La Asociación para la Transición Energética (ATE) ha presentado una serie de observaciones a la consulta pública sobre la revisión de la metodología de cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica, en el marco del próximo periodo regulatorio 2026-2031, entre las que destaca la necesidad de implementar reformas estructurales que garanticen un desarrollo eficiente y ágil de las redes eléctricas, imprescindibles para la transición energética.
En sus aportaciones, la asociación subraya que las redes de transporte y distribución de electricidad son la "piedra de toque" de la transición energética y digital, desempeñando un papel fundamental en la integración de las energías renovables y en la flexibilidad de la demanda. Sin un fortalecimiento de estas redes, advierte la organización, se corre el riesgo de retrasar la electrificación y frenar proyectos estratégicos de descarbonización en España.
Entre las principales observaciones realizadas por la asociación a esta consulta pública destacan:
Según el análisis presentado por la asociación, se estima que para cumplir con los objetivos de descarbonización establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), España necesita una inversión acumulada en redes y electrificación de más de 55.000 millones de euros hasta 2030; al tiempo que añade que sin una planificación ágil y un marco retributivo que incentive estas inversiones, el país podría perder oportunidades industriales y económicas clave.
Así las cosas, la Asociación para la Transición Energética destaca que nos encontramos en un momento crucial para sentar las bases de un modelo energético sostenible y competitivo; al tiempo que reitera su compromiso de colaborar con las autoridades y el sector privado para asegurar que las redes eléctricas estén a la altura de los desafíos del futuro.
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