Energetica. Edición de diciembre 2020

BALANCE 2020 Y PERSPECTIVAS 2021 cambio de paradigma renovable a pesar de sus externalidades negativas. Los errores del pasado han de servirnos para un diseño sólido del sistema eléctrico que vamos legar a nuestro hijos, puesto que los errores o los aciertos en estos sec- tores estratégicos se proyectan a más de una década. Las burbujas o disfunciones del nuevo marco podrían ser una pesada carga para los futuros usuarios y dañar el propio sistema eléctrico, que ha sido capaz de ofrecer suministro de manera universal hasta en la aldea más recóndita de nues- tra geografía, es la única red que garantiza que se pueda combatir la pobreza energé- tica y ha sido el garante de que el nuevo modelo energético pueda ser una realidad. Uno de los grandes objetivos de la Unión Europea es situar a la ciudadanía en el centro de esta transición energética, para lo cual, los Estados miembros otorgan a los consumidores el derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía. Debe acotarse con precisión el concepto para no encontrarnos con reme- dos de comunidades energéticas locales que, en la práctica, sean estructuras em- presariales que busquen hacer negocio, las comunidades energéticas locales no deben ser un fin en sí mismo para captar una rentabilidad financiera, sino que han de procurar un beneficio directo para sus miembros y para sus territorios. En cualquier caso, tal y como exige la Unión Europea, es prioritaria la sostenibili- dad del sistema eléctrico, garante universal del suministro eléctrico y red solidaria para combatir la pobreza energética. El sistema eléctrico, una vez neutralizadas todas las distorsiones a las que ha sido sometido, es un mecanismo universal y social, que debe ser bien gestionado en beneficio del conjunto de los ciudadanos y, en especial, de aquellos que no cuentan con recursos para participar en iniciativas privadas de ge- neración. La normativa europea, conscien- te de ello, exige a los Estados que en sus trasposiciones normativas garanticen que los nuevos actores contribuyan de manera adecuada y equilibrada al reparto general de los costes del sistema. Solo así se podrán alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía europea, que tiende a una integración solidaria de los sistemas. Por otra parte, la seguridad jurídica se garantiza cuando los pilares normativos son sólidos. En España, una docena de vaivenes legislativos han dejado desprote- gidos y con daños todavía no reparados a ciudadanos que se introdujeron en el mun- do energético. Este año también se cumple un tristí- simo aniversario, en la Navidad de 2010 ocurrió un hecho sin precedentes, se pro- dujo un recorte retroactivo severo para las 60.000 familias fotovoltaicas españolas que, tan solo dos años antes, atendien- do un llamamiento del Estado, pusieron los cimientos de un futuro -que ahora es presente- en el que fuera posible, como efectivamente es, captar energía de los fotones del sol, y que ésta resultara modulable, limpia, barata y autóctona. Nunca en la historia del sector eléctrico se había quebrado la legalidad de forma retroactiva, más bien todo lo contrario, hemos asistido a medidas excesivamente garantistas de inversiones que no habían sido pedidas por el Estado pero que al resultar ruinosas para las empresas del sector, contaron con el recate de los di- neros públicos. En esta ocasión se trataba de inversiones pedidas por el Estado para alcanzar un fin que se ha logrado en tiem- po record. Tras ese primer recorte retroac- tivo de hace una década, se sucedieron nueve más, con lo que nuestro colectivo colapso y fue preciso refinanciar nuestras instalaciones para no perderlas junto con nuestros hogares, que avalaban estos proyectos. Nosotros, los productores fotovoltaicos, hemos cumplido con nuestro compromi- so, hemos legado la llave sin la cual no era posible emprender la transición energética ni, por ende, evitar los peores efectos del cambio climático sin renunciar al progreso y a la prosperidad. Nuestro esfuerzo ha con- tribuido a bajar en un 90% los costes de instalación de la fotovoltaica. Recientemen- te, hemos evitado un recorte adicional, que habría supuesto volver a refinanciar y ver como la vida se nos iba en pagar las men- sualidades a la banca durante 20 años sin recibir retorno alguno. El Real Decreto Ley que evitó esa infamia no contó ni con un solo voto en contra de ningún grupo par- lamentario, lo que da una idea de la nece- sidad moral iniciar el camino de reparación para este colectivo; pero que aún está pen- diente de ser resuelto, al menos, parte del daño, más allá de evitar nuevas regresiones. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Uni- das Podemos contempla esta urgencia, y no habrá partido político que no lo considere de justicia, solo así podremos decir que la transición energética ha sido justa. Nos gustaría que al año que vamos a ini- ciar sea un año de recuperación de la salud pública, de recuperación de la economía y del empleo, y de recuperación de la se- guridad jurídica que hace ahora diez años se le arrebató a este valiente colectivo de 60.000 familias para que el año que vie- ne podamos decir que el 2021 fue un año maravilloso, un ‘Annus mirabilis’ Un parque social de Anpier de 2 MW en Yecla (Murcia), propiedad de 100 familias. 85 energética XXI · 192 · DIC 19