253 magazine

EN EL SECTOR PÚBLICO Y RESIDENCIAL • Un incentivo adicional para planificar y hacer seguimiento de los ahorros ener- géticos, avanzando hacia una gestión más profesionalizada de la energía. • Ingreso directo a la caja presupuestaria de la entidad, provocando una amorti- zación más temprana de las inversiones. Retos jurídicos y operativos específicos del sector público La participación del sector público en el sis- tema CAE plantea, no obstante, retos espe- cíficos. A diferencia del sector privado, las administraciones públicas están sujetas a un marco jurídico propio que condiciona la generación, la titularidad y la transmisión de los ahorros energéticos. Uno de los aspectos clave en la aplica- ción del sistema CAE en el sector público es determinar quién es el titular del ahorro energético. Con carácter general, el ahorro corresponde a la entidad del sector público que impulsa la actuación; no obstante, en algunos supuestos concretos -como en los contratos de rendimiento energético, renting y concesiones- al ser el adjudicatario quien asume la inversión, la titularidad del ahorro puede corresponderle a este. Por ello, resul- ta esencial definir esta cuestión con claridad desde la fase de diseño del contrato, así como las condiciones en las que el ahorro puede transmitirse dentro del sistema CAE. A ello se suma la propia naturaleza patri- monial del ahorro energético, que plantea cuestiones relevantes desde el punto de vis- ta del derecho administrativo y patrimonial, en particular en lo relativo a su enajenación, valoración y reflejo contable. Abordar estos aspectos con rigor es esencial para garanti- zar la seguridad jurídica de las operaciones y evitar riesgos posteriores. Desde una perspectiva operativa, la mone- tización de los ahorros energéticos a través del sistema CAE plantea desafíos relevantes para las administraciones públicas. Estos retos están vinculados, en primer lugar, a la normativa de contratación pública y al mar- co jurídico aplicable, que condicionan los márgenes de actuación y no operan de la misma forma en todos los niveles adminis- trativos. La Administración General del Esta- do, las entidades autonómicas y locales, así como la administración pública institucional de carácter privado, se rigen por reglas y procedimientos distintos, lo que incide di- rectamente en la forma de articular la gene- ración, atribución y transmisión del ahorro energético. A ello se suma la necesidad de contar con capacidad técnica suficiente para identificar actuaciones elegibles, cuantificar correcta- mente los ahorros de energía final y reunir la información y documentación exigida por el sistema CAE. En este sentido, la formación técnica de los equipos públicos y la adecua- da coordinación con los distintos agentes del sistema resultan elementos clave para que las entidades públicas puedan aprove- char de forma efectiva el potencial de mone- tización de sus ahorros energéticos. La Guía del CAE en el sector público: un primer paso necesario Con el objetivo de dar respuesta a estas cuestiones, ANESE ha elaborado conjun- tamente con el MITERD y el apoyo de otras instituciones relevantes una guía técnica-ju- rídica específica sobre la aplicación del siste- ma CAE en el sector público. Se trata de un documento con una clara vocación práctica y didáctica, pensado para facilitar la com- prensión del sistema y ofrecer criterios claros adaptados a las distintas tipologías de enti- dades públicas. La guía aborda, entre otros aspectos: • La identificación de actuaciones de efi- ciencia energética susceptibles de gene- rar CAE en el ámbito público. • Los distintos modelos de atribución y transmisión del ahorro energético. • Las implicaciones jurídicas y adminis- trativas asociadas a la monetización del ahorro. • La compatibilidad del sistema CAE con la contratación pública y otros instrumen- tos de financiación. Hacia dónde avanzar, retos y oportunidades El desarrollo del CAE en el sector público debe entenderse como un proceso progre- sivo. En una primera fase, es razonable que su aplicación se concentre en proyectos de menor envergadura o en entidades con ma- yor capacidad técnica. Sin embargo, a medio plazo, el objetivo debe ser avanzar hacia su escalabilidad y facilitar su acceso a un mayor número de administraciones, y de diversas tipologías y tamaños. Para ello, será clave trabajar en varios frentes: • Avanzar en la clarificación normativa y administrativa, mediante criterios inter- pretativos y procedimientos homogé- neos que reduzcan la incertidumbre. • Reforzar la capacitación técnica de los equipos responsables de energía, con- tratación y gestión patrimonial. • Integrar el CAE en la planificación ener- gética y presupuestaria desde las fases iniciales de diseño de los proyectos. • Generar confianza en el sistema a través de experiencias piloto y casos de éxito que puedan replicarse. En este proceso, la colaboración entre administraciones públicas, empresas pri- vadas del sector y el resto de las agentes del sistema resultará determinante. Desde ANESE, se continuará trabajando en la- bores de acompañamiento, formación y diálogo institucional, con el objetivo de fa- cilitar la correcta implantación del sistema CAE en el ámbito público y contribuir a su consolidación. Desde una perspectiva de política públi- ca, el sistema CAE ofrece la oportunidad de reforzar el papel del sector público como agente activo de la transición energética. No se trata únicamente de cumplir con obli- gaciones normativas, sino de aprovechar instrumentos innovadores que permitan maximizar el impacto de cada euro inverti- do en eficiencia energética. Conclusión El sistema de Certificados de Ahorro Energé- tico constituye una herramienta con un no- table potencial para el sector público, capaz de contribuir de manera efectiva a los obje- tivos de eficiencia energética y descarboni- zación fijados a nivel europeo y nacional. Su integración exige, no obstante, un enfoque riguroso, una adecuada adaptación al marco jurídico público y un esfuerzo sostenido de capacitación y coordinación. La publicación de una guía específica para el sector público constituye un primer paso fundamental para dotar a las administracio- nes de un marco claro y práctico que facilite la aplicación del sistema CAE. A partir de ahí, el reto será consolidar el sistema -en térmi- nos de seguridad jurídica, homogeneidad de criterios y operativa-, generar confianza y avanzar hacia un uso estratégico del CAE como verdadera palanca de transformación del sector público, alineando la gestión pa- trimonial y contractual con los objetivos de descarbonización, en donde ANESE seguirá desempeñando un papel activo ◉ certificados de ahorro energético 37 ENERGÉTICA XXI · 253 · ENE/FEB 26