Luis Puchades, videpresidente de AEBIG

Termina un año interesante en el sector del biogás y el biometano en España, realmente pródigo en anuncios de nuevos proyectos, que a su vez ha mostrado ya algunas realidades que se pueden ver ya operando. La sensación general es que tenemos un futuro prometedor: los proyectos se anuncian por decenas, y grandes grupos energéticos, financieros y de servicios se han lanzado a la carrera por promover proyectos de gas renovable. Las grandes ingenierías y consultoras de este país se mantienen a la altura del reto y se diseñan proyectos con la mejor tecnología nacional y europea que han de ser grandes éxitos técnicos.  

La constatación de que el hidrógeno podría ser una realidad pero no a corto plazo, ha dejado al biometano como el único de los gases renovables que está maduro tecnológicamente y donde hay un mercado dispuesto a comprarlo. A su vez, la continuación de la guerra de Ucrania y la aparición de nuevos conflictos internacionales nos muestran la necesidad de generar nuestras propias fuentes de energía.

A su vez, el año 2023 ha batido todos los registros de temperaturas, como macabro recordatorio del proceso de cambio climático que vive el planeta.

Todo parece bueno para los proyectos de biogás, pero cuando analizamos la realidad normativa más de cerca, puede dar la sensación de que estamos ante un desarrollo desordenado. En muchas cuestiones y sobre todo en concreción normativa y en apoyo del sector público al desarrollo del biometano, seguimos a la cola de Europa.

Hablemos de los aspectos más positivos, que los hay. Diversos proyectos de gas renovable se han completado y están comenzando a inyectar en la red nacional de gas. Plantas como Ólvega en Soria, Galivi en Murcia o La Galera en Tarragona, se han sumado a los proyectos existentes como Vila-Sana, Bens, Elena, UNUE, Alhendín, Torre Santa María o Valdemingómez. Un interesante proyecto de bioGNL se ha construido en As Somozas. También se han puesto en marcha proyectos de biogás como los de Peñarroya, Carmona, Belinchón o Valderrobres. Otros proyectos representativos del futuro del gas renovable han sido Can Mata en un vertedero o Granollers-Besòs en una EDAR. Y no pocos proyectos se encuentran en construcción, habiendo casos notables como el de Montes de Toledo, COVAP o Llutxent, entre muchos otros.

Existe mucho camino por recorrer todavía, puesto que el revisado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, actualmente en revisión, marca un objetivo de 20 TWh de producción de biogás en 2030 que equivaldría al 5,3% de la demanda estimada (378 TWh/año) mientras que el objetivo europeo marcado por el RePowerEU se sitúa entorno al 10%. (equivalente a menos de un 1% de biometano equivalente inyectado en red).

Otro de los hitos del 2023 ha sido la puesta en marcha de la plataforma del sistema de garantías de origen para los gases renovables, gestionada por Enagás GTS, que permite, desde marzo, expedir y transferir garantías a aquellas instalaciones que estén registradas.

Hasta aquí las noticias positivas. No obstante, los problemas históricos del biogás en España siguen completamente vigentes, a los que hay que añadir alguno más:

• No existe un sistema de incentivos claro y convincente al biogás o al biometano del tipo feed-in-tariff o feed-in-premium, a diferencia de la práctica totalidad de países europeos. 
• Los proyectos son totalmente dependientes de unos contratos de venta de biometano que en la actualidad son atractivos (esto no es algo necesariamente malo), pero que si las condiciones de mercado cambian, muchos proyectos de gas renovable actualmente viables pueden dejar de serlo.
• Al ir los proyectos a mercado puro, se incentivan los proyectos de mayor tamaño y que a su vez suelen tener una mayor contestación social. Los proyectos de gran tamaño no son necesariamente malos, pero también debe existir un hueco para los proyectos de mediano y pequeño tamaño y el autoconsumo
• Los procesos de tramitación siguen siendo largos y complejos, generando incertidumbres a los promotores de estas plantas  
• La conexión con la infraestructura gasista es un procedimiento complejo y muy caro para muchos proyectos, además de que no hay un procedimiento claro para los promotores
• Una indefinición extrema de los criterios de gestión de los digeridos, en muchas ocasiones distintos según cada comunidad autónoma. El Real Decreto 1051/2022 por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios no termina de resolver estas incertidumbres. A su vez, existen muchas dudas al respecto de la posibilidad de producir fertilizantes comercializables en toda Europa a partir de ciertas materias primas habituales en el sector del biogás, como son los lodos de la industria agroalimentaria, entre otros. 

A estas cuestiones se añaden nuevos problemas derivados del sector:

• Se está creando una contestación social creciente a los proyectos, liderada en muchos casos por organizaciones ecologistas y otras asociaciones locales, que está poniendo en jaque a muchas iniciativas. Existen casos de proyectos cuyo desarrollo es mejorable, pero también hay muchos otros proyectos injustamente atacados. Se hace necesaria una mejor colaboración entre la administración, los promotores y los agentes medioambientales.
• Se está dando la sensación a los generadores de residuos que tienen “oro”, y en ocasiones se está ofreciendo pagar por residuos agroalimentarios o estiércoles una cantidad totalmente fuera de mercado, en procesos encaminados por muchos desarrolladores a “dar un pelotazo” de venta de los proyectos a grupos mayores. Esto va en contra del principio básico de “quien contamina paga”, y lo que es peor, está generando una burbuja de proyectos en manos de desarrolladores que no siempre son serios ni tienen el conocimiento necesario para llevar adelante este tipo de proyectos
• La PAC vigente para el periodo 2023-2027, basada en el modelo de aplicación de 9 eco regímenes (EERR), no contempla en ningún momento un cobro de ayuda por la utilización de fertilizantes orgánicos o compost de ningún tipo. Tampoco se cita o especifica la utilización de digerido proveniente de la producción de biogás, ni asociado a una ayuda o subvención, ni de forma colateral. Por tanto, para el caso de la aplicación del digerido, como material fertilizante, abono orgánico o compost, en referencia a los eco regímenes (EERR) de la PAC del periodo 2023-2027, no se puede contar, en este sentido, con una “ventaja” competitiva para poder ofrecer al agricultor.

Estos problemas no se habrían dado en gran medida si España hubiera tenido una política estable para este sector y un marco definido de apoyo al biogás que hubiera permitido un crecimiento natural y ordenado del sector.

Es una buena noticia que haya tantas iniciativas en marcha en la actualidad, tratándose de un sector que tiene que acabar imponiéndose porque es bueno para el medio ambiente, para el desarrollo rural, la gestión de residuos, la producción de biofertilizantes, la descarbonización y la independencia energética.

Pero si no se mejora el marco global del biogás (respecto a la energía, la tramitación o los digeridos, entre otros), se corre el riesgo que muchas iniciativas y desarrollos no terminen como debieran, y se de la sensación que se ha creado un gigante con los pies de barro.