La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y Protermosolar han exigido al Gobierno que garantice la igualdad de trato con los inversores extranjeros, que están amparados por la Carta de la Energía ante los arbitrajes internacionales.

En una carta enviada al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, las asociaciones de energía solar denuncian la discriminación que supone que el MINETUR no contemple la posibilidad de que se ganen los más de trescientos juicios abiertos en España contra la “reforma del sector eléctrico” y la ruptura de la seguridad jurídica con ella generada.

Según recientes declaraciones del propio secretario de Energía, el Gobierno considera que el impacto del no cumplimiento de los compromisos adquiridos con los inversores fotovoltaicos sería “muy pequeño en el peor escenario, pues ninguna empresa española puede arbitrar contra el Reino de España” en referencia a que la Carta de la Energía en base a la que las empresas internacionales están demandando a España solo puede ser esgrimida por los inversores internacionales y no por los nacionales.

Estas declaraciones implican que el MINETUR en sus cálculos contempla que los más de trescientos recursos en marcha actualmente en el Tribunal Supremo no serán ganados por los demandantes. Una predicción que, según denuncian las asociaciones que representan a la industria de energía solar, implicaría presumir, e incluso llegar a condicionar, el fallo de un órgano que ha de ser independiente como es el Tribunal Supremo.

Por otra parte, las asociaciones denuncian que Nadal está poniendo de manifiesto una grave falta de previsión en cuanto a los costes económicos de la reforma del sector eléctrico puesta en marcha de forma retroactiva, sin contar con el consenso del sector y sin aplicar el consejo de los órganos reguladores que se han manifestado en contra, como la CNE, la CNC, o la Defensora del Pueblo. Las asociaciones de energía solar exigen al Ministerio de Industria que muestre los estudios de impacto económico que han motivado estas sorprendentes declaraciones del Secretario de Estado, así como los distintos escenarios que se estuvieran contemplando, para dar transparencia a tan graves afirmaciones. Las asociaciones consideran inconcebible y contrario al derecho un escenario en el que el Estado español se viera obligado a indemnizar a fondos internacionales por los recortes retributivos a las renovables, mientras que las familias españolas, los propios nacionales, fueran sentenciadas a cargar con los mismos.