La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha participado hoy en el Foro organizado por el diario La Información de Alicante, ha desgranado una batería de medidas que se llevarán a cabo en la zona para modernizar regadíos y dar respuesta a las necesidades en materia y gestión hídrica en un escenario de cambio climático que va a reducir la disponibilidad de agua en la práctica totalidad de las cuencas hidrológicas españolas y, de manera especial en el sureste peninsular. Ese desafío exige una “gestión del agua integrada, realista, inteligente y sostenible”, ha destacado.

En su intervención, la vicepresidenta ha puesto a Alicante como ejemplo de los nuevos enfoques que deben incorporar las políticas públicas del agua, y de la necesidad de complementar los recursos tradicionales con el impulso a otros complementarios, mejoras en la eficiencia, depuración, reutilización y desalación, entre otros, dentro del nuevo ciclo de planificación hidrológica 2022-2027.

ATS adaptado a un nuevo contexto

La ministra ha subrayado la vigencia del trasvase Tajo-Segura, “una infraestructura esencial que vamos a mantener, con una gestión adaptada a ese nuevo contexto”, al tiempo que se trabaja para proporcionar volúmenes de agua adicionales a las comunidades de regantes de las cuencas receptoras. Buena parte de esos nuevos aportes procederán de la desalación. Ha recordado que ya se ha multiplicado por dos la capacidad de desalación en la provincia y sigue en aumento. Sólo la desalobradora de Torrevieja ya es capaz de proporcionar 80hm3 anuales, mismo volumen que las transferencias desde el Tajo, y para finales de año-principios de 2022 ese caudal se elevará a 120 hm3.

Se trabaja además en la interconexión con las plantas de Valdelentisco y Águilas, e inversión en energías fotovoltaicas para abaratar el precio del agua desalada y que sea asumible para los agricultores. En conjunto se han planteado inversiones por valor de 668 millones de euros en obras en la cuenca del Segura, que concluirán entre 2023 y 2024, para garantizar la aportación de agua suficiente para todos los usos requeridos.

Ribera ha hecho hincapié en la contribución de las energías renovables a este nuevo esquema de gestión hídrica. En este sentido, ha anunciado la inversión de 90 millones de euros procedentes del PRTR para la dotación de energía fotovoltaica a las tres elevaciones del trasvase Júcar-Vinalopó. Estas nuevas instalaciones fotovoltaicas permitirán reducir costes de funcionamiento de esta infraestructura, ampliando la disponibilidad de agua a precios asumibles y “aliviando la sobreexplotación insostenible sobre los acuíferos de la zona”.

Impulso a la depuración

Entre las medidas previstas para impulsar la reutilización de agua depurada, la ministra también ha detallado una inversión de 11 millones del PRTR destinada a adecuar la EDAR del Valle del Vinalopó, junto con el trabajo en otras estaciones depuradoras que permitirán un aumento significativo de los recursos hídricos disponibles.

“Lo importante es disponer de agua, considerada como un recurso único para poder hacer las cuentas correctamente, y no necesariamente un solo tipo de concreto de agua”, ha dicho en alusión a quienes critican el nuevo modelo de explotación del Trasvase Tajo-Segura (ATS).

En relación a esta infraestructura, el Ministerio estudia distintas fórmulas para adecuar la repercusión de los costes del ATS a la realidad actual, de modo que pueda aliviarse el llamado ‘tasazo’, a fin de abaratar el coste del agua para regadío en las cuencas receptoras.

La ministra ha ensalzado el compromiso y actitud dialogante de la administración autonómica, municipios, comunidades de regantes y demás actores en el ciclo del agua para adaptarse de manera constructiva a los nuevos escenarios definidos por una menor disponibilidad natural hídrica. “Entre todos debemos garantizar que no sólo haya agua hoy, también mañana”, ha apostillado.

Riesgo de inundaciones

Ante los asistentes al foro, Ribera ha subrayado también el apoyo del MITECO al Plan Vega Baja-Renhace impulsado por la Generalitat a raíz de la DANA de septiembre de 2019, con el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Segura de definir las obras necesarias para reducir el riesgo de inundación, actuaciones contra avenidas por valor superior a los 132 millones de euros, y de restauración ambiental por otros 5 millones de euros.

En conjunto -ha recordado la ministra- la inversión pública total en el sector del agua en Alicante allegará a la provincia fondos por valor de 485 millones de euros en los próximos seis años a cargo del MITECO y diversas sociedades estatales, y otros 310 millones del PRTR entre los años 2022 y 2023.