España encara un despliegue masivo de baterías, pero necesita marcos retributivos estables, un mercado de capacidad operativo y ‘permitting’ ágil para convertir cartera en activos financiables.
España vive uno de los momentos más decisivos de su transición energética. Nunca antes había contado con una base renovable tan sólida ni con una capacidad de generación tan competitiva, y, sin embargo, el sistema empieza a mostrar síntomas claros de estrés. Precios cero y negativos cada vez más frecuentes, vertidos crecientes y una volatilidad que erosiona la rentabilidad de los activos y evidencian una realidad incuestionable: generar energía limpia ya no es suficiente, necesitamos gestionarla. En este nuevo contexto, el almacenamiento energético ha dejado de ser una tecnología complementaria para convertirse en una infraestructura crítica. La cuestión ya no es si España necesita baterías, sino qué condiciones debe crear para transformar su enorme potencial en proyectos reales, rentables, financiables y operativos, y así liderar el almacenamiento energético en Europa.
A escala global, la carrera del almacenamiento ya ha comenzado. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia o Chile han entendido que el despliegue masivo de renovables solo es viable si se acompaña de soluciones de flexibilidad capaces de absorber excedentes, desplazar energía en el tiempo y aportar estabilidad al sistema. En estos países, el debate ya no gira en torno a la tecnología, sino en torno a la capacidad de estructurar proyectos con ingresos claros, cerrar financiación y transferir activos a inversores con visibilidad a largo plazo. El capital internacional fluye hacia aquellos entornos donde el marco regulatorio reduce la incertidumbre y permite ejecutar proyectos con plazos y retornos previsibles. España compite directamente con estos países por ese mismo capital.
Desde el punto de vista del desarrollo, España parte de una posición privilegiada. Nuestro país es hoy uno de los mayores polos de proyectos BESS en desarrollo del mundo, con centenares de iniciativas en distintas fases de tramitación alineadas con el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de alcanzar un total de 22,5 GW de almacenamiento en 2030. Sin embargo, esta gran cartera en desarrollo no equivale automáticamente a liderazgo real. Para quienes trabajamos en el sector, la diferencia entre un proyecto anunciado y uno que alcanza construcción y cierre financiero es determinante. El riesgo actual no es la falta de ambición, sino la acumulación de proyectos en un embudo administrativo y regulatorio que amenaza con frenar su materialización efectiva, así como la ausencia de marcos retributivos adecuados y equivalentes a los de otros países europeos.
El ‘permiting’ va un paso por detrás de la tecnología
El principal freno al almacenamiento en España no es tecnológico. Las baterías han alcanzado un grado de madurez elevado, con costes en descenso y soluciones industriales estandarizadas. El verdadero desafío está en el marco regulatorio y retributivo. Hoy, la financiación de los proyectos de baterías suele exigir contratos de tolling (alquiler de capacidad) con ingresos asegurados durante 5 a 10 años que laminan su potencial. Y en el hipotético caso de proyectos con ingresos 100% merchant, los ingresos asociados al arbitraje horario y a los servicios auxiliares no suelen ser suficientes para alcanzar una rentabilidad suficiente y equivalente a la de otros países europeos. En este contexto, la necesidad de un mercado de capacidad plenamente operativo es acuciante para dar certidumbre estructural a los flujos de ingresos. Desde la perspectiva del desarrollo y la financiación, esta falta de visibilidad complica la bancabilidad de los proyectos y limita su capacidad para atraer inversión a largo plazo. A ello se suma un tratamiento regulatorio que, en muchos casos, sigue equiparando a las baterías con tecnologías de generación convencional, sin reconocer y remunerar plenamente su valor sistémico.
El tiempo se ha convertido, además, en un factor crítico. Un proyecto que se dilata demasiado en su tramitación deja de ser competitivo. En un entorno de inflación elevada y coste de capital exigente, los retrasos administrativos erosionan la rentabilidad esperada y aumentan el riesgo percibido por financiadores e inversores. La saturación de los nudos de acceso y conexión, la disparidad de criterios entre comunidades autónomas y la ausencia de vías rápidas específicas para el almacenamiento contrastan con la velocidad a la que avanza el despliegue renovable. No es casual que la Comisión Europea haya instado recientemente a España a acelerar la tramitación de proyectos de red y almacenamiento, identificándolos como infraestructuras estratégicas para la seguridad energética del continente.
Las baterías maduran y están listas para dar sus frutos
Pese a todo, hay razones para el optimismo. Los costes de inversión se han reducido de forma significativa, especialmente en los contenedores de baterías, y los proyectos en estado ready to build alcanzan ya valoraciones que reflejan una mayor confianza en su ejecución. Al mismo tiempo, los modelos financieros se van sofisticando. La combinación de arbitraje, servicios de ajuste y -previsiblemente- capacidad permitirá construir escenarios de ingresos más robustos. Esto reactiva el interés de fondos de infraestructuras y capital institucional, siempre que el marco regulatorio acompañe.
Desde la óptica de la originación, el almacenamiento no debe entenderse únicamente como un activo independiente, sino como una herramienta estratégica de diseño y estructuración de proyectos renovables. Hibridar activos con baterías permite reducir vertidos, mitigar la canibalización de precios y mejorar el perfil de ingresos de la generación. No es casual que, mientras los contratos de compraventa de energía a largo plazo tradicionales atraviesan un momento de ajuste, estén surgiendo nuevas fórmulas contractuales vinculadas específicamente al almacenamiento, con esquemas de reparto de ingresos o acuerdos de tolling. El BESS se consolida así como un facilitador financiero que amplía el valor de los activos renovables y ofrece soluciones más atractivas en unos mercados eléctricos cada vez más complejos.
Un soplo de aire fresco para acelerar la descarbonización
El liderazgo en almacenamiento energético, además, va más allá del sistema eléctrico. Se trata también de una oportunidad industrial. Europa está reforzando su cadena de valor de baterías y movilidad eléctrica, y España aparece como uno de los destinos más atractivos para nuevas inversiones industriales. La combinación de recursos renovables competitivos, capacidad de desarrollo de proyectos, talento técnico y respaldo político sitúa a nuestro país en una posición privilegiada para capturar valor a lo largo de toda la cadena de valor, desde el desarrollo y la financiación hasta la fabricación, integración y reciclaje de baterías.
España se encuentra ante una encrucijada histórica. Puede conformarse con ser un país con grandes cifras anunciadas o aspirar a convertirse en un verdadero referente europeo en almacenamiento energético, medido en activos construidos, financiados, remunerados y operativos. La tecnología está disponible, el capital existe y la necesidad del sistema es evidente. El liderazgo no se asentará en planes y objetivos ambiciosos, sino que se demostrará en los proyectos que pasan del papel a la realidad. Para lograrlo, más que nunca, hace falta transformar la ambición en certidumbre.