BALANCE 2015 / PERSPECTIVAS 2016: ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES de energía limpia a precios reducidos, que serán exiguos en los próximos años. La legitimidad medioambiental, social y económica de los sistemas de primas a las renovables no se ha cuestionado en ningún lugar de Europa, porque resulta evidente. Ahora que las familias fotovoltaicas habían derribado las barreras tecnológicas para entrar a producir energía, el Gobierno de Rajoy ha impuesto drásticos recortes retroactivos a 62.000 familias españolas cuyo pecado fue acatar lo propuesto en un BOE y destinar sus ahorros a desarrollar y producir energía limpia a cambio de un retorno, fijado por un Real Decreto, que les permitiera pagar al banco los préstamos, avalados por sus hogares, y lograr una rentabilidad razonable real una vez lograda la madurez del proyecto ético-empresarial. Sin entrar a desgranar los hitos normativos que han destruido el tejido renovable español, durante estos últimos cuatro años hemos asistido a la estigmatización y linchamiento público de las renovables y la fotovoltaica en España, a las que se responsabiliza de todas las deficiencias de un escandaloso sistema eléctrico, cuyas vergüenzas ya no es posible ocultar por más tiempo. Las renovables no sólo han servido de chivo expiatorio de las irregularidades normativas, sino que, además, con los recortes retroactivos impuestos, se expulsa del sistema a este nuevo modelo de productor, pequeña empresa y ciudadano, y se disuade a otros potenciales competidores en favor de aquellos que, por algún motivo, se pudieran considerar a salvo de los vaivenes regulatorios que descabalgan del sector a quienes pretenden impulsar una nueva manera de producir y distribuir la energía. Una legislatura que se ha saldado, además, con 27 pleitos, lo que nos convierte en el país del mundo con más demandas ante cortes internacionales de arbitraje por infracciones de la Carta de la Energía, superando a Venezuela y a Argentina. Un hito vergonzante, que hace evidente que el Ejecutivo saliente algo ha debido hacer muy mal y que la única solución para restablecer la confianza y la justicia es rectificar, tarea que ya lo atañe a los que han decidido mantenella y no enmendalla. La mentira, ni siquiera repetida hasta la saciedad desde las más altas instancias y avalada por destacados corifeos de la opinión publicada, se torna en verdad. Es labor del nuevo Gobierno recuperar para la sociedad un nuevo modelo energético que arrope al auténtico interés general, sea transparente y renovable. El Ejecutivo entrante se enfrenta al reto de impulsar una verdadera política de Estado, consensuada con la sociedad civil, el sector y los territorios, que dé paso a un sistema eléctrico asequible, que aporte competitividad y bienestar. Es un imperativo moral emprender una auditoría de los costes del Sistema, para que se conozcan los costes de producción reales de cada una de las tecnologías de generación, porque un recurso esencial no puede comercializarse como si de un artículo de lujo se tratara, la pobreza energética es un insulto para nuestra democracia. Por supuesto que derogar las normas retroactivas injustas que ha legado el último Gobierno es imprescindible para hacer justicia con las 62.000 familias fotovoltaicas españolas que han hecho posible que podamos construir un nuevo modelo energético, porque sólo así abandonaremos el oprobio que hemos soportado para caminar por la senda de la esperanza. El impuesto al sol será otra barrera a superar por el nuevo Ejecutivo. Anpier, junto a otras asociaciones, interpuso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, diversos recursos contenciosos administrativos contra el Real Decreto 900/2015, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción por autoconsumo. El impuesto al sol limita radicalmente la implantación del autoconsumo de energía eléctrica, vulnera la Constitución Española, puesto que la aplicación de peajes al autoconsumo supone una arbitrariedad con respecto a otras tecnologías que también autoconsumen; pero a las que no se les aplica carga alguna. El Real Decreto 900/2015 discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Queda mucho por recorrer, pero empezamos a despedir un modelo energético tecnológicamente decadente, socialmente gravoso y medioambientalmente suicida: un surrealismo doloroso con el que no queremos seguir conviviendo los españoles, que resistiremos hasta cercenar la última de las cabezas de la Hidra que nos asedia, es cuestión de estar unidos, de ser audaces y valientes �� Durante estos últimos cuatro años hemos asistido a la estigmatización y linchamiento público de las renovables y la fotovoltaica en España, a las que se responsabiliza de todas las deficiencias de un escandaloso sistema eléctrico, cuyas vergüenzas ya no es posible ocultar por más tiempo El Ejecutivo entrante se enfrenta al reto de impulsar una verdadera política de Estado, consensuada con la sociedad civil, el sector y los territorios, que dé paso a un sistema eléctrico asequible, que aporte competitividad y bienestar 71 energética XXI · Nº 154 · DIC15
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