El sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la eficiencia energética en España y canalizar inversión privada hacia la descarbonización. Sin embargo, su aplicación en el sector residencial plantea un nivel de complejidad superior al de otros sectores.
Según los datos recogidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 31 de octubre de 2025 el sector residencial concentra el mayor número de actuaciones a nivel nacional (7.788), frente al industrial (1.528), al terciario (1.126) y al transporte (513). No obstante, su ahorro energético solicitado (300,89 GWh) es mucho menor que el de la industria (3.076,89 GWh), lo que refleja la escasa rentabilidad unitaria y la necesidad de modelos de agregación que permitan escalar y reducir costes de gestión.
El principal obstáculo jurídico en este ámbito es la titularidad del ahorro, pues no suele existir una figura única que concentre el consumo, la inversión y el beneficio energético, lo que obliga a diseñar estructuras legales que permitan la delegación de derechos de ahorro entre múltiples propietarios. Además, cada vivienda genera su propio expediente con documentación y evidencias distintas, lo que multiplica la carga administrativa.
Desde Ayming, esta complejidad se aborda mediante modelos de agregación por tipología de actuación, comunidad autónoma y año, junto con un sistema digital de trazabilidad y automatización documental. Cada actuación cuenta con un identificador único que relaciona instalación, titular, dirección, factura y cálculo de ahorro. Todos los datos se consolidan de forma automática en expedientes colectivos validados ante verificadores y administración.
Este enfoque bottom-up, apoyado en plataformas digitales, garantiza la trazabilidad del ahorro individual, la auditoría cruzada y la replicabilidad de los proyectos, lo que aporta transparencia y facilita la verificación. A medio plazo, la evolución natural del sistema podría pasar por la creación de mecanismos de certificación por bloques o unidades residenciales, donde comunidades de propietarios actúen como entidades de agregación bajo un único contrato de representación energética.
Desde el punto de vista jurídico, las barreras formales siguen siendo considerables. Una comunidad de propietarios no tiene personalidad jurídica plena, lo que genera dudas sobre quién puede firmar la cesión de derechos de ahorro (presidente, administrador o vecino). Además, el sistema exige que todas las firmas sean del mismo tipo, lo que complica la gestión cuando intervienen numerosos titulares. También son frecuentes las discrepancias entre titularidad contractual y propiedad efectiva.
Para que el sistema CAE sea operativo, sería necesario incorporar la figura de un “representante energético colectivo” con capacidad de firmar y acreditar ahorros en nombre de toda la comunidad, y establecer un marco simplificado para actuaciones de baja complejidad, que reduzca trámites y costes administrativos sin comprometer la trazabilidad.
La viabilidad económica es otro desafío. El margen unitario por vivienda es bajo, y sin una masa crítica suficiente los costes de gestión y verificación pueden superar el ingreso por ahorro. La solución pasa por escalar y simplificar: automatizar procesos, reducir tiempos y combinar el CAE con otros mecanismos de financiación como las ayudas Next Generation o los programas autonómicos de rehabilitación energética. De esta manera, el certificado puede actuar como un complemento económico que mejore la rentabilidad global del proyecto.
Asimismo, la creación de fondos de agregación de CAE permitiría canalizar pequeñas actuaciones residenciales hacia los sujetos obligados, aportando estabilidad financiera y facilitando la entrada de capital privado. Complementariamente, incentivos fiscales o contables podrían reconocer los CAE como activos o ingresos compensables, impulsando su valorización económica.
Otro reto evidente es la falta de conocimiento del sistema CAE entre administradores de fincas, técnicos e instaladores. Muchos lo perciben como un proceso burocrático y poco rentable. La clave está en comunicar de forma práctica y visual. La colaboración con colegios profesionales y asociaciones del sector también es fundamental para crear embajadores del sistema que transmitan confianza con casos reales y resultados medibles.
En definitiva, el sector residencial representa hoy el mayor potencial de crecimiento del sistema CAE, pero también su mayor desafío. Superar las barreras de titularidad, trazabilidad y rentabilidad exige avanzar hacia modelos más digitales, normativamente flexibles y financieramente integrados. Solo así el ahorro doméstico podrá transformarse en un activo real que contribuya a los objetivos de eficiencia energética y descarbonización de España.