La cogeneración en España se encuentra en un momento crítico: o recupera la actividad o el cierre progresivo de las instalaciones, con graves consecuencias para sus procesos industriales asociados, será inevitable en el medio plazo. El rumbo que tome dependerá, en gran medida, de las decisiones que adopte el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en los próximos meses.
La cogeneración está sufriendo un auténtico cogenicidio industrial. En apenas cinco años, ha perdido el 50% de su producción, pasando de aportar el 12% de la electricidad de España a tan solo el 6% actual. Más de 200 plantas, distribuidas por toda la geografía española, han cesado su actividad durante este periodo sin que llegara el prometido marco de renovación previsto por Ley.
Un parón de la cogeneración que se traduce en:
Las consecuencias de este declive son muy graves y dañinas para el sistema eléctrico y para la industria. Entre 2020 y 2024 han cerrado 230 plantas con una producción de 1.500 MW de potencia y, si el Gobierno no actúa con urgencia, en los próximos tres años pueden desaparecer otras 140 plantas y sus 1.300 MW de potencia asociados.
Peticiones para avanzar
Dada la gravedad de la situación que vive la cogeneración, una actividad regulada por Ley, el sector solicita tres medidas al MITERD:
Marco de inversión, cuatro años a la espera
Las subastas de 1.200 MW anunciadas en 2021 han dormido un inexplicable sueño de los justos. Anunciadas en 2021 por la actual vicepresidenta Sara Aagesen, llevan cinco años de retraso. Este mes de octubre el Gobierno volvió a aplazarlas al primer semestre de 2026, sin aclarar condiciones.
En este contexto, las industrias reclaman dos garantías mínimas para invertir sin perder competitividad:
Modificar estos principios básicos sería incomprensible: destruiría valor, introduciría más rigidez, más burocracia y menos equidad. En definitiva, implicaría una pérdida de competitividad y discriminación frente a competidores europeos, además de un alto riesgo de deslocalización de empresas decisivas en nuestro país ante la falta de un esquema regulatorio estable. Y es que, la industria de la cogeneración vive la peor incertidumbre jurídica de su historia.
A día de hoy estas industrias no han encontrado alternativa tecnológica que les aporte la misma competitividad que la cogeneración, un instrumento estratégico para la industria que requiere electricidad y calor en sus procesos productivos. Un estudio reciente de ACOGEN y COGEN España muestra que sólo el 4% de las empresas ha encontrado alternativas viables a la cogeneración. En cambio, 82 compañías están preparadas para invertir 1.300 millones en 1.224 MW listos para operar con gas e H2, biomasa y otros gases renovables. Una oportunidad nacional para modernizar plantas, ganar flexibilidad, reducir emisiones y reforzar nuestra competitividad industrial. Y así se lo trasladamos al Ministerio que, lejos de avanzar, volvió a retrasar la subasta prevista para 2025, postponiéndola sin concretar fechas ni condiciones pese a la preocupación de la industria.
Prórroga de vida útil
En estos años de espera del marco inversor, el sector ha trabajado para prorrogar la operación de las plantas que iban cerrando tras alcanzar el final de su vida útil, con el fin de mantenerlas operativas para que puedan acceder a las subastas. La ampliación de vida útil hasta 2029 es crucial: incluso con subastas en 2026, 2027 y 2028, los proyectos requieren entre dos y tres años de ejecución, lo que dejaría fuera a cientos de industrias antes de poder renovarse. Varios grupos parlamentarios —Junts, ERC, PNV y PP— han intentado aprobar esta medida legislativa sin éxito, siendo siempre bloqueada por el Ejecutivo.
Marco de operación
En 2024, la Orden TED/526/2024, dio flexibilidad y previsibilidad a la operación mediante una cesta de indicadores transparentes —OMIP, MIBGAS, CO2— y permitió gestionar mejor las plantas. Fue un paso acertado que permite a las industrias cogeneradoras decidir operar sus plantas de manera flexible.
Sin embargo, apenas año y medio después, la propuesta de revisión de parámetros para el periodo regulatorio 2026–2031 supone una degradación estructural de la retribución a la operación que abocaría al cierre de buena parte del sector.
Sin causa justificada, el ministerio ha modificado los criterios de reconocimiento de costes que se venían aplicando desde 2014 y reducido los parámetros retributivos de la nueva metodología aprobada en 2024.
El cambio más grave afecta al reconocimiento de los costes de CO2, más de 500 millones de euros anuales que las cogeneraciones pagan al MITERD por los derechos efectivamente adquiridos menos los asignados gratuitamente a sus industrias. El nuevo criterio reduce los costes reconocidos e implica que las industrias deberán abonar a las plantas de cogeneración costes de CO2 del calor suministrado, con un impacto directo superior a 250 millones de euros anuales. Además, el ministerio reconoce para 2026 solo un incremento de un 1% anual en los costes de operación y mantenimiento (O&M) desde el año 2020. Sin embargo, un reciente informe de PwC en base a las cuentas auditadas presentadas por las empresas de cogeneración en el registro mercantil acredita que en 6 años estos costes han subido un 50%, equivalentes a 11 €/MWh, lo que supone otros 150 millones de euros no reconocidos en la propuesta de revisión de parámetros.
Por todo ello, las asociaciones hemos presentado alegaciones, siendo tres esenciales:
Cogeneración: la inversión inteligente
Hoy la cogeneración sigue siendo la tecnología más eficiente para procesos industriales que requieren simultáneamente calor y electricidad. No existe alternativa técnica o económica que pueda sustituirla en el corto plazo. A lo que se añade la falta de capacidad actual para electrificar el calor mediante otras tecnologías y su ausencia de rentabilidad en el 80% de las horas del año. Las empresas distribuidoras de electricidad, bajo requerimiento de la CNMC, han publicado recientemente los mapas de capacidad eléctrica disponible en sus redes, confirmando que el 83,4% de los nudos de la red están saturados y llevará años de inversiones y trámites descongestionarla. Renovar las plantas de cogeneración es, sencillamente, la mejor opción para mantener la competitividad industrial de España.
Sin cogeneración, nuestras industrias serán más vulnerables, perderán eficiencia, subirán precios y cederán mercados justo cuando Europa refuerza su apuesta por la reindustrialización y la energía competitiva. Reactivar la cogeneración es una decisión estratégica, una apuesta de país y, sobre todo, una inversión inteligente para mantener capacidades productivas y abordar la descarbonización competitiva de nuestra industria.