Finaliza un año en el que se ha hablado mucho de electricidad. Sobre todo, desde mediados de 2021, cuando los precios de las energías – electricidad, gas y derivados del petróleo- han subido continuamente y no parece que vayan a parar. Este asunto tiene unas consecuencias que repercuten a los estados, las empresas y los ciudadanos pero, sobre todo, queda patente la urgencia de empezar con la transición ecológica cuanto antes.
El 70% de los gases de efecto invernadero (GEI) los aporta nuestra forma de extraer, producir, transportar y consumir energía fósil, por lo que resulta evidente que la transición energética es la parte esencial de la transición ecológica y que la respuesta es electrificar nuestros consumos de energía a través de fuentes de origen renovable.
La transición ecológica supone la necesidad de solapar el modelo actual y el modelo futuro, el que se apaga y el que se enciende y, en este contexto de transformación, como en toda crisis o transformación, surgen especuladores y ventajistas: estados que quieren sacar el mejor de los partidos a sus activos en descenso para obtener ventajas geopolíticas, y empresas que tratan de obtener la mayor ganancia posible: unas desde el antiguo modelo fósil, otras con el nuevo modelo renovable, y algunas aprovechando las inevitables disfunciones o ineficiencias regulatorias propias de estos periodos de cambio acelerado.
La transición energética es necesaria y urgente, pero eso no debe ser sinónimo de precipitación, sino todo lo contrario, ya que exige un cuidado exquisito en la toma de decisiones, puesto que los aciertos y los errores tendrán una gran repercusión en el futuro: en la economía del país, en el bienestar social y en nuestros territorios.
Paradójicamente, en plena transición energética, nos encontramos a merced de dos productos -gas y petróleo- que no tendrán sitio en Europa llegados a 2050. Las energías renovables, particularmente la energía eólica y la fotovoltaica, han transformado el mundo ofreciendo energía limpia, autóctona e inagotable. Las personas tenemos la posibilidad de disfrutar de dicha energía en los lugares que cuenten con abundante viento y un número extraordinario de horas de sol, como es el caso de España. Estas características hacen que nuestro país tenga la posibilidad de ser independiente geoestratégicamente, con bienestar para sus ciudadanos y con unas ventajas competitivas para sus empresas, que de la necesidad de descarbonizar sus economías habrán podido alcanzar la virtud de encontrar un importante progreso.
Especialmente, la energía fotovoltaica es una tecnología que, por sus características, ofrece mayores ventajas cuando los puntos de generación están próximos a los de consumo. En parques de potencia igual o menor a 3 MW las pérdidas de energía que se producen desde la generación al consumo se minimizan, y los costes del sistema eléctrico y la factura de la luz se reducen. Desde Anpier, siempre hemos defendido que estas redes de distribución de hasta 36 kV, que suministran un 75% del consumo total y tan solo conectan un 9% de la generación total, deberían reservar la totalidad de su capacidad de conexión a instalaciones de potencia inferior o igual a 3 MW, que ocupan menos de cinco hectáreas.
La Unión Europea pretende con su nuevo marco normativo energético colocar al ciudadano en el centro de la transición energética. Esta declaración de intenciones ha de plasmarse en los marcos normativos estatales para ser efectiva y sincera. Si no se pone por escrito en el papel en forma de norma, no realizaremos una transición realmente social y justa y continuaremos con el modelo sin acceso a las redes por parte de las pequeñas iniciativas. Para que el ciudadano sea el centro de la transición energética debe tener no solo un adecuado acceso al autoconsumo sino también a la venta de energía si lo desea, o a no implicarse en ninguna de estas actividades y disfrutar de un suministro descarbonizado, universal y a precios razonables.
Antes, con una generación muy concentrada en grandes plantas de ciclo combinado de gas o nucleares, solo se podía recurrir a los modelos de suministro a través de grandes transformadores y redes de alta tensión para transportar electricidad de una punta a otra del país. Ahora, es posible que este modelo se complemente con generación distribuida fotovoltaica que es más eficiente y está al alcance de pymes y ciudadanos como generadores.
