El colectivo de empresas instaladoras, representado por FENIE y CONAIF, ha vuelto a solicitar al Gobierno de España que se autorice expresamente que las empresas instaladoras puedan continuar con su actividad durante el estado de alerta provocado por el COVID-19.

En el Real Decreto, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, en su artículo 17, se indica que: “Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 49 y 101 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos”.

En este sentido, previa petición de FEGICAT, la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña, desde la Generalitat de Cataluña se ha adoptado la medida de autorizar a que las empresas instaladoras puedan continuar con su actividad en los casos que los clientes demanden sus servicios por averías o mantenimientos necesarios en las instalaciones, sea cual sea el lugar de trabajo.

FENIE y CONAIF consideran que la autorización que se ha obtenido en Cataluña se debería ampliar al resto de Comunidades Autónomas y que, de esta forma, las empresas instaladoras puedan continuar ejerciendo su trabajo, que es, entre otras cosas, solucionar problemas en las instalaciones de suministros de los clientes sin tener que correr el riesgo de ser multados o asumiendo situaciones de tensión, añadiendo ésta ya a la situación tan complicada que se está viviendo.