En 2024, la puesta en marcha de nuevos proyectos de biogás o biometano ha sido mínima, y el número de plantas que inyectan biometano a la red se mantiene alarmantemente bajo: apenas 11 en total. Esta cifra palidece en comparación con los más de 1.500 plantas operativas en Europa. Aunque algunos proyectos han logrado avanzar o están próximos a completarse, su número es notablemente menor frente a la cantidad de iniciativas que siguen bloqueadas por trámites administrativos o barreras significativas.

Un punto positivo que merece ser destacado es el compromiso de varias administraciones autonómicas. Comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana han impulsado sus propios planes para fomentar este gas renovable. Este apoyo regional contrasta con la situación a nivel nacional, donde sigue faltando un marco claro y decidido de apoyo. La ausencia de incentivos a la producción y la inversión, la carencia de facilidades para conectar los proyectos a la infraestructura energética, y unos objetivos nacionales limitados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), no alineados con la estrategia de la Comisión Europea, no hacen justicia al inmenso potencial de España en este sector.

La oposición social ha sido un factor relevante en 2024, con numerosos proyectos enfrentando contestación. Esto resalta la necesidad de mejorar la colaboración entre administraciones, promotores, y actores sociales y medioambientales. Aunque el objetivo es una economía descarbonizada y sostenible, la falta de consenso frena iniciativas clave. La Asociación Española de Biogás (AEBIG) subraya la importancia de promover un diálogo constructivo, con información rigurosa, para superar estos retos y avanzar hacia un marco colaborativo.

Internamente, el sector también enfrenta problemas que deben resolverse. Una práctica preocupante ha sido la inflación del valor de los residuos agroalimentarios, que ha llevado a algunos generadores a percibirlos como recursos excepcionalmente valiosos. Esta situación ha provocado ofertas económicamente insostenibles por residuos, lo que contradice el principio de “quien contamina paga”. Abordar esta distorsión será crucial para garantizar la sostenibilidad del sector a largo plazo.

A pesar de los desafíos, el futuro del biogás y el biometano sigue siendo alentador. Numerosas iniciativas están en desarrollo o tramitación y, de materializarse, podrían convertirlos en un motor clave para la transición energética de España. Este recurso tiene el potencial de generar energía renovable, reducir emisiones, gestionar residuos eficientemente y fomentar la producción de biofertilizantes. Además, es un pilar fundamental para una economía circular, especialmente en zonas rurales.

Es esencial que España se alinee con la estrategia de la Comisión Europea y tome como referencia otros países europeos donde el biogás ha alcanzado un desarrollo pleno. En esos países, una red de plantas pequeñas y medianas gestiona residuos locales, produce energía renovable y apoya la descarbonización bajo un marco incentivador estable. Este enfoque ha demostrado ser beneficioso para el medioambiente y las economías locales.

De cara a 2025, es imprescindible que el biogás y el biometano sean una prioridad en la agenda del Gobierno para la transición ecológica. Esto requiere un compromiso firme que se traduzca en un marco normativo claro, incentivos específicos y apoyo decidido a las inversiones. Solo así España podrá consolidar un mercado de gas renovable competitivo, capaz de contribuir significativamente a la descarbonización y la independencia energética.

El biogás no es solo una tecnología, es una oportunidad estratégica para construir un modelo energético sostenible y resiliente. El potencial está ahí; ahora es el momento de que España dé el paso decisivo para no volver a perder, una vez más, el tren del progreso.