La energía solar fotovoltaica avanza en España y en el mundo a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, seguimos gestionando el nuevo sistema eléctrico con normas diseñadas para otro tiempo. El rechazo al decreto antiapagones en el Congreso evidencia la urgencia de adaptar la regulación al nuevo modelo energético.
España ha experimentado en los últimos años un desarrollo fotovoltaico sin precedentes. Sólo en 2024 se incorporaron más de 6.000 megavatios de nueva capacidad conectada a red, lo que ha permitido que la fotovoltaica se convierta por primera vez en la principal tecnología del parque generador español en términos de potencia instalada, con más del 25% del total, superando incluso a la eólica, que tradicionalmente había liderado el mix. A esta cifra se suman los 1.431 megavatios en autoconsumo añadidos ese mismo año, que elevaron la potencia acumulada en esta modalidad a más de 8,5 GW instalados sólo en 2024. Nunca antes se había desplegado a este ritmo una tecnología renovable en nuestro país y este éxito no es aislado, sino reflejo de una tendencia global.
Una revolución energética global
A escala internacional, 2023 fue el año en que la energía solar se consolidó como la fuente que más creció en el mundo, superando incluso al conjunto de todas las demás tecnologías en nueva capacidad instalada. La Agencia Internacional de la Energía estima que, a este paso, la solar será en pocos años la principal fuente de generación a nivel global. El motor de este crecimiento ha sido la caída de costes. Desde 2009, la fotovoltaica ha reducido su precio en un 83%, un cambio tan disruptivo que resulta difícil encontrar paralelismos en otras industrias. Para comprenderlo mejor, podríamos imaginar que el modelo de teléfono más caro del mercado, hoy bastante por encima de 1.000 €, se vendiera en 2040 (con sus actualizaciones y novedades) por menos de 200 euros. Eso es lo que ha ocurrido con la energía solar: lo que hace 15 años era percibido como caro y minoritario, hoy es la forma más barata de producir electricidad.
Este éxito ha coincidido con un fenómeno paralelo, la expansión del vehículo eléctrico. Lo que antes era un nicho limitado a países como Noruega o mercados muy regulados como el de California, hoy es una realidad global. En España circulan ya más de 600.000 coches eléctricos y las matriculaciones de modelos electrificados crecieron un 45% en el primer trimestre de 2025 respecto al año anterior. Cada vez más hogares combinan una instalación de autoconsumo con un punto de recarga en su garaje, cerrando el círculo de la sostenibilidad y demostrando que la revolución energética no se limita a la generación, sino que se extiende también a la movilidad y al consumo cotidiano. Algo que, esperamos, ocurra también con la aerotermia, de forma que podamos ir electrificando nuestros usos térmicos, hoy mayoritariamente fósiles.
Normas del pasado para un sistema del futuro
Este cambio acelerado de nuestro mix renovable y, esperemos, también en el futuro de nuestro consumo, contrasta con la rigidez de una regulación que no se ha adaptado a la nueva realidad. España está gestionando un sistema eléctrico del siglo XXI (renovable, distribuido y participativo) con normas pensadas para un modelo centralizado y fósil propio del siglo XX. El rechazo en el Congreso al decreto antiapagones agravó antes del verano esa brecha. No se trata de un problema puntual fruto de la tensión entre partidos políticos, sino de un síntoma de fondo: seguimos regulando con esquemas antiguos un mix que ha cambiado de forma radical.
El gran apagón del pasado 28 de abril lo puso en evidencia. De inmediato se intentó culpar a las renovables, concretamente a la fotovoltaica, pero los datos desmienten esa versión. Ese día, la solar estaba generando más de la mitad de la electricidad del país, lo cual ha sido habitual sin que hubiera problemas en la red. Y fue la hidráulica, una energía renovable gestionable, la que permitió restaurar el suministro y devolver la estabilidad al sistema. El problema no es que la fotovoltaica haya crecido demasiado, dado que, a un ritmo de instalación alto, sigue lejos de las metas, sino que el resto de palancas de la transición no han avanzado al mismo ritmo.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece que el despliegue renovable debe ir acompañado por almacenamiento, electrificación de la demanda y flexibilidad en el consumo. Sin embargo, en estos ámbitos los avances han sido aún muy limitados. España ha instalado en tres años más de 24.000 megavatios de nueva potencia solar fotovoltaica (conectada a red y autoconsumo), pero apenas 25 megavatios de baterías. En la práctica, menos del 0,1% de la potencia solar cuenta con respaldo. Mientras tanto, el bombeo hidráulico, la tecnología más madura y eficiente para almacenar electricidad a gran escala, continúa sin una estrategia nacional definida ni mecanismos que permitan desarrollar su enorme potencial.
