Revista Energética. Abril 2026

Y COMUNIDADES ENERGÉTICAS Comunidades energéticas: una pieza estructural del nuevo modelo energético El desarrollo del autoconsumo fotovoltaico en España ha abierto una nueva fase para el sector: la de los modelos compartidos, gestionables y territorialmente conectados. Las comunidades energéticas ya no deben leerse como una figura emergente, sino como una infraestructura organizativa y tecnológica que transformará la transición energética desde lo local. CLARA SANTAMARÍA CLUSTER MANAGER SOLARTYS, SECARTYS GROUP E l autoconsumo fotovoltaico ha de- jado de ser, desde hace tiempo, un fenómeno estrictamente individual. Tras una primera etapa centrada en el des- pliegue de instalaciones sobre cubiertas residenciales, terciarias e industriales, el mercado ha entrado en una fase de mayor complejidad técnica y mayor ambición sis- témica. El crecimiento del autoconsumo colectivo y de las comunidades energéticas responde precisamente a esa evolución: ya no se trata solo de producir electricidad re- novable cerca del punto de consumo, sino de estructurar modelos de generación, re- parto, gestión y aprovechamiento energético más eficientes, flexibles y participativos. Su- pone pasar de una lógica puramente instala- tiva a una lógica de sistema. En ese nuevo marco, conviene separar dos conceptos que con frecuencia se presentan como equivalentes, aunque no lo sean. El autoconsumo colectivo es una modalidad regulatoria y operativa que permite que va- rios consumidores compartan la energía generada por una misma instalación. La comunidad energética, en cambio, es una estructura más amplia: una entidad jurídica participada de forma abierta y voluntaria por ciudadanía, pymes y administraciones, orientada a generar beneficios medioam- bientales, económicos y sociales en su en- torno, y no únicamente a reducir una factura eléctrica. En la práctica, muchas comunida- des energéticas se apoyan en esquemas de autoconsumo colectivo, pero su alcance va mucho más allá. Esa diferencia es importan- te, porque condiciona la forma de diseñar, financiar, gobernar y operar los proyectos. Desde una perspectiva técnica, una comu- nidad energética es una combinación de activos, reglas y capacidades. Puede integrar generación fotovoltaica, almacenamiento, monitorización, medidores inteligentes, pla- taformas de gestión energética, movilidad eléctrica, soluciones de eficiencia en edifi- cios e incluso mecanismos de intercambio o compartición de excedentes. El ‘Mapa estratégico para la creación de comunida- des energéticas en España’, editado por SO- LARTYS en 2025, lo plantea con claridad al describir comunidades que pueden generar energía renovable local, almacenarla, gestio- nar de forma inteligente los flujos energéti- cos mediante plataformas digitales, rehabi- litar energéticamente edificios y desplegar infraestructuras ligadas a movilidad soste- nible. En otras palabras, estamos hablando de una infraestructura energética distribuida que exige integrar tecnología, regulación, modelo económico y organización social. Esa visión integral explica por qué muchas iniciativas encuentran sus principales dificul- tades no en la tecnología en sí, sino en la fase de estructuración. El error más habitual es empezar por la cubierta disponible o por la potencia a instalar, cuando el punto de par- tida real debería ser otro: definir objetivos, delimitar el alcance, identificar a los actores implicados y evaluar la viabilidad del mode- lo. Antes de instalar, es necesario determinar qué problema quiere resolverse, a qué perfi- les se quiere dar servicio, qué recursos ener- géticos y económicos existen y qué grado de complejidad puede asumir el proyecto. Por eso, el estudio de viabilidad es una pie- za central y no un trámite preliminar. Debe abordar, al menos, cuatro dimensiones: la técnica, la económica, la legal-administrati- va y la de gobernanza. Esto implica analizar desde el recurso energético disponible, la demanda o la conexión, hasta la inversión y financiación, la forma jurídica, el reparto de costes y beneficios y el modelo de par- ticipación y toma de decisiones. En una comunidad energética, esta última capa es especialmente relevante, porque condiciona su estabilidad, su aceptación local y su capa- cidad de sostenerse en el tiempo. En España, el avance regulatorio ha sido determinante. El Real Decreto 244/2019 introdujo un marco más claro para el auto- consumo colectivo; desarrollos posteriores permitieron coeficientes de reparto horario autoconsumo 58 ENERGÉTICA XXI · 255 · ABR 26