En este sentido, desde Anpier pedimos que el cambio energético sirva para romper con esta dirección histórica de favorecer los intereses de unas pocas empresas con tendencias oligopolistas, y permita abrir el mercado eléctrico a la sociedad en general y a las pymes en particular. La adaptabilidad y sencillez tecnológica que ofrece la fotovoltaica permiten al ciudadano la posibilidad de gestionar su propia energía o participar del mercado eléctrico suministrando a través de las redes de distribución. Sin embargo, no debemos olvidar la barrera regulatoria, un campo en el que no solo promueve esta transformación en la propiedad para retener riqueza en los territorios, sino que ha realizado diversas aportaciones para favorecer la materialización de esta gran oportunidad.
Los parques fotovoltaicos pequeños fijan riqueza en el territorio y aportan ventajas al sistema eléctrico y a los propios consumidores. Los parques de gran tamaño son más rentables, para sus propietarios, porque se benefician de las economías de escala en instalación, operación y mantenimiento; pero estos macro parques son menos ventajosos para las economías y los entornos locales, dado que han de transportar la enorme producción que generan -puesto que no se puede consumir tanto volumen en proximidad-, lo cual supone pérdidas de energía y costes añadidos, que se han de soportar a través de la factura de la luz.
Recordamos que, desde nuestra organización, no estamos en contra de que se instalen los macro parques que sean realmente precisos para garantizar la transición energética y en las localizaciones más oportunas. Ahora bien, los parques pequeños en redes de tensión inferior a 36 kV no aumentarían el coste de distribución de la nueva energía renovable que se incorpore al sistema, ni producirían, por innecesario, su transporte a grandes distancias, que ha de realizarse a través de las redes de alta tensión de Red Eléctrica Española, con lo que también sería prescindible elevar a través de transformadores la tensión de la energía que se produce.
Es importante advertir que el impulso para autoconsumos y comunidades energéticas locales debe darse cuanto antes, pero tutelado por las administraciones, para evitar una innecesaria y peligrosa sobreinstalación de potencia de generación, que no beneficia a nadie, puesto que la demanda de energía eléctrica es limitada, y lo eficiente –y sostenible- es armonizar la potencia disponible con necesidades reales del país, con los márgenes necesarios para garantizar el suministro.
Igual de importante que apostar por el autoconsumo, es apostar también por la venta de energía. El autoconsumo es ahorro y la generación de energía eléctrica para venta son ingresos, por ello, no debe priorizarse una y negarse la otra cuando pueden convivir en armonía en el sistema. Es muy lícito que se ofrezcan ayudas para el autoconsumo, pero también se debería dar la oportunidad a la ciudadanía y, sobre todo, a las pymes de comercializar producción de electricidad. De esta manera, se está consiguiendo todo lo contrario entregando el sector de la producción de electricidad en manos de los grandes desarrollos que, en muchos casos, emprenden multinacionales con capital extranjero, entre otras cosas porque el autoconsumo es y será una pequeña parte del consumo de energía eléctrica.
El sistema eléctrico está preparado para este cambio. En este momento, si a las reservas de gas y petróleo añadimos la potencia instalada de las diferentes tecnologías de generación renovable en el mundo, llegaremos a la conclusión de que jamás en la historia tuvimos tanto potencial de producción energética por habitante.
Está claro que el presente y el futuro de la generación de energía es y será renovable, pero debemos poner el foco en que eso no es suficiente porque también debe ser social. Es importante recordar que la tecnología fotovoltaica en nuestro país ha madurado gracias a las 62.000 familias españolas, que hace una década fueron llamadas por el Estado para que destinaran sus ahorros a desarrollar esta modalidad de generación y a contribuir a la transición energética para luchar contra el cambio climático, pero que, sin embargo, fueron mediáticamente estigmatizados y económicamente castigados. En este inminente año 2022, uno de los puntos importantes para el Gobierno será saldar la deuda con los pioneros de la generación fotovoltaica y cumplir así el compromiso que recogen en su programa de Gobierno, que prevé compensar el dolor de los abusivos recortes retroactivos que ha soportado este colectivo.
Artículo escrito por:
Miguel Ángel Martínez-Aroca
presidente de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER)
