Hasta ahora, el sistema CAE ha operado principalmente en entornos industriales y en grandes proyectos, donde la capacidad técnica, administrativa y financiera permite absorber su complejidad. Sin embargo, el verdadero potencial transformador del mecanismo está en su capacidad para llegar a miles de ayuntamientos, edificios públicos, comunidades de vecinos y hogares. Es ahí donde se concentra una parte muy significativa del consumo energético, pero también donde los procedimientos actuales muestran sus límites. Si el sistema CAE quiere cumplir plenamente su función como palanca de la transición energética, debe adaptarse para ser verdaderamente capilar.
Un sistema que necesita ganar en escala
La capilaridad no es una cuestión menor ni un reto técnico más. Es el factor que determina si el sistema CAE se convierte en una política pública estructural o si queda limitado a un nicho de proyectos complejos y operadores especializados. Para avanzar hacia una aplicación más generalizada, especialmente en el ámbito del sector público y el residencial, resulta imprescindible revisar la operativa actual.
Hoy, muchos pequeños y medianos proyectos se enfrentan a barreras desproporcionadas: exigencias documentales excesivas, fichas técnicas poco adaptadas a actuaciones estandarizadas, procesos de verificación largos y heterogéneos según la comunidad autónoma o plataformas digitales que no siempre están preparadas para gestionar volúmenes elevados de expedientes. Todo ello limita la entrada de actores que, precisamente, son los que permitirían multiplicar el impacto del sistema.
Si queremos que un cambio de luminarias en un colegio público, la rehabilitación energética de un edificio municipal o la sustitución de una caldera en una comunidad de vecinos puedan beneficiarse del sistema CAE de forma ágil, es imprescindible avanzar hacia una mayor simplificación, digitalización y estandarización. Sin estos cambios, la implantación masiva del sistema será inviable.
El papel clave de los Sujetos Delegados
En este proceso de adaptación, los Sujetos Delegados desempeñan un papel absolutamente estratégico. No son simples intermediarios administrativos. Son operadores especializados que, desde la práctica diaria, conocen en profundidad cómo funciona el sistema, dónde se producen los cuellos de botella y qué ajustes son necesarios para hacerlo más eficiente.
Su experiencia acumulada en la tramitación de expedientes les permite detectar ineficiencias, incoherencias en las fichas técnicas o problemas en los procedimientos de verificación que, de otro modo, pasarían desapercibidos. Pero lo más relevante es que este conocimiento no se queda en el ámbito interno: se canaliza a través de ASDAE, la Asociación Nacional de Sujetos Delegados, que actúa como plataforma colectiva para proponer mejoras, compartir buenas prácticas y colaborar con la Administración en la evolución del sistema.
Gracias a este trabajo conjunto, en muchos casos han sido los propios Sujetos Delegados quienes han identificado errores o disfunciones que incluso podían haberles beneficiado a corto plazo, y han optado por trasladarlos a la Administración para su corrección. Esa actitud refleja una apuesta clara por construir un sistema robusto, equitativo y sostenible en el tiempo, capaz de generar confianza en todos los agentes implicados.
Una hoja de ruta compartida
Este espíritu de mejora continua se plasmó de forma muy clara en el reciente Foro CAE 2026, organizado por ASDAE, que reunió a los órganos gestores de distintas comunidades autónomas, del Ministerio, sujetos delegados, sujetos obligados y verificadores. Uno de los resultados más relevantes de ese encuentro fue la presentación del Decálogo de propuestas de ASDAE, un documento que recoge las prioridades del sector para consolidar el sistema y reforzar su credibilidad.
El Decálogo de ASDAE nace como propuesta estructurada para resolver los principales problemas operativos y jurídicos que actualmente limitan la escalabilidad del sistema. Entre sus diez puntos se incluyen medidas como el establecimiento de plazos máximos para liquidaciones y emisiones, incorporando el silencio administrativo para evitar expedientes en el limbo; la mejora y digitalización de la plataforma del Ministerio; la clarificación de funciones entre Ministerio, verificadores y gestores autonómicos; la creación de un comité de arbitraje técnico; o la estandarización de criterios y tiempos de inspección en todas las comunidades autónomas.