La consecuencia es un mercado eléctrico que en 2024 registró un 9% de horas con precios cero o incluso negativos. Este fenómeno, la forma más grave de la llamada “curva de pato”, no es síntoma de un exceso de renovables y de fotovoltaica, sino de una carencia de demanda, almacenamiento y flexibilidad. Las horas solares concentran una generación tan abundante que el precio se desploma, pero al caer el sol, sin respaldo suficiente, el coste puede multiplicarse por diez. Es un desequilibrio que compromete la rentabilidad de los proyectos, pero sobre todo que resta eficiencia a todo el sistema.
Electrificación: la gran asignatura pendiente
El otro gran reto es la falta de electrificación de la demanda. En España, la electricidad apenas representa el 25% del consumo energético final. Esto significa que, aunque el sistema eléctrico se acerca al 60% de generación renovable, en el cómputo global de energía, al sumar biocarburantes y renovables térmicas, el porcentaje de renovables se queda en torno al 20%. El transporte, la climatización y gran parte de la industria continúan anclados en los combustibles fósiles, lo que limita el alcance de la transición.
El estudio “El Momento de la Electrificación”, elaborado por NTT Data para APPA Renovables, demuestra con datos que electrificar es rentable. Una familia media que sustituya la caldera de gas por una bomba de calor, un coche convencional por un vehículo eléctrico y añada autoconsumo en su vivienda puede ahorrar más de 1.400 euros al año en energía. A escala industrial, los procesos electrificados son entre un 51% y un 61% más económicos que sus equivalentes fósiles, con retornos de inversión de apenas cuatro años. La electrificación no es sólo un imperativo ambiental, es también una estrategia de competitividad económica.
La expansión del vehículo eléctrico lo confirma. España terminó 2024 con unas 600.000 unidades en circulación y, aunque estamos muy lejos del objetivo del PNIEC de alcanzar 5,5 millones en 2030, la tendencia es positiva. Cada coche eléctrico sustituye a uno de combustión y, dado que el 77% de nuestra electricidad ya está descarbonizada si sumamos renovables y nuclear, cada sustitución equivale a una reducción inmediata de emisiones. Es un cambio con impacto directo tanto en la calidad del aire urbano como en nuestra factura de importaciones fósiles, especialmente alto por una política energética que no ha impulsado los biocarburantes hasta alcanzar su potencial.
Pero este proceso de electrificación no avanza al ritmo necesario. Mientras la generación renovable crece a velocidad récord, la demanda no acompaña. El resultado es un desequilibrio que genera precios extremos y que, en última instancia, limita el aprovechamiento de unas renovables que podrían ir mucho más allá en su contribución al país.
España y Europa: un espejo comparativo
El contexto europeo refuerza esta reflexión. España cerró 2024 con un 56,8% de generación eléctrica renovable, una cifra que se eleva hasta el 76,8% si incluimos nuclear. Esto permitió que las emisiones del sector eléctrico descendieran a 27 millones de toneladas de CO2, el nivel más bajo de la historia. Pero en paralelo, las interconexiones con el resto del continente siguen estancadas en niveles muy inferiores al 15% recomendado por Bruselas, lo que nos convierte en una isla energética.
Mientras tanto, otros países han tomado la delantera en almacenamiento. Reino Unido e Italia suman gigavatios en baterías a gran escala y España apenas contabiliza decenas de megavatios. Las previsiones de SolarPower Europe apuntan a que la capacidad de almacenamiento en Europa se multiplicará por seis entre 2025 y 2029, hasta alcanzar los 400 gigavatios hora. Si España no acelera, corre el riesgo de quedar rezagada en una de las tecnologías clave para la transición.
La lección es clara: la fotovoltaica no es el problema, es la gran oportunidad. El verdadero riesgo es no acompañarla con regulación, almacenamiento y electrificación.
Regular la transición con visión de futuro
La transición energética española ha demostrado que puede liderar el despliegue renovable. En pocos años hemos pasado de discutir si la fotovoltaica era viable a convertirla en la tecnología con mayor potencia instalada del mix. Hemos reducido los costes hasta niveles que parecían imposibles y hemos demostrado que las renovables pueden sostener un sistema eléctrico moderno y fiable. Pero todo este esfuerzo puede verse limitado si seguimos gestionando el siglo XXI con normas del siglo XX.
El rechazo al decreto antiapagones debe interpretarse como una llamada de atención. No podemos seguir aplazando una reforma normativa que adapte nuestro sistema a la nueva realidad. España necesita un marco regulatorio que incentive el almacenamiento, que promueva la electrificación de los consumos fósiles y que simplifique de una vez la gestión de excedentes en autoconsumo. Necesitamos modernizar la planificación de redes, agilizar los trámites y dotar de estabilidad a las inversiones.
El futuro de nuestro sistema energético no está en discusión: será renovable, será distribuido y será participativo. La pregunta es si queremos liderar ese futuro o limitarnos a gestionarlo con reglas obsoletas. La fotovoltaica ha demostrado que puede ser el motor del cambio. Lo que necesitamos ahora es una regulación que esté a la altura del reto. Si lo conseguimos, España no solo cumplirá sus objetivos climáticos, sino que se convertirá en un referente mundial de competitividad y sostenibilidad.