Es imprescindible que las plantas de valorización energética sean identificadas como oportunidad de generación de energía limpia y queden integradas en el desarrollo de un sistema de infraestructuras de energía local limpia para 2035.
La reciente celebración del Black Friday de este año cumplió las expectativas previstas y las ventas volvieron a crecer por encima de las registradas antes de la pandemia, a pesar del nuevo aumento de contagios, y de los problemas en las cadenas de suministro que han tenido en vilo a comerciantes y consumidores.
Del mismo modo en los días posteriores a la celebración de esta gran fiesta del consumo, los contenedores de basura de las ciudades volvieron a llenarse, como cada año, de una gran cantidad de residuos que, en su mayor parte, acabaron en los vertederos.
La sociedad empieza a ser cada vez más consciente de los retos que plantea este modelo económico, basado en un uso intensivo de recursos naturales y la utilización de materiales de un solo uso, con importantes consecuencias para el planeta. Por ello, la Unión Europea aprobó, en marzo de 2020, un nuevo plan de acción de Economía Circular. Asimismo, y a nivel nacional, en julio de ese mismo año el gobierno aprobó también la Estrategia Española de Economía Circular, que marca una serie de objetivos a alcanzar en 2030, entre los que se incluye reducir la generación de residuos en un 15% respecto a 2010 y reducir también la generación de residuos en toda la cadena alimentaria.
A esta estrategia vendrá a sumarse, previsiblemente antes de que acabe este año, o a principios de 2022, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que tiene como objetivo sentar los principios de la economía circular y en cuyo espíritu sobresale la voluntad de una reducción al máximo posible de los vertederos.
Para ello, la nueva Ley contempla medidas específicas como las restricciones a los plásticos de un solo uso, la prohibición de la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, tales como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, entre otros, o la implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización.
Además, la nueva Ley también establece estímulos económicos para promover el uso de productos reutilizables y reparables y de materiales fácilmente reciclables, así como para desincentivar la eliminación de residuos a través de su envío al vertedero.
Dentro de este marco, que pretende reducir progresivamente la generación de residuos, la valorización energética se perfila como la opción más beneficiosa para aquellos restos que no se pueden reciclar. Para ello, es imprescindible que las plantas de valorización energética sean identificadas por los distintos estamentos políticos y, por ende, por la sociedad como oportunidad de generación de energía limpia y queden integradas en el desarrollo de un sistema de infraestructuras de energía local limpia para 2035.
Esta fórmula de aprovechamiento, consistente en la conversión en energía de aquellos residuos que no pueden ser reciclados, ya sea en forma de electricidad, vapor o agua caliente, permite reducir en un 90% el volumen de los restos que termina en los vertederos y está ampliamente implantado en otros países europeos con mayor tradición medioambiental.
Sin embargo, en España, el principal sistema de gestión de los residuos urbanos continúa siendo todavía su eliminación directa en vertederos, donde se envía un 53,4% (11,8 millones de toneladas) de los residuos urbanos generados, que acaban siendo responsables del 4% de las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de nuestro país.
Todo ello, a pesar de que según todos los estudios que se vienen realizando desde el panel del IPCC, del Ministerio alemán de medio ambiente, de la ONU o de distintas consultoras independientes, la valorización energética reduce en 2,5 veces los gases de efecto invernadero que genera ese mismo residuo en un vertedero.
Las 12 plantas de valorización energética que forman parte de Aeversu tratan, de media, unas 2.300.00 toneladas de residuos no reciclables, con lo que producen, aproximadamente, 1.600.000 MWh de energía, evitando así la emisión a la atmósfera de 224 Kg CO2e por tonelada de residuo urbano que se habría producido en el caso de que esos residuos hubieran acabado en vertederos.
Por todas estas razones, desde la Asociación nos ponemos al servicio de los distintos actores de la Administración española para desbloquear el desarrollo de nuevas instalaciones, y por la promoción de políticas que favorezcan la integración de este tipo de infraestructuras en las redes locales de calefacción y electricidad, como parte esencial de su estrategia de economía circular y lucha contra el cambio climático y ayudar al cumplimiento de los objetivos medioambientales alcanzados.
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