El secretario general de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN), Carlos Rojo, ha reclamado en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía que quede clarificada, sin margen de error y con certeza jurídica la regulación de las declaraciones y autorizaciones de impacto ambiental en la nueva Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), que se encuentra actualmente en proceso de modificación,  de manera que quede conjugada y sea viable la protección del medio ambiente con el desarrollo de proyectos de energías limpias  y sostenibles con la naturaleza.

La intervención de APREAN se produce tras la confusión y preocupación generada en el sector renovable andaluz por una interpretación errónea por parte de la Junta de Andalucía de la ley estatal 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental que ha llevado a impedir que los proyectos andaluces se beneficien de la moratoria de seis años que otorga el Gobierno central en la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental para hacer frente así a la paralización de inversiones que la crisis económica ha producido y minorar su impacto en los proyectos a largo plazo que se pusieron en su día en marcha. 

El secretario general de APREAN, que ha intervenido en calidad de miembro de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) junto al presidente del Consejo de  Medio Ambiente, Javier Loscertales, ha destacado el papel que las energías renovables ocupan en el conjunto del tejido industrial de Andalucía, “con más de 1.400 empresas que emplean a 44.000 personas,  6.115 megavatios instalados y 1.100 millones de euros de inversión”, y ha reclamado del Gobierno andaluz  “apoyo, coherencia y cohesión con uno de sus sectores económicos más productivos y modélicos internacionalmente”. 

 Carlos Rojo, que ha subrayado que a pesar de dichas cifras el sector  renovable andaluz ha sido uno de los más castigados “no sólo por la crisis económica sino por los vaivenes normativos de un Gobierno central que ha perseguido, con recortes económicos y con cambios en las normas legales, a las energías limpias”, ha demandado de la Administración andaluza que “clarifique y otorgue la seguridad jurídica que es necesaria para generar la confianza financiera, fiscal  y empresarial, esencial en la creación de inversión y de empleo”.    

Por todo ello, APREAN ha reclamado en el Parlamento andaluz que, en lo que respecta al proceso de modificación de la GICA,  se llegue a una solución definitiva de manera que la ley clarifique expresamente la vigencia de las autorizaciones ambientales (figura de autorización ambiental unificada en el caso de Andalucía) para el sector de las energías renovables  y reconozca la prolongación de la vigencia temporal de las declaraciones de impacto ambiental.