El biometano será uno de los grandes tractores de crecimiento e inversiones en los próximos años en Europa. España dispone del tercer mayor potencial de producción de biometano en el continente, suficiente para cubrir más de la mitad de su consumo anual de gas natural, según Sedigas.
Pese a este potencial, España tan solo cuenta con 15 plantas de biometano operativas, algo que contrasta con la realidad de otros países europeos como Italia que, pese a contar con capacidades más modestas, se han alzado como ejemplos de que en pocos años es posible levantar desde prácticamente cero una industria competitiva, gracias a políticas claras e incentivos eficaces. Ambos países se sitúan en el centro de la transformación energética europea a partir del biometano, que definirá la soberanía estratégica del continente, pero el momento actual exige dar un salto mayor para lograr la descarbonización de la economía.
El biometano se ha consolidado como una de las grandes palancas de la transición energética europea. Se trata de un gas renovable, idéntico en propiedades al gas natural fósil, pero generado a partir de materias primas locales como residuos agroganaderos o subproductos de la industria alimentaria. La ventaja de esta tecnología reside en que, además de ser una fuente de energía sostenible, puede aprovechar las infraestructuras gasistas existentes, como la red actual de gasoductos. Esta cualidad le permite actuar como un recurso inmediato para reducir emisiones, a la vez que garantiza un suministro seguro en sectores que difícilmente podrán electrificarse, como el transporte pesado o determinadas ramas industriales. La Comisión Europea ha fijado como objetivo alcanzar una capacidad de 35 bcm de biometano en 2030, aproximadamente un 10% del consumo actual de gas en el continente. El reto es ambicioso, y persigue tanto metas climáticas como geopolíticas, en línea con la decisión de eliminar por completo las importaciones de gas ruso a partir de 2027.
En este contexto, Europa ya muestra avances tangibles. Entre 2022 y 2025, el número de plantas de biometano en la UE ha pasado de poco más de mil a 1.678, con un incremento del 46% en la capacidad instalada. Hoy se producen unos 7 bcm anuales, una cifra que, aunque notable, dista todavía de los 35 bcm fijados como objetivo comunitario para 2030. La Agencia Internacional de la Energía advierte de que, a pesar del interés inversor, los costes de producción continúan siendo más altos que los del gas fósil en muchos mercados, lo que obliga a mantener esquemas de apoyo claros y estables para que la industria pueda despegar de forma sólida.
España se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar esta ola inversora. El país concentra ya 4.800 millones de euros comprometidos en proyectos de biometano y cuenta con una producción futura esperada de 17,3 TWh al año, según el Biomethane Investment Outlook de la European Biogas Association. Sin embargo, todo ese potencial dista mucho de ser aún real. Por poner en contexto, al cierre de 2024 estaban en operación en España 9 instalaciones que produjeron solo 0,315 TWh de biometano en España, muy lejos de los más de 160 TWh/año que Sedigás estima que se pueden producir en el país.
Italia, el ejemplo europeo del biometano
El contraste con Italia es especialmente revelador. En 2018, el país apenas disponía de siete plantas conectadas a la red y en 2025 ya supera las 137 instalaciones, más de cien de ellas incorporadas el año pasado. Este crecimiento exponencial, que la convierte en el tercer productor europeo, se explica por una mezcla de urgencia y pragmatismo. Italia depende de forma crítica del gas natural, que representa en torno al 44% de su mix energético, según los datos de Ember, y durante años ha mantenido una fuerte dependencia de las importaciones de hidrocarburos desde Rusia. Esta vulnerabilidad estratégica llevó al Gobierno a situar el biometano en el centro de su política energética.
El Decreto Ministerial de Biometano del Ejecutivo italiano fue el instrumento decisivo. Ofreció subvenciones de hasta el 40% para la construcción de nuevas plantas o la reconversión de instalaciones de biogás, estableció tarifas fijas garantizadas durante quince años para la energía inyectada a red y organizó subastas periódicas que aseguraban precios en torno a los 120 €/MWh, muy por encima del coste medio del gas fósil.
