Energética 249. Septiembre 2025

Retos regulatorios en el ámbito fotovoltaico: un enfoque multiactor para la transición energética en España La energía fotovoltaica constituye un pilar estratégico en la transición energética española. No obstante, su despliegue afronta barreras regulatorias que afectan a todos los agentes del sistema eléctrico, comprometiendo la eficiencia, estabilidad y sostenibilidad del sector. Este artículo analiza los principales desafíos normativos. CLARA CASTAÑEDA MANAGER DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE CREARA L a tecnología fotovoltaica ha experi- mentado un crecimiento sostenido en España, impulsada por los obje- tivos del PNIEC y el marco europeo de des- carbonización. Sin embargo, persisten obs- táculos normativos que limitan su desarrollo entre los que destacan el acceso a la red, la tramitación administrativa, la integración de almacenamiento y la ausencia de mecanis- mos retributivos adecuados. El Real Decreto-ley 23/2020 introdujo una estructura normativa orientada a evitar la es- peculación en el acceso a la red, establecien- do hitos administrativos obligatorios para conservar los permisos de conexión. La no consecución de estos hitos —como la obten- ción de la declaración de impacto ambien- tal o el inicio de construcción— conlleva la pérdida automática del punto de conexión y la ejecución de las garantías económicas depositadas. Aunque esta medida ha contri- buido a ordenar el sistema, ha generado un entorno de alta exposición financiera para los promotores, especialmente cuando los retrasos son ajenos a su gestión. A ello se suma la fragmentación competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, así como la falta de coordinación interinsti- tucional, que ha derivado en duplicidades, cambios de órgano sustantivo y reinicios de trámites. Los concursos de capacidad, concebidos como mecanismo para adjudicar acceso en nudos saturados, no cuentan con una regu- lación definitiva. La falta de plazos definidos, criterios técnicos claros y garantías de esta- bilidad normativa dificulta la planificación y el desarrollo de nuevos proyectos, generan- do incertidumbre e inseguridad jurídica en- tre promotores e inversores. La saturación de nudos, la escasa transpa- rencia en la publicación de capacidad dispo- nible y la ausencia de concursos plenamen- te operativos han convertido el acceso a la red en un cuello de botella estructural. Esta situación no solo impacta a los promotores de proyectos fotovoltaicos, sino también a los de proyectos hibridados y de alma- cenamiento. La normativa actual presenta dificultades relevantes en la hibridación de instalaciones existentes, que suele requerir una nueva tramitación completa, incluyendo evaluación ambiental, modificación de per- misos y redefinición del punto de conexión. Esta exigencia añade complejidad, costes y retrasos, desincentivando la optimización de activos existentes. En el ámbito del almacenamiento, aunque está reconocido jurídicamente como ge- neración cuando vierte energía a la red, su despliegue sigue limitado por la falta de me- canismos retributivos específicos que remu- neren servicios de flexibilidad, capacidad o arbitraje. Esta carencia impide su integración efectiva en el sistema eléctrico y restringe su contribución a la estabilidad y eficiencia operativa. Los operadores del sistema, como Red Eléctrica de España, se ven condicionados por la ausencia de regulación técnica adap- tada a la nueva configuración del sistema eléctrico. La integración de generación dis- tribuida, almacenamiento y autoconsumo requiere herramientas normativas que per- mitan gestionar la estabilidad de tensión, el control de frecuencia y la planificación de red. Las distribuidoras, por su parte, sopor- tan una sobrecarga administrativa derivada del volumen creciente de solicitudes de ac- ceso y conexión, agravada por la falta de digi- talización y la obsolescencia de la normativa técnica. Las comercializadoras también se ven limi- tadas por la volatilidad del mercado margi- nalista, que no refleja adecuadamente los costes reales de las tecnologías renovables. La ausencia de productos regulados para au- toconsumo compartido, almacenamiento o servicios energéticos avanzados restringe su capacidad de innovación y de adaptación al nuevo modelo energético. Por otro lado, los consumidores organiza- dos, como las comunidades energéticas, si bien ya están reconocidas jurídicamente en España, aún enfrentan obstáculos normati- vos que dificultan el intercambio de energía entre puntos de consumo, el acceso a incen- tivos adaptados a modelos colectivos y la operativa con seguridad y estabilidad. Ade- más, el diseño tarifario actual no favorece la eficiencia ni la participación activa de estos modelos en el sistema eléctrico. Finalmente, los inversores y financiado- res se enfrentan a un entorno de alta in- certidumbre regulatoria. La ejecución de garantías por causas ajenas al promotor, la falta de predictibilidad en los ingresos futu- ros —especialmente en proyectos híbridos o con almacenamiento— y los cambios nor- mativos sin periodo transitorio dificultan la estructuración financiera y comprometen la bancabilidad de los proyectos. Ante este panorama, resulta imprescindi- ble una revisión profunda del marco regula- torio. Es necesario acelerar el desarrollo con criterios técnicos claros, establecer unmarco retributivo para el almacenamiento, armoni- zar la normativa entre administraciones y fa- cilitar la operativa de las comunidades ener- géticas. Solo mediante una regulación ágil, coherente y bien coordinada se podrá ga- rantizar un despliegue fotovoltaico eficiente, justo y alineado con los objetivos climáticos nacionales y europeos ◉ solar fotovoltaica 44 ENERGÉTICA XXI · 249 · SEP 25