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En la transición energética, la energía solar fotovoltaica se ha posicionado como una de las principales fuentes de energía renovable para alcanzar los ambiciosos objetivos de descarbonización.

Mirando objetivamente los datos, la instalación de nueva capacidad fotovoltaica avanza a buen ritmo. Actualmente la capacidad instalada asciende a cerca de 28 GW que junto con más de 7 GW de autoconsumo supera ya los 35 GW. El borrador de actualización del PNIEC fija un objetivo de 76 GW en 2030 para la fotovoltaica. Este objetivo supone un ritmo de instalación de 6.5 GW cada año y, aunque pueda parecer ambicioso, llevamos dos años consecutivos superándolo de largo. Sin embargo, ¿podrá el sistema eléctrico y el mercado aguantar este ritmo de incremento de capacidad?

Esta primavera hemos visto cómo el mercado eléctrico ibérico se ha hundido con las energías renovables al alza y la demanda a la baja. El principal obstáculo para el crecimiento de la fotovoltaica ahora mismo parece que es la demanda más que la regulación.

Aun así, los desafíos regulatorios son importantes. Todos coincidiremos en que el proceso de autorización para nuevas instalaciones fotovoltaicas se ha convertido en un cuello de botella. Nos hemos acostumbrado a que la administración conceda permisos y autorizaciones en bloque en el último momento, justo antes de las fechas límite para cumplir los hitos de tramitación y que los proyectos no pierdan los derechos de acceso y conexión. El problema de las trabas burocráticas es que, no solamente retrasan la construcción de nuevas plantas, sino que, además, desincentivan las inversiones y, si queremos lograr con éxito la transición energética, no nos podemos permitir perder inversiones.

La obtención de declaraciones de impacto ambiental, de permisos y de autorizaciones son pasos necesarios. Hay que garantizar que los proyectos respeten y se integren en su entorno tanto natural como social. Pero también es necesario que estos trámites se simplifiquen, sin rebajar estándares, para alinearlos con los objetivos de capacidad instalada de energías renovables.

Otro desafío crítico que la expansión masiva de la energía fotovoltaica plantea es cómo las redes eléctricas serán capaces de gestionar la intermitencia, el volumen y la distribución geográfica de la generación renovable. La capacidad de las redes para absorber grandes volúmenes de generación distribuida y su flexibilidad para responder a las variaciones en la producción son esenciales para el éxito de la transición energética.

Ahí jugarán un papel clave los sistemas de almacenamiento de energía. La regulación debe permitir un modelo de negocio rentable para las baterías, ya sean instalaciones standalone como en plantas híbridas con fotovoltaica o eólica. Más allá de los ingresos provenientes del arbitraje de precios en los mercados diario e intradiarios y de la participación en los servicios de ajuste, las instalaciones de almacenamiento de energía necesitan de los ingresos del prometido mercado de capacidad. Un mercado de capacidad que remunere la capacidad firme que estas instalaciones proporcionan al sistema eléctrico y, por qué no, algún otro mecanismo de mercado que remunere la flexibilidad que aportan, permitiendo gestionar tanto excedentes como déficits de energía.

Más allá de la necesidad de disponer de la suficiente capacidad para almacenar energía, ya sea conectada directamente al sistema eléctrico como in situ en plantas de energía fotovoltaica, la propia red física de transporte y distribución de electricidad debe de estar preparada para el volumen y la intermitencia de la energía solar fotovoltaica. La inversión en la modernización de la infraestructura de transporte y distribución de electricidad es fundamental para lograr alcanzar los objetivos climáticos. La regulación debe incentivar la inversión en vez de limitarla.

En este aspecto de las inversiones en redes, la Unión Europea debe apostar más, con más esfuerzo y con más capital, en la ampliación de la capacidad de interconexión entre los países europeos. Los proyectos de interconexión no deben ser analizados como un asunto de coste-beneficio entre dos países, si no como una cuestión de la necesidad de alcanzar unos objetivos a nivel europeo de integración de las energías renovables y la reducción de las emisiones.

Para acabar con un sentimiento optimista es importante recordar que estamos en la senda correcta, que si la demanda crece como se espera los objetivos son alcanzables y que los cambios van en la dirección correcta.