un 21% menores; y las horas medias de funcionamiento de un parque eólico, un 52% superiores”.