El sistema CAE: una breve contextualización
El sistema CAE, regulado en España desde 2023, introduce un mecanismo de mercado mediante el cual los ahorros de energía final (medidos y verificables) de cualquier sector económico, tras un procedimiento de verificación e inscripción pueden transformarse en un activo transmisible una vez recogidos en o en un documento electrónico denominado CAE. Este planteamiento se inserta en el marco de la obligación de ahorro energético establecida a nivel europeo y nacional, y permite a los sujetos obligados cumplir con sus compromisos adquiriendo ahorros generados por terceros.
Desde un punto de vista técnico y económico, el sistema CAE supone un cambio relevante respecto a los esquemas tradicionales de ayudas o subvenciones. La retribución deja de estar vinculada a la mera ejecución de una actuación y pasa a depender del ahorro energético efectivamente conseguido. La trazabilidad y la verificación son, por tanto, elementos centrales del sistema, reforzando su credibilidad y su alineación con los objetivos de eficiencia energética.
Aunque en una primera etapa el sistema CAE se ha aplicado prioritariamente en sectores energéticamente intensivos, especialmente en el ámbito industrial, su diseño está pensado para abarcar cualquier actuación que genere ahorro de energía final. De forma progresiva, el sistema se ha ido extendiendo a nuevos sectores, abriendo un abanico de oportunidades también en el ámbito público, más aún si se tiene en cuenta el papel ejemplarizante que este desempeña en materia de eficiencia energética.
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Una oportunidad para el sector público
El sector público ocupa una posición estratégica en la transición energética. No solo actúa como regulador, sino también como consumidor de energía y como promotor de actuaciones de eficiencia energética. El parque de edificios públicos, el alumbrado exterior, las instalaciones deportivas, la movilidad urbana o determinadas infraestructuras concentran una parte significativa del consumo energético y, por tanto, del potencial de ahorro.
La normativa europea refuerza este rol ejemplarizante. La Directiva (UE) 2023/1791, relativa a la eficiencia energética, introduce obligaciones específicas para el sector público. A ello se suma la Directiva (UE) 2024/1275, sobre la eficiencia energética de los edificios, que incide en la necesidad de actuar sobre el parque edificado y sitúa a los edificios públicos como elemento tractor del cambio.
En esa línea, el sistema CAE le ofrece al sector público la posibilidad de monetizar el ahorro energético generado. Esto introduce un cambio conceptual importante: el ahorro ya no solo se traduce en un beneficio medioambiental y una reducción presupuestaria en el corto y mediano plazo, sino que representa un activo económico con valor inmediato.
Para las entidades públicas, este enfoque se traduce en varias ventajas concretas:
- Una mejora de la viabilidad económica de proyectos de rehabilitación energética, facilitando su aprobación y ejecución.
- Un incentivo adicional para planificar y hacer seguimiento de los ahorros energéticos, avanzando hacia una gestión más profesionalizada de la energía.
- Ingreso directo a la caja presupuestaria de la entidad, provocando una amortización más temprana de las inversiones.
Retos jurídicos y operativos específicos del sector público
La participación del sector público en el sistema CAE plantea, no obstante, retos específicos. A diferencia del sector privado, las administraciones públicas están sujetas a un marco jurídico propio que condiciona la generación, la titularidad y la transmisión de los ahorros energéticos.
Uno de los aspectos clave en la aplicación del sistema CAE en el sector público es determinar quién es el titular del ahorro energético. Con carácter general, el ahorro corresponde a la entidad del sector público que impulsa la actuación; no obstante, en algunos supuestos concretos -como en los contratos de rendimiento energético, renting y concesiones- al ser el adjudicatario quien asume la inversión, la titularidad del ahorro puede corresponderle a este. Por ello, resulta esencial definir esta cuestión con claridad desde la fase de diseño del contrato, así como las condiciones en las que el ahorro puede transmitirse dentro del sistema CAE.
A ello se suma la propia naturaleza patrimonial del ahorro energético, que plantea cuestiones relevantes desde el punto de vista del derecho administrativo y patrimonial, en particular en lo relativo a su enajenación, valoración y reflejo contable. Abordar estos aspectos con rigor es esencial para garantizar la seguridad jurídica de las operaciones y evitar riesgos posteriores.
