El Consejo de Ministros ha aprobado mantener en vigor las reducciones fiscales sobre la electricidad, y los descuentos aplicados sobre el bono social para contener el impacto de los elevados precios mayoristas sobre los consumidores –especialmente los vulnerables– y sobre la recuperación económica justa tras la crisis sanitaria. Además, entre otras medidas de apoyo, el Ejecutivo ha aprobado reducciones fiscales sobre los tributos locales para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, ha facilitado que las empresas industriales hagan autoconsumo compartido, y ha aumentado los plazos intermedios de la tramitación de nuevas instalaciones de renovables.

En junio y septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un plan de choque con numerosas medidas para contener el impacto de las cotizaciones internacionales del gas, que se repercuten en el precio mayorista de la electricidad. Hoy, mediante un Real Decreto-ley, ha prorrogado las medias fiscales durante el primer cuatrimestre del año: el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) se mantendrá al 10% en la factura eléctrica de los consumidores con hasta 10 kW de potencia contratada, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista del mes anterior sea superior a 45 €/MWh. 

El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) seguirá hasta el 30 de abril en el 0,5%, el mínimo autorizado por la normativa europea. Y el Impuesto que grava con un 7% el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), por su parte, al devengarse trimestralmente permanecerá suspendido hasta el 31 de marzo.

Todas estas reducciones fiscales permitirán ahorros de unos 2.000 millones de euros a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas, puesto que el 72,5% de los suministros de empresas y negocios también se benefician de la rebaja del 10% del IVA. 

Por otro lado, el Ejecutivo también ha decidido mantener hasta que concluya el mes de abril los descuentos extraordinarios del bono social del 60% para los consumidores vulnerables –normalmente es un 25%– y del 70% para los vulnerables severos, habitualmente en el 40%. Además, se les aplicará el 10% de IVA con independencia del precio del mercado mayorista.

Tramitación de plantas renovables
En la actualidad hay otorgados permisos de acceso y conexión a la red por 150 GW, mientras que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) apunta a tener operativos 35 GW adicionales en 2025 y 60 GW en 2030. Este exceso de solicitudes, muchas de ellas inviables económica o ambientalmente, puede impedir la materialización de proyectos viables, debido a la incapacidad de las administraciones para evaluar y tramitar un contingente tan elevado de proyectos, así como a la necesidad de responder adecuadamente a las exigencias económicas y ambientales asociadas al despliegue de renovables y las asociadas a la cohesión social y territorial en lo que afecta a las líneas de evacuación y conexión a red.

Por este motivo, las comunidades autónomas solicitaron unánimemente durante la última Conferencia Sectorial de Energía la flexibilización de los plazos asociados a los hitos intermedios de la tramitación de los proyectos, ante la imposibilidad de terminar en tiempo y forma todas las solicitudes. 

En consecuencia, el RDL fija un plazo adicional de nueve meses para los hitos intermedios relativos a la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y las autorizaciones administrativas previa y de construcción, sin extender el plazo total de cinco años para el hito final de obtención de la Autorización Administrativa de Explotación definitiva, con la consiguiente entrada en operación de la instalación.

Todos aquellos promotores que no deseen seguir adelante con sus proyectos tras esta modificación de los plazos intermedios podrán renunciar a los correspondientes permisos de acceso y conexión en el plazo de un mes, procediéndose a la devolución de las garantías presentadas.