Desde el punto de vista jurídico, el Decálogo también plantea la necesidad de publicar aclaraciones oficiales sobre la Orden TED/815/2023 y el Real Decreto 36/2023, mediante guías interpretativas que aporten seguridad jurídica a los operadores. Y desde una perspectiva estructural, propone revisar el umbral mínimo para que los Sujetos Obligados puedan solicitar CAEs directamente, vinculándolo a criterios de capacidad técnica y solvencia.
No obstante, uno de los puntos más relevantes para el futuro del sistema es el que se refiere explícitamente a la Administración Pública, es decir, facilitar la emisión de CAEs mediante modelos claros y casos prácticos que eviten la exclusión de proyectos públicos por falta de encaje procedimental. Es ahí donde el sistema puede empezar a desplegar todo su potencial.
Medir, verificar y digitalizar para poder crecer
Durante el Foro, los órganos gestores autonómicos y representantes de la Subdirección General de Eficiencia Energética coincidieron en una idea esencial: el sistema debe crecer sin perder rigor. Compartir buenas prácticas, reforzar una digitalización útil basada en datos estructurados y validaciones automatizadas, y simplificar procesos allí donde la escasez de medios limita la agilidad administrativa son condiciones indispensables para que el sistema pueda escalar.
En este contexto, se puso especialmente en valor el buen funcionamiento de las fichas de pequeños ahorros, una herramienta clave para impulsar actuaciones masivas centradas en el ciudadano, así como la necesidad de contar con sistemas de información comparables que permitan evaluar resultados y extender las prácticas más eficientes.
Un sistema preparado para llegar al ciudadano
El sector público y el residencial representan una parte sustancial del consumo energético y, por tanto, del potencial de ahorro. Pero también son los ámbitos donde la fragmentación, la falta de capacidad técnica y las restricciones administrativas son mayores. Si el sistema CAE consigue adaptarse a esta realidad, su impacto puede multiplicarse.
Esto exige procedimientos pensados para la repetición y el volumen, fichas técnicas alineadas con actuaciones habituales, plataformas digitales capaces de gestionar miles de expedientes sin fricciones y esquemas de verificación que mantengan el rigor sin convertirse en un cuello de botella. En todo ese proceso, los Sujetos Delegados y ASDAE están llamados a desempeñar un papel vertebrador, aportando conocimiento, profesionalización y una interlocución técnica estable con la Administración.
De cara a 2026, el sistema CAE tiene por delante una oportunidad estratégica. Consolidar lo logrado, corregir ineficiencias y avanzar hacia una mayor capilaridad son los grandes objetivos. Se prevén avances normativos que faciliten la tramitación de proyectos recurrentes o tipologías ya estandarizadas, así como un refuerzo de los sistemas de información y de los mecanismos de verificación.
Insistimos. Los Sujetos Delegados no somos solo operadores del sistema, sino también co-arquitectos de su evolución. Nuestro conocimiento técnico, nuestra experiencia operativa y nuestra voluntad de cooperación están siendo determinantes para construir un modelo más transparente, eficaz y alineado con los objetivos de eficiencia energética y descarbonización.
El sector público y el residencial representan hoy el principal desafío de desarrollo del sistema CAE. Que ese potencial se traduzca en resultados dependerá de nuestra capacidad colectiva para adaptar las reglas, profesionalizar los procesos y dotar al sistema de mayor seguridad jurídica y operativa. Desde ASDAE seguiremos aportando conocimiento técnico y experiencia de campo para que el sistema CAE gane en accesibilidad, homogeneidad y fiabilidad, y pueda consolidarse como una herramienta estructural de la política de eficiencia energética en España.
Artículo escrito por:
Elena González Sánchez
, presidenta de
ASDAE - Asociación Nacional de Sujetos Delegados para los Certificados de Ahorro Energéticos
