Incorporar a la ciudadanía en la financiación de proyectos renovables no solo mejora la aceptación social del despliegue energético. También permite redistribuir los beneficios, legitimar los proyectos y hacerlos más sostenibles en el tiempo.
El despliegue de energías renovables en España avanza a gran velocidad, impulsado por los objetivos del PNIEC y el contexto internacional. Sin embargo, su implantación en el territorio no está exenta de tensiones sociales y resistencias, especialmente en entornos rurales. La participación ciudadana en los proyectos se está consolidando como una vía efectiva para revertir esta situación: involucra a la población local, reparte beneficios, mejora la percepción del impacto y acelera la ejecución de los proyectos.
Este modelo permite que personas particulares, desde inversiones modestas, participen en la financiación de plantas solares o eólicas y obtengan un retorno económico a cambio. Además, conecta emocionalmente a la ciudadanía con la transición energética y contribuye a democratizar un sector históricamente concentrado en grandes actores institucionales.
La plataforma Fundeen ha canalizado ya más de 14 millones de euros hacia 28 proyectos de generación renovable, con más de 2 millones de euros repartidos en beneficios a más de 4.500 coinversores. El ticket medio de inversión se sitúa en 2.500 euros, lo que demuestra que se trata de un modelo accesible y replicable. Esta experiencia práctica ha permitido extraer conclusiones claras sobre el impacto de este modelo: genera aceptación local, acelera procesos de tramitación y aporta legitimidad social a los desarrollos renovables.
Según el informe "Inversión ciudadana en proyectos renovables en España", recientemente publicado por Fundeen, el 75 % de los inversores particulares valoran positivamente poder invertir en proyectos cercanos a su lugar de residencia. Además, un 68 % indica que, más allá del retorno económico, su decisión de invertir está motivada por el deseo de contribuir al desarrollo sostenible de su entorno.
En Europa, países como Francia, Alemania o los Países Bajos llevan más de una década promoviendo la participación ciudadana como pilar estructural del despliegue renovable. En España, este enfoque empieza a incorporarse en diversas normativas autonómicas, como en Baleares, Cataluña, Navarra o Galicia. Además, algunos concursos públicos ya incluyen la participación ciudadana como criterio de valoración.
Sin embargo, el análisis normativo del informe revela una implementación desigual. Algunas regulaciones restringen la participación a estructuras de capital (equity), limitando su alcance y atractivo. Otras no definen con claridad quién puede considerarse inversor local o imponen condiciones poco viables en plazos o rentabilidad.
Para desbloquear todo el potencial del modelo, existen posibles soluciones como: permitir también la financiación mediante instrumentos de deuda (crowdlending), ya regulados en la Ley de Mercado de Valores, establecer una definición operativa y coherente de "inversor local", garantizar una difusión efectiva de las ofertas de participación o acompañar el modelo con incentivos fiscales o avales públicos que reduzcan el riesgo percibido.
Además, la tecnología juega un papel clave. Las plataformas digitales permiten segmentar las ofertas, automatizar procesos, verificar identidad y origen de fondos, y cumplir con toda la regulación europea, incluyendo MiFID II y la normativa de financiación participativa. Esta infraestructura reduce las barreras de entrada y mejora la experiencia tanto para promotores como para inversores.
Los datos lo avalan. Algunos proyectos han recaudado hasta 2 millones de euros en menos de una semana. Y en zonas donde existía oposición inicial, la apertura a la inversión ciudadana ha revertido por completo la percepción social del proyecto.
En definitiva, no se trata solo de diversificar las fuentes de financiación. Se trata de construir proyectos energéticos con legitimidad social, arraigo territorial y beneficios compartidos. Porque la transición energética no puede imponerse desde fuera, tiene que construirse desde dentro. Y la participación ciudadana es una de las formas más eficaces de lograrlo.