Además de los incentivos tradicionales de inversión, Italia ha implementado recientemente medidas complementarias bajo los fondos Next Generation EU, que ofrece subvenciones a fondo perdido de hasta el 65% para proyectos que mejoren la sostenibilidad ambiental y la eficiencia de los sistemas de biometano. Para empresas que desarrollan y construyen plantas, estas ayudas representan una oportunidad para implementar tecnologías innovadoras de reducción de emisiones, optimización del uso del digestato y mejoras en la eficiencia energética.
A ello se añadió una normativa flexible en cuanto a materias primas, que permitió aprovechar residuos agrícolas, estiércoles, subproductos agroindustriales e incluso cultivos energéticos en determinados casos. De esta forma, el sector agroganadero pasó a ser un protagonista activo de la cadena de valor, integrando la producción energética con la gestión de residuos y la valorización de suelos.
Este modelo de éxito también enfrenta retos importantes. Por ejemplo, la mayoría de los proyectos incentivados a través de fondos europeos deben completarse antes del 30 de junio de 2026, un plazo muy ajustado para cerca de 450 plantas, lo que genera tensiones sobre la capacidad industrial y logística.
A pesar de estas dificultades, el potencial del mercado y la claridad del marco regulatorio continúan atrayendo inversiones significativas. Estos han sido factores decisivos que llevaron a Biorig, la división de gases renovables de Solarig, a anunciar una inversión de 300 millones de euros en el país hasta 2030. El plan prevé desarrollar y operar más de veinte plantas de biometano con una capacidad conjunta de alrededor de 1 TWh anual, equivalentes a 90 millones de metros cúbicos, suficientes para abastecer a 360.000 hogares italianos. Además de contribuir a la reducción de emisiones, estas instalaciones permitirán valorizar más de 1,5 millones de toneladas de residuos agroganaderos, generando fertilizantes orgánicos de alta calidad y reforzando la economía circular en los entornos rurales. Se trata de un modelo ya probado en España, donde Biorig está desplegando una cartera de más de veinte proyectos con una producción estimada de 3 TWh anuales.
Seguridad jurídica y apoyo: claves de éxito
La comparación entre ambos países pone de relieve un punto clave: mientras que Italia ha diseñado un marco normativo estable y ambicioso que combina incentivos a la inversión y seguridad en los ingresos, España ha centrado sus ayudas en reducir los costes de construcción de las plantas, pero no ha articulado un esquema de demanda que garantice precios mínimos estables ni contratos a largo plazo. Sin esa seguridad, las nuevas instalaciones españolas corren el riesgo de exportar parte de su producción hacia mercados más atractivos, en lugar de dirigir su producto a la industria nacional, desperdiciando así una oportunidad de reforzar la autonomía energética del país y dinamizar territorios rurales que necesitan nuevas vías de desarrollo.
Este punto es clave, ya que el biometano no es solo una herramienta de descarbonización, también una infraestructura clave para la reindustrialización europea y el apoyo a sectores estratégicos, como el mundo rural. Las plantas producen digestato, que puede transformarse en fertilizante orgánico y reducir la dependencia de químicos minerales, y generan CO₂ biogénico capturable, con usos en la industria alimentaria y química o en la producción de combustibles sostenibles para la aviación. Estos coproductos amplían el impacto de la tecnología, fortalecen la circularidad y multiplican los beneficios ambientales y económicos de su despliegue.
Un gas renovable ‘kilómetro 0’
En un escenario geopolítico incierto, disponer de un gas renovable autóctono, producido a partir de insumos locales y plenamente compatible con las redes existentes, refuerza la soberanía energética europea. No se trata únicamente de cumplir con objetivos climáticos, sino de garantizar seguridad de suministro, crear empleo en zonas despobladas y ofrecer nuevas oportunidades al sector primario y a la industria.
La lección que deja Italia es clara: el éxito del biometano no depende tanto del potencial técnico como de la existencia de un marco regulatorio estable y ambicioso. España cuenta con recursos abundantes y con un tejido empresarial capaz de liderar este sector. Sin embargo, sin una estrategia que combine incentivos a la inversión con un esquema de demanda que garantice estabilidad a los proyectos, nos arriesgamos a quedar rezagados en una carrera que avanza con rapidez.