El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha aprobado un Real Decreto-ley con varias medidas de ámbito energético, como la rebaja del IVA desde el 21% hasta el 5% en los suministros del gas natural, pellets, briquetas y leña, con un ahorro para los consumidores de unos 210 millones de euros; la posibilidad de que la cogeneración abandone temporalmente su régimen retributivo regulado, de modo que se le aplique el Mecanismo Ibérico; o la creación de un nuevo servicio de respuesta activa de la demanda que aumentará la flexibilidad y la seguridad del sistema eléctrico.

La rebaja del IVA del 21% al 5%, tipo mínimo autorizado por la legislación comunitaria, beneficiará a todos los suministros de gas natural, incluidos los destinados a las calderas de las comunidades de vecinos. Hasta el 31 de diciembre de 2022 se aplicará el tipo reducido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, facilitando el acceso a este fundamental suministro ante la llegada del invierno y proporcionando un ahorro estimado de 190 millones a los consumidores.

La reducción impositiva también se aplicará a pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción, cuyos precios se han incrementado considerablemente con la cercanía del invierno. Proporcionará un ahorro estimado en 19,4 millones a los consumidores.

AVEBIOM ve necesaria esta medida, y reclama que sea permanente
Sobre esto, la Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM) cree muy necesaria la rebaja del IVA para los biocombustibles sólidos pellets, leña y briquetas al 5%, y reclama que se instaure de forma permanente. La Asociación ha solicitado en reiteradas ocasiones esta rebaja del impuesto en los últimos 15 años; la última vez este mismo mes de septiembre junto a otras asociaciones empresariales como APROPELLETS, ASEMFO, el Clúster de la Bioenergía de Cataluña y el Clúster de la Biomasa de Galicia, con el argumento de los beneficios social, económico y medioambiental que supone la medida para todos los españoles, sean o no consumidores directos de biomasa.

Según Javier Díaz, presidente de AVEBIOM, esta decisión “sin duda, animará a más ciudadanos a elegir la biomasa como forma de obtener energía renovable y sostenible en sus hogares y empresas”. Y añade que “la rebaja del IVA debería instaurarse de manera definitiva ya que la biomasa es una fuente de energía renovable propia que puede sustituir a combustibles importados reportando beneficios económicos a usuarios y empresas del sector y mejorando la balanza comercial del país”. 

Reactivación de la cogeneración
Las instalaciones de cogeneración utilizan un combustible (principalmente gas natural, pero también otros combustibles líquidos o biomasa) para producir simultáneamente electricidad y calor útil para los procesos industriales.

La situación de precios en los mercados energéticos ha provocado la parada de la producción de más de la mitad de la potencia instalada de cogeneración en España en el mes de agosto. Esto afecta muy negativamente a los sectores industriales más intensivos en calor, pero, además, supone una pérdida de eficiencia energética de la economía, ya que la energía que no produce la cogeneración es sustituida por otras soluciones técnicas –ciclos combinados y calderas de gas– que presentan un rendimiento energético global inferior.

Para solucionar este problema, las instalaciones de cogeneración podrán renunciar temporalmente a su régimen retributivo regulado, de modo que entren en el ámbito de aplicación del Mecanismo Ibérico y perciban el ajuste que cobran las centrales térmicas de gas. Esta renuncia, temporal, podrá solicitarse mientras el Mecanismo Ibérico esté vigente.

Una central de cogeneración produce calor y electricidad a la vez de un modo más eficiente que si se genera calor por un lado y electricidad por otro, obteniendo un ahorro de energía primaria que ronda el 10%. Por lo tanto, la vuelta a la operación de las centrales de cogeneración paradas aportará un ahorro que puede alcanzar el 1,2% de la demanda diaria de gas en el mejor escenario.

Esta medida se añade a otras aprobadas previamente para apoyar a la industria electrointensiva y gasintensiva, como la exención del 80% en el pago de los peajes, la maximización de la compensación por el coste del CO2 repercutido en la electricidad, los avales públicos para la firma de contratos de suministro de energía a largo plazo o los pagos directos a las empresas. En conjunto, las ayudas suman más de 1.000 millones este 2022.

Respuesta activa de la demanda
El RDL también crea un nuevo servicio de respuesta activa de la demanda que aumentará la flexibilidad y la seguridad del sistema eléctrico. Permitirá resolver, con la máxima eficacia técnica y el menor impacto medioambiental posible, las situaciones de desvíos importantes entre la generación y el consumo que se presenten en el periodo horario inmediatamente anterior al del suministro, o incluso en la propia hora de suministro. Este servicio podrá ser prestado por la demanda a cambio de ingresos económicos otorgados mediante subastas de periodicidad anual.

Red Eléctrica, en tanto que Operador del Sistema, gestionará el nuevo servicio y lanzará la subasta anual, en la que podrán participar todas las unidades de demanda –comercializadoras y consumidores directos– mayores de 1 MW. La primera subasta se celebrará muy próximamente, porque el nuevo servicio debe estar operativo antes del próximo 1 de noviembre, con vistas a la temporada invernal.

La normativa aprobada por el Consejo de Ministros incluye otras medidas que facilitarán el crecimiento de la generación renovable. Por ejemplo, establece nuevos criterios más flexibles para determinar la capacidad de las redes de transporte, que podrá variar en cuestión de meses, días y horas, respetando siempre los límites térmicos de la instalación. O agiliza y simplifica trámites administrativos para los proyectos de generación, como los relativos a la identificación de las empresas legal, económica y técnicamente capaces, o las consultas entre distintas administraciones públicas.