La cifra de 67 GW de potencia con permisos de acceso y conexión evidencia el compromiso inversor y la ambición del país. Sin embargo, la elevada saturación de la red de distribución demuestra que la infraestructura actual está ya cerca de su límite operativo.
El año 2025 ha marcado un punto de inflexión para el sector eléctrico español. La urgencia de acelerar la electrificación —tanto para cumplir los objetivos climáticos como para reforzar la competitividad industrial— ha puesto el foco sobre la capacidad real del sistema para integrar nueva demanda y nueva generación renovable. En este contexto, las solicitudes de acceso y conexión a la red de distribución ha alcanzado ya los 67 GW en 2024, con unas redes que presentan una saturación superior al 83%, reflejando tanto el éxito de la transición energética como las limitaciones estructurales que deben abordarse con urgencia.
La cifra de 67 GW de potencia con permisos de acceso y conexión evidencia el compromiso inversor y la ambición del país. Sin embargo, la elevada saturación de la red de distribución demuestra que la infraestructura actual está ya cerca de su límite operativo. Este escenario hace indispensable acelerar la inversión en refuerzo, digitalización y automatización para garantizar que la electrificación pueda progresar sin fricciones desde la integración del vehículo eléctrico hasta el despliegue del almacenamiento y los centros de datos.
En este sentido, el sector valora positivamente los avances normativos realizados en 2025, especialmente las propuestas regulatorias relativas a los planes de inversión, que incrementan los límites de ejecución y reconocen, por fin, las inversiones anticipatorias como una herramienta clave para preparar la red ante el crecimiento de la demanda. Se trata de un cambio fundamental: ya no se trata solo de responder a las necesidades actuales, sino de adelantarse a ellas.
El apagón ha sido el evento más crítico del año. Más allá de su impacto puntual, ha puesto de manifiesto los retos técnicos que implica gestionar un sistema eléctrico altamente descarbonizado como el español, con elevada penetración renovable, más volatilidad y mayores exigencias de flexibilidad.
El incidente ha acelerado la necesidad de avanzar en normas específicas sobre control de tensión, calidad de suministro y servicios de ajuste, y ha reabierto el debate sobre cómo garantizar un sistema robusto en un contexto de transición tecnológica y operativa. El sector coincide en que España cuenta con una de las redes más robustas de Europa, pero el episodio demuestra que es imprescindible adaptar la regulación y los procedimientos de operación a la nueva realidad del sistema.
A pesar de los avances en inversión, 2025 también ha sido un año marcado por la necesidad de cerrar dos piezas regulatorias esenciales:
La magnitud del reto exige que ambos elementos estén plenamente alineados con las mejores prácticas de la UE y permitan desarrollar la infraestructura necesaria en tiempo y forma.
La perspectiva para 2026 debe estar marcada por una prioridad clara: impulsar el nuevo periodo regulatorio que permita el desarrollo efectivo de las redes. Este proceso deberá acompasarse con la normativa europea y, en particular, con la implementación del Paquete de Redes, que establece una hoja de ruta para unos sistemas eléctricos más resilientes, flexibles y orientados a la integración de renovables y demanda.
Pero quizá el mayor desafío sea avanzar decisivamente en la conexión de la demanda: industria, vivienda, electrificación del transporte, almacenamiento, hidrógeno renovable y centros de datos. Sin redes capaces de absorber y acompañar este crecimiento, la electrificación simplemente no podrá materializarse.
2025 ha dejado claros los retos, pero también los pilares sobre los que construir el futuro del sistema eléctrico español. La electrificación avanza con fuerza, pero exige una red preparada, un marco regulatorio completo y una operación adaptada a un sistema cada vez más renovable. El año 2026 debe ser el de la consolidación del nuevo ciclo inversor y el del desbloqueo definitivo del acceso y conexión de la demanda. España tiene la oportunidad de situarse a la vanguardia de Europa si acelera el paso en esta dirección.