La posible medida, planteada por cinco Estados miembros, genera incertidumbre en el despliegue renovable pese al papel de la eólica en la contención de precios y seguridad energética.
El sector eólico ha manifestado su preocupación ante la propuesta de un nuevo impuesto al sector eléctrico trasladada por los ministros de Finanzas de Austria, Alemania, España, Portugal e Italia a la Comisión Europea, al considerar que podría afectar negativamente a las inversiones en energías renovables en un contexto de transición energética y reducción de dependencia exterior.
Desde la industria se advierte de que la introducción de nuevas cargas fiscales incrementaría el riesgo regulatorio y podría ralentizar el despliegue de tecnologías como la eólica, consideradas clave para sustituir generación fósil importada y reforzar la autonomía energética europea.
En el caso español, el sistema eléctrico presenta una baja exposición al gas en la formación de precios, apoyado en una elevada penetración de renovables autóctonas, que alcanzan el 65% del mix eléctrico, con la energía eólica aportando un 22% del total. Este contexto ha permitido una desvinculación parcial de los precios eléctricos respecto a los combustibles fósiles.
El precio medio del mercado mayorista (OMIE) se situó en 41,71 €/MWh, por debajo del precio del gas en MIBGAS (52,62 €/MWh), consolidando un diferencial que contrasta con otros mercados europeos donde la influencia del gas sigue siendo determinante. De haberse trasladado esa dependencia, el precio eléctrico habría superado los 100 €/MWh, según estimaciones del sector.
Asimismo, los consumidores acogidos a la tarifa regulada PVPC registraron un coste medio un 5% inferior al de 2019 y un 64% menor que en 2022, evidenciando el efecto de contención de precios asociado a la penetración renovable, especialmente de la eólica.
El sector subraya que la energía eólica constituye un mecanismo estructural de reducción de costes, con un ahorro estimado superior a 4.800 millones de euros anuales, equivalente a aproximadamente 20 €/MWh en el mercado mayorista. En este sentido, se insiste en que una mayor capacidad instalada contribuye directamente a reducir la volatilidad de precios y la exposición a mercados internacionales de combustibles fósiles.
No obstante, la industria alerta de que el desarrollo eólico ya enfrenta presión fiscal elevada, así como limitaciones asociadas a tramitación administrativa y restricciones territoriales en determinadas comunidades autónomas. La introducción de nuevos impuestos podría agravar estas barreras en un momento en el que se requiere acelerar la capacidad instalada.
Desde una perspectiva industrial, la eólica se posiciona como una tecnología estratégica para Europa, con una cadena de valor ampliamente localizada y capacidad de fabricación en múltiples segmentos. Su desarrollo no solo impacta en la descarbonización, sino también en la seguridad energética, el empleo y la competitividad industrial.
El sector insiste en la necesidad de priorizar mecanismos estructurales de electrificación y facilitar el despliegue renovable, evitando medidas que introduzcan incertidumbre. “Cuanta más eólica, menor exposición a los combustibles fósiles, mayor seguridad energética y mayor capacidad industrial”, señalan fuentes del sector, que reclaman un marco estable para acelerar inversiones.
