Ante las próximas subastas de energías renovables anunciadas por el Gobierno, las principales asociaciones empresariales del sector, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil han elaborado una propuesta, que han enviado al Ministerio de Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que establecen las normas básicas que deberían considerarse en la definición y el alcance de su funcionamiento.

Entre ellas, las organizaciones firmantes reclaman una periodicidad anual para las subastas como consecuencia de un proceso de planificación energética a medio y largo plazo a nivel nacional, en el que deberían estar definidos los objetivos de energía producida y el futuro reparto de tecnologías en base a la necesidad de cumplir los objetivos europeos y el Acuerdo de París.

Asimismo, el sistema de licitación deberá ser sencillo, competitivo y cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.

Las asociaciones exigen, además, que el producto subastado debe ser la energía que se compromete a generar el solicitante, y el criterio de elección será el precio ofertado por producir esa energía. Al adjudicarse cada oferta al precio con el que se ha licitado, se evitarán las distorsiones producidas por el diseño marginalista.

Por otro lado, la recuperación de la seguridad jurídica y la garantía de una retribución estable a las inversiones realizadas en proyectos anteriores son elementos imprescindibles para que se produzcan las condiciones adecuadas que garanticen el correcto desarrollo del sector.

Desarrollo y ejecución de los proyectos licitados
En lo que respecta a la ejecución de los proyectos una vez licitados, el sector pide que los mecanismos de apoyo sean flexibles, incluyéndose los contratos de adquisición de energía a largo plazo (PPA).

Además, solicitan que se incluyan complementos para apoyar las plantas de menor tamaño y que los proyectos promovidos por la ciudadanía tengan acceso a sistemas de apoyo a las energías renovables alternativos a las subastas. En la misma línea, se pone de manifiesto la necesidad de realizar convocatorias y licitaciones específicas para proyectos pequeños.

Asimismo, el sector propone que el periodo de oferta para los proyectos sea de 20 años, siendo flexible este número en función de la tecnología. Pasado ese tiempo, las plantas podrían acogerse a la última subasta realizada para esa tecnología por periodos mínimos de 5 años.

Los proyectos a licitar deben disponer de tramitaciones previas y avales como garantía de ejecución. Se podrán establecer penalizaciones graduales por incumplimiento de la fecha de puesta en marcha, salvo por motivos ajenos al promotor.