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Qué necesita España para convertirse en la reina europea del almacenamiento energético España encara un despliegue masivo de baterías, pero necesita marcos retributivos estables, un mercado de capacidad operativo y ‘permitting’ ágil para convertir cartera en activos financiables. JESÚS LA PARRA BESS AND NEWTECHNOLOGIES DEPUTY DIRECTOR DE SOLARIG E spaña vive uno de los momentos más decisivos de su transición energéti- ca. Nunca antes había contado con una base renovable tan sólida ni con una capacidad de generación tan competitiva, y, sin embargo, el sistema empieza a mos- trar síntomas claros de estrés. Precios cero y negativos cada vez más frecuentes, vertidos crecientes y una volatilidad que erosiona la rentabilidad de los activos y evidencian una realidad incuestionable: generar energía limpia ya no es suficiente, necesitamos ges- tionarla. En este nuevo contexto, el almace- namiento energético ha dejado de ser una tecnología complementaria para convertirse en una infraestructura crítica. La cuestión ya no es si España necesita baterías, sino qué condiciones debe crear para transformar su enorme potencial en proyectos reales, renta- bles, financiables y operativos, y así liderar el almacenamiento energético en Europa. A escala global, la carrera del almacena- miento ya ha comenzado. Países como Esta- dos Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia o Chile han entendido que el despliegue ma- sivo de renovables solo es viable si se acom- paña de soluciones de flexibilidad capaces de absorber excedentes, desplazar energía en el tiempo y aportar estabilidad al sistema. En estos países, el debate ya no gira en tor- no a la tecnología, sino en torno a la capa- cidad de estructurar proyectos con ingresos claros, cerrar financiación y transferir activos a inversores con visibilidad a largo plazo. El capital internacional fluye hacia aquellos en- tornos donde el marco regulatorio reduce la incertidumbre y permite ejecutar proyectos con plazos y retornos previsibles. España compite directamente con estos países por ese mismo capital. Desde el punto de vista del desarrollo, España parte de una posición privilegiada. Nuestro país es hoy uno de los mayores polos de proyectos BESS en desarrollo del mundo, con centenares de iniciativas en distintas fases de tramitación alineadas con el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de alcanzar un total de 22,5 GW de almacenamiento en 2030. Sin embargo, esta gran cartera en desarrollo no equivale automáticamente a liderazgo real. Para quienes trabajamos en el sector, la di- ferencia entre un proyecto anunciado y uno que alcanza construcción y cierre financiero es determinante. El riesgo actual no es la falta de ambición, sino la acumulación de proyectos en un embudo administrativo y regulatorio que amenaza con frenar su ma- terialización efectiva, así como la ausencia de marcos retributivos adecuados y equiva- lentes a los de otros países europeos. El ‘permiting’ va un paso por detrás de la tecnología El principal freno al almacenamiento en Es- paña no es tecnológico. Las baterías han al- canzado un grado de madurez elevado, con costes en descenso y soluciones industriales estandarizadas. El verdadero desafío está en el marco regulatorio y retributivo. Hoy, la financiación de los proyectos de baterías suele exigir contratos de tolling (alquiler de capacidad) con ingresos asegurados durante 5 a 10 años que laminan su potencial. Y en el hipotético caso de proyectos con ingresos 100% merchant, los ingresos asociados al arbitraje horario y a los servicios auxiliares no suelen ser suficientes para alcanzar una rentabilidad suficiente y equivalente a la de otros países europeos. En este contexto, la necesidad de un mercado de capacidad plenamente operativo es acuciante para dar certidumbre estructural a los flujos de ingresos. Desde la perspectiva del desarro- llo y la financiación, esta falta de visibilidad complica la bancabilidad de los proyectos y limita su capacidad para atraer inversión a largo plazo. A ello se suma un tratamien- to regulatorio que, en muchos casos, sigue equiparando a las baterías con tecnologías de generación convencional, sin reconocer y remunerar plenamente su valor sistémico. El tiempo se ha convertido, además, en un factor crítico. Un proyecto que se dilata dema- siado en su tramitación deja de ser competiti- vo. En un entorno de inflación elevada y coste de capital exigente, los retrasos administrati- vos erosionan la rentabilidad esperada y au- mentan el riesgo percibido por financiadores e inversores. La saturación de los nudos de acceso y conexión, la disparidad de criterios entre comunidades autónomas y la ausencia de vías rápidas específicas para el almacena- miento contrastan con la velocidad a la que avanza el despliegue renovable. No es casual que la Comisión Europea haya instado recien- almacenamiento 22 ENERGÉTICA XXI · 253 · ENE/FEB 26 C M Y CM MY CY CMY K