Tras consolidarse como primera tecnología del mix en 2025, la AEE reclama seguridad jurídica, redes flexibles y el impulso definitivo a la eólica marina para mantener el liderazgo industrial de España ante los retos globales.
España llega al final de 2025 con un dato significativo: la energía eólica vuelve a cerrar el año como la primera tecnología del sistema eléctrico y ya supera los 32 GW instalados, cubriendo cerca del 24% de la demanda. Es un logro que sitúa al país en la élite europea —segundo en potencia eólica solo tras Alemania— y demuestra una década de avance sólido. Pero el éxito convive con un escenario incierto: tensiones geopolíticas, competencia internacional agresiva y señales de alerta en el propio sistema eléctrico.
El gran aviso del año llegó el 28 de abril, cuando un apagón nacional evidenció los retos técnicos a los que se enfrenta nuestro sistema para integrar la gran penetración de renovables con un crecimiento lento de la demanda y con una normativa técnica que tarda más tiempo en aplicarse. La operación reforzada que se activó tras aquel episodio ha evitado nuevos sobresaltos, pero a costa de encarecer el suministro, desaprovechar energía renovable y ralentizar la descarbonización. La eólica está preparada para contribuir más al equilibrio del sistema, pero reclama un marco técnico claro, dialogado, planificado y estable. La transición energética no puede sostenerse sobre medidas excepcionales que se perpetúen.
El país también afronta un ritmo de instalación eólica insuficiente. Para crecer más, los inversores deben disponer de la regulación y las señales de mercado adecuadas: mayor electrificación del consumo, procedimientos administrativos homogéneos y ágiles, y seguridad jurídica en los territorios. A pesar de algunos avances, la realidad sigue siendo tozuda. La inseguridad jurídica se ha convertido en un lastre y Galicia es hoy el símbolo de ese problema: más de 90 proyectos eólicos siguen bloqueados por interpretaciones judiciales. El resultado es una parálisis que afecta a empresas, territorios y comunidades que dependen de esa actividad económica. El sector pide coherencia y certidumbre.
Todo esto ocurre mientras Europa vive un pulso industrial y tecnológico con China. El gigante asiático compite con una agresividad comercial que altera el mercado global. España sí tiene una ventaja estratégica: su cadena de valor eólica es completa, potente y exportadora. Pero no es indestructible. Sin medidas europeas que equilibren el terreno de juego y sin una estrategia nacional, la industria puede perder competitividad y empleo. La ventana para reaccionar no será eterna.
Con esta radiografía, el año 2026 se presenta como decisivo. Acelerar la electrificación será imprescindible. El país necesita una red eléctrica actualizada, flexible y capaz de integrar nueva capacidad sin convertirse en un cuello de botella. Esta planificación es tan estratégica como cualquier ley energética. En paralelo, los procedimientos administrativos para la aprobación de los proyectos eólicos deben homogeneizar criterios entre comunidades y aplicar sin ambigüedades la figura europea del Interés Público Superior. Aquí se jugará buena parte del éxito del despliegue renovable.
Otro reto clave es la repotenciación. España cuenta con algunos de los parques eólicos más antiguos de Europa y la mayoría necesita una segunda vida. Repotenciar no es solo cambiar aerogeneradores: significa producir más con menos impacto, reforzar la seguridad del sistema y mantener la actividad industrial. Para que el proceso avance, se requieren incentivos claros, reglas homogéneas y coherencia ambiental entre administraciones. Además, el sector insiste en algo fundamental: la repotenciación debe incentivarse, pero nunca imponerse por calendario; debe responder a criterios técnicos y económicos definidos por cada promotor.
A esto se suma la necesidad de no perder proyectos que llevan años tramitándose. Muchos desarrollos amparados por el RDL 23/2020 siguen paralizados por recursos o litigios. La flexibilidad en los hitos de puesta en marcha será esencial para evitar que proyectos viables acaben caducando por motivos ajenos a su calidad técnica.
El gran salto pendiente es la eólica marina. España tiene industria, puertos, astilleros y tecnología para ser referente mundial en eólica flotante, pero le falta lo más básico: activar el mercado. La Orden Ministerial que debe habilitar la primera subasta piloto aún no ha visto la luz. Si se lanza en 2026, los primeros parques podrían operar en 2033. Si se retrasa, la industria corre el riesgo de perder un tren que no pasa dos veces. España no necesita un mercado enorme, pero sí uno de iniciación, con visibilidad y cronograma.
Nada de esto será viable sin aceptación social. La desinformación, la manipulación, la polarización y algunas campañas organizadas han tensado el debate en varios territorios. El sector asume que el diálogo temprano, claro y directo es imprescindible. La ciudadanía debe participar, pero también contar con información rigurosa y verificable frente a discursos que buscan confundir.
Finalmente, 2026 exigirá cerrar un marco ambiental equilibrado para la protección de la biodiversidad. Un marco basado en datos, no en estimaciones; en rigor técnico y realismo tecnológico, no en sobrerregulación; y que respete la seguridad jurídica sin efectos retroactivos.
España está ante una bifurcación histórica. Tiene la industria, el recurso, el conocimiento y la capacidad para reforzar su liderazgo europeo. Pero también enfrenta riesgos que pueden frenar ese impulso. El sector eólico espera que 2026 sea un año para afrontar los distintos retos y que sepamos aprovechar la oportunidad para el país.