Desde una perspectiva operativa, la monetización de los ahorros energéticos a través del sistema CAE plantea desafíos relevantes para las administraciones públicas. Estos retos están vinculados, en primer lugar, a la normativa de contratación pública y al marco jurídico aplicable, que condicionan los márgenes de actuación y no operan de la misma forma en todos los niveles administrativos. La Administración General del Estado, las entidades autonómicas y locales, así como la administración pública institucional de carácter privado, se rigen por reglas y procedimientos distintos, lo que incide directamente en la forma de articular la generación, atribución y transmisión del ahorro energético.
A ello se suma la necesidad de contar con capacidad técnica suficiente para identificar actuaciones elegibles, cuantificar correctamente los ahorros de energía final y reunir la información y documentación exigida por el sistema CAE. En este sentido, la formación técnica de los equipos públicos y la adecuada coordinación con los distintos agentes del sistema resultan elementos clave para que las entidades públicas puedan aprovechar de forma efectiva el potencial de monetización de sus ahorros energéticos.
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La Guía del CAE en el sector público: un primer paso necesario
Con el objetivo de dar respuesta a estas cuestiones, ANESE ha elaborado conjuntamente con el MITERD y el apoyo de otras instituciones relevantes una guía técnica-jurídica específica sobre la aplicación del sistema CAE en el sector público. Se trata de un documento con una clara vocación práctica y didáctica, pensado para facilitar la comprensión del sistema y ofrecer criterios claros adaptados a las distintas tipologías de entidades públicas.
La guía aborda, entre otros aspectos:
- La identificación de actuaciones de eficiencia energética susceptibles de generar CAE en el ámbito público.
- Los distintos modelos de atribución y transmisión del ahorro energético.
- Las implicaciones jurídicas y administrativas asociadas a la monetización del ahorro.
- La compatibilidad del sistema CAE con la contratación pública y otros instrumentos de financiación.
Hacia dónde avanzar, retos y oportunidades
El desarrollo del CAE en el sector público debe entenderse como un proceso progresivo. En una primera fase, es razonable que su aplicación se concentre en proyectos de menor envergadura o en entidades con mayor capacidad técnica. Sin embargo, a medio plazo, el objetivo debe ser avanzar hacia su escalabilidad y facilitar su acceso a un mayor número de administraciones, y de diversas tipologías y tamaños.
Para ello, será clave trabajar en varios frentes:
- Avanzar en la clarificación normativa y administrativa, mediante criterios interpretativos y procedimientos homogéneos que reduzcan la incertidumbre.
- Reforzar la capacitación técnica de los equipos responsables de energía, contratación y gestión patrimonial.
- Integrar el CAE en la planificación energética y presupuestaria desde las fases iniciales de diseño de los proyectos.
- Generar confianza en el sistema a través de experiencias piloto y casos de éxito que puedan replicarse.
En este proceso, la colaboración entre administraciones públicas, empresas privadas del sector y el resto de las agentes del sistema resultará determinante. Desde ANESE, se continuará trabajando en labores de acompañamiento, formación y diálogo institucional, con el objetivo de facilitar la correcta implantación del sistema CAE en el ámbito público y contribuir a su consolidación.
Desde una perspectiva de política pública, el sistema CAE ofrece la oportunidad de reforzar el papel del sector público como agente activo de la transición energética. No se trata únicamente de cumplir con obligaciones normativas, sino de aprovechar instrumentos innovadores que permitan maximizar el impacto de cada euro invertido en eficiencia energética.
Conclusión
El sistema de Certificados de Ahorro Energético constituye una herramienta con un notable potencial para el sector público, capaz de contribuir de manera efectiva a los objetivos de eficiencia energética y descarbonización fijados a nivel europeo y nacional. Su integración exige, no obstante, un enfoque riguroso, una adecuada adaptación al marco jurídico público y un esfuerzo sostenido de capacitación y coordinación.
La publicación de una guía específica para el sector público constituye un primer paso fundamental para dotar a las administraciones de un marco claro y práctico que facilite la aplicación del sistema CAE. A partir de ahí, el reto será consolidar el sistema -en términos de seguridad jurídica, homogeneidad de criterios y operativa-, generar confianza y avanzar hacia un uso estratégico del CAE como verdadera palanca de transformación del sector público, alineando la gestión patrimonial y contractual con los objetivos de descarbonización, en donde ANESE seguirá desempeñando un papel activo.
Artículo escrito por:
Agustín Villar y Noriko Okamura
, director de Regulación y Formación | responsable del Área Legal,
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE)
