BALANCE 2015 / PERSPECTIVAS 2016: ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES JOSÉ DONOSO DIRECTOR GENERAL DE UNEF El año del impuesto al sol 2015 se cierra una legislatura que pasará a la historia como la de la «contrarreforma energética». En ella se ha instaurado la inseguridad jurídica y la retroactividad como principio, una situación muy grave para cualquier país y especialmente desastrosa para un sector regulado y estratégico como es el energético. La tecnología fotovoltaica se ha convertido en una de las fuentes de electricidad más competitivas. El carácter disruptivo de nuestra tecnología se va confirmando en los mercados internacionales, avanzando en paralelo a las nuevas formas de negocio en las que los ciudadanos son cada vez más protagonistas. Una tecnología que se asienta también en los mercados emergentes, con competitivos precios cada vez más bajos en subastas y concursos internacionales. Por todo ello, aunque todavía no tenemos datos oficiales sobre la potencia instalada en el presente año, se estima que probablemente se habrá establecido un nuevo record, superior a los 40 GW instalados en 2014. China en Asia y Reino Unido en Europa habrán sido, una vez más, los mercados más importantes en el año que termina. La apuesta por la energía fotovoltaica en la evolución de los modelos energéticos es una clara tendencia mundial. Sin embargo, lamentablemente, en nuestro país no batiremos records, probablemente se superen los 22 MW instalados el año anterior, pero no estimamos que sea por una cantidad muy superior. A la demostrada competitividad de la tecnología, hay que añadir las indudables ventajas medioambientales que aporta en comparación con las tecnologías fósiles tradicionales, como son su prácticamente nulo impacto ambiental, su flexibilidad y la capacidad de integración con el entorno. Ventajas importantes en el año de la Conferencia de París sobre el Cambio Climático. El papel que puede jugar para la consecución de los objetivos establecidos será clave. En este marco de la COP21 de París, se ha lanzado una iniciativa promovida por India de crear una alianza global de Estados para la impulsar la tecnología fotovoltaica. Una propuesta a la que se han sumado 120 países, entre los que no está España. También en el mismo marco se ha anunciado otra iniciativa interesante para la energía fotovoltaica, la llamada “misión innovación” en la 21 países desde Francia o Chile a EE UU o Corea, se han comprometido acelerar la revolución de la energía limpia, doblando las inversiones gubernamentales en innovación en este tipo de energías, incrementando la colaboración público-privada y fomentando la transferencia de conocimiento tecnológico. España tampoco está entre los firmantes. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Este año se cierra una legislatura que pasará a la historia como la de la “contrarreforma energética”. En ella se ha instaurado la inseguridad jurídica y la retroactividad como principio, una situación muy grave para cualquier país y especialmente desastrosa para un sector regulado y estratégico como es el energético. A esta inseguridad jurídica, se ha sumado la amenaza de una regulación de autoconsumo desfavorable, una amenaza que finalmente se ha convertido en realidad a pesar de que las críticas a la misma han venido de todos los flancos. La paralización de uno de los sectores industriales más prometedores de España se debe a la cerrazón de un Gobierno que, sin causas económicas ni estratégicas que lo justifiquen, se ha opuesto no sólo a las empresas relacionadas directamente con la fotovoltaica, sino a instituciones como la Defensora del Pueblo, la oposición en bloque, organismos reguladores, sindicatos, consumidores y a miles de ciudadanos que han firmado en contra de un ‘impuesto al sol’, que finalmente acaba de ver la luz. Impuesto naturalmente de aplicación retroactiva a las instalaciones ya realizadas. Este ‘impuesto al sol’ se ha querido justificar con una pretendida insolidaridad de los autoconsumidores con el resto de los consumidores. La realidad es, sin embargo, que el autoconsumo solo supondría una reducción máxima de 12 millones de euros al año, lo que no supone ninguna amenaza de insostenibilidad para un sector que factura más de 18.000 millones solo para los peajes. 86 energética XXI · Nº 154 · DIC15
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