El sector renovable en España afronta un escenario complejo marcado por vertidos crecientes, precios negativos y falta de estabilidad política. EY señala que sin soluciones estructurales como el almacenamiento o mayor demanda eléctrica, muchos proyectos fotovoltaicos corren el riesgo de no materializarse.
El sector fotovoltaico, y en general las energías renovables, está envuelto en un verdadero cambio de paradigma. Hace muy poco tiempo estábamos en un mundo en el que la carrera por conseguir un punto de acceso y conexión era el centro de los problemas, y generaba la mayor necesidad de regulación. En ese momento, la incorporación de potencia renovable al sistema era una prioridad y las restricciones y los precios negativos eran absolutamente desconocidos.
Ahora el escenario es otro bien distinto. Entre otros problemas acuciantes para el sector fotovoltaico, podemos destacar el impacto tan relevante que están teniendo los vertidos por restricciones (que alcanzaron según REE a un 10% de la energía renovable producida en julio y un 6% en agosto) y la cada vez más frecuente presencia de escenarios de precio muy tensionados, con precios negativos o cero en muchas horas. Como consecuencia de las dos circunstancias apuntadas, resulta que la financiación de los proyectos fotovoltaicos cuya tramitación se ha iniciado resulta muy compleja, y es posible anticipar que difícilmente alcanzará al gran número de proyectos todavía pendientes.
El análisis del panorama actual no sería relevante si además no se tuviera en cuenta el impacto que genera la falta de estabilidad política, como hemos podido ver en la reciente no convalidación del Real decreto-ley 7/2025. El hecho de que muchas de las posibles soluciones requieran normas de rango legal y que no sea posible tener una mínima seguridad de contar con los apoyos necesarios para aprobar tales normas, es otro de los problemas del sector, por más que este sea un problema común a muchos otros sectores.
Desde el lado de las soluciones, podemos proponer las siguientes. En primer lugar, creemos que el legislador (con las dificultades expuestas) no solo debe flexibilizar el calendario de hitos de puesta en marcha, sino que debería además proponer una puerta de salida para la gestión adecuada de los cientos de proyectos cuya viabilidad financiera, en el escenario de precios actual, no parece posible. Es cierto que los avales presentados tenían precisamente por objeto garantizar la seriedad de los proyectos, y no ignoramos el efecto de pérdida de auctoritas regulatoria que supondría una medida como esta. Pero es forzoso reconocer que las garantías se exigieron y se prestaron en un momento en el que el propio regulador (véase la propia actualización del PNIEC publicada en 2024) esperaba un escenario distinto. Limitarse a dar extensiones sobre extensiones no soluciona el problema, congela recursos (públicos y privados) y genera una gran incertidumbre.
En segundo lugar, debe impulsarse decididamente el almacenamiento. Regulatoriamente las medidas incluidas en el borrador de real decreto que sustituye al Real decreto-ley derogado son un buen inicio, pero deberían complementarse dando al almacenamiento un tratamiento integral y específico desde el acceso y conexión hasta la puesta en marcha, no bastando el “parcheado” de normas preexistentes. Además, debe impulsarse, cuanto antes, la celebración de las prometidas subastas de capacidad, que deben reservar un apoyo financiero específico para nuevas instalaciones de almacenamiento hibridado, apoyo que debe ser lo suficientemente amplio para producir un verdadero efecto. El almacenamiento es la solución más fácil y eficiente para equilibrar las curvas de precios y evitar vertidos, y el interés general presente en su despliegue debe conllevar su consideración como de utilidad pública.
Por último, no puede dejarse de lado el objetivo de incrementar de manera relevante la demanda eléctrica a través de proyectos de transformación industrial que consoliden la senda de reducción de emisiones de ese sector y que coadyuven desde el punto de vista de la generación, a proporcionar una mayor estabilidad de precios. Tanto el apoyo financiero público a la firma de PPAs renovables, como el apoyo a la electrificación desde otros mecanismos (por ejemplo, las recientes subastas de CFDs de carbono en Alemania) son posibles elementos que proporcionarán a medio plazo una mayor estabilidad de la demanda. Y todo ello sin olvidar la necesidad de flexibilizar el proceso de inversión en redes de transporte y distribución. Como puede verse, hay mucho que hacer.