Juan Virgilio Márquez, director general de AEE

La energía eólica finaliza el 2023 como la primera tecnología del sistema eléctrico en España, con una cobertura del 25% de la electricidad que consumimos, y más de 30 GW instalados en territorio español. La Asociación Empresarial Eólica ha presentado recientemente los principales indicadores macroeconómicos del sector eólico que aportan una visión global de su aportación a la economía española. 

Uno de estos indicadores clave hace referencia al ahorro para los consumidores por el efecto reductor de la energía eólica, que permite ahorrar a los españoles 7.358 millones de € (31,25 €/MWh), debido a la reducción en el precio del pool del mercado eléctrico.

Además, el sector eólico supone el 0,50% del PIB en España, genera más de 39.000 empleos, exporta más de 2.500 millones de euros y ahorra 6.492 millones de euros en la importación de combustibles fósiles. Gracias a la eólica, se evita la emisión a la atmósfera de 32 millones de toneladas de CO2.

El sector eólico es estratégico para la economía y la autonomía industrial y tecnológica de nuestro país. España cuenta con el 100% de la cadena de valor eólica y se encuentra entre los líderes mundiales en la fabricación y exportación de aerogeneradores con más de 250 centros industriales. Si cumplimos los objetivos indicados en el PNIEC a 2030 podremos llegar a disponer de más de 67.000 empleos. En las CCAA donde hay presencia eólica, la tasa de desempleo es inferior, lo que ayuda a anclar a la población en el entorno rural.

El sector eólico afronta importantes retos de cara al 2024. El primero de ellos se refiere al ritmo de avance de la eólica necesario para cumplir en 2030 el objetivo eólico de 63 GW contemplado en la propuesta del PNIEC. El ritmo anual de instalación está siendo muy inferior ya que habría que incorporar más de 4 GW al año, necesarios no solo para el consumo directo de los hogares y empresas sino para consumos industriales de sectores clave como el hidrógeno renovable. Por tanto, si la eólica no puede cumplir con el ritmo de instalación adecuado, las implicaciones son multisectoriales. Acelerar el “permitting eólico” debe ser una prioridad, además de dar señales de estabilidad regulatoria para atraer financiación a nuestro país y evitar deslocalizaciones industriales a futuro.

Asimismo, es necesario apostar por la repotenciación de parques eólicos. Aspectos como la declaración de los parques a repotenciar como “bienes de interés público prioritario”, la “evaluación de impacto ambiental adicional” y el cumplimiento de los plazos máximos de tramitación establecidos en Europa deben ser implementados en nuestro país.

Es crítico avanzar en la electrificación para usar todo el potencial de las renovables y poner en marcha políticas decididas que faciliten el crecimiento de la demanda eléctrica acorde al escenario que establece el PNIEC. Avanzar en políticas de planificación y ordenación del despliegue renovable, el almacenamiento, el hidrógeno renovable de forma sincronizada debe ser una prioridad.

Tenemos que proteger la industria eólica europea y nuestra cadena de suministro frente a la presión desde terceros mercados. Para mantener el tejido industrial y el papel internacional de la industria eólica española (5º país en exportación de aerogeneradores del mundo) es necesario poner en marcha políticas ambiciosas a nivel nacional y europeo, que ofrezcan estabilidad y competitividad frente a otros mercados. El Wind Power Action Plan europeo, presentado este año por la Comisión Europea, debe ser implementado en España con la mayor celeridad posible.

En cuanto al desarrollo de la eólica marina en nuestro país, es urgente aprobar el marco regulatorio y convocar la primera subasta en 2024. La eólica marina flotante es una oportunidad de país por la creación de nuevos empleos y por las sinergias con otras actividades industriales, como la industria naval o la portuaria, entre otras. El PNIEC identifica como retos específicos la instalación de al menos 3 GW de eólica marina en 2030.

Y para finalizar, el diálogo y el consenso social son imprescindibles para la sensibilización, conocimiento y aceptación de los proyectos renovables en los territorios. Es responsabilidad de todos (empresas, las administraciones y las comunidades locales) sumar esfuerzos para avanzar en el desarrollo de los parques eólicos, aportando pedagogía, trabajando anticipadamente y evitando escenarios de utilización política de las energías renovables.