Hay que tener en cuenta que en el mes de marzo la unidad I de la central de Almaraz y la central de Cofrentes no resultaron casadas en el mercado eléctrico ni llamadas a funcionar por el operador del sistema, por lo que pararon de forma programada durante varias semanas.

Está situación se debió a la elevada generación renovable, mantenida de forma prolongada por la sucesión de borrascas que se produjeron en esas fechas, lo que hizo que el mercado eléctrico cotizase por debajo de los costes variables de las centrales, por lo que haberlas mantenido en operación no hubiese sido económicamente viable.

En cualquier caso, su producción constante y fiable ofrece garantía de suministro eléctrico y estabilidad al sistema. Además, la nuclear es una fuente libre de CO2, por lo que su continuidad a largo plazo es esencial ante los retos energéticos y ambientales a los que nos enfrentamos en la transición energética. Así lo recogen en sus conclusiones los estudios y análisis de organizaciones internacionales como la Agencia Internacional de la Energía, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la Comisión Europea, el reciente Informe Draghi o el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas.

Las centrales nucleares, operativas prácticamente las 24 horas los 365 días del año al no depender de agentes externos, realizan paradas de recarga de combustible cada 12, 18 o 24 meses, según el tipo de reactor. Concretamente, durante el ejercicio 2024 se han llevado a cabo cinco paradas de recarga en las centrales españolas: la unidad II de Almaraz y Vandellós II en el mes de abril, Trillo en el mes de mayo, la unidad I de Almaraz en el mes de octubre y la unidad I de Ascó en el mes de noviembre, en las que se desarrollaron el conjunto de actividades necesarias para la renovación del combustible nuclear y se realizaron mejoras de diseño y labores de mantenimiento de los sistemas, componentes y estructuras de las instalaciones que no se pueden realizar con las centrales en funcionamiento.

La seguridad de las centrales nucleares es la prioridad para sus titulares, de ahí las constantes inversiones en mejoras y actualizaciones, junto con las revisiones e inspecciones exhaustivas del organismo regulador para asegurar que todas las instalaciones operan de acuerdo con la normativa establecida.

Inspección de combustible en una central nuclear.

En 2024 hay que destacar que el 11 de noviembre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico concedió, mediante la Orden TED/1269/2024, a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo A.I.E. la renovación de la autorización de explotación de la central de Trillo por un periodo de diez años hasta noviembre de 2034, tras haber considerado el informe favorable emitido el día 26 de julio por el Consejo de Seguridad Nuclear.

A pesar de esta autorización, en España existe un calendario de cierre del parque nuclear -acordado en el Protocolo de Intenciones de marzo de 2019- que comenzará en 2027 hasta prescindir de la energía nuclear en 2035, y que mantiene su reflejo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 aprobado por el Gobierno de España en septiembre de 2024. Para Foro Nuclear, este plan no es acertado ni acorde con la tendencia internacional y los reactores deberían seguir operando siempre y cuando se garantice su viabilidad económica. 

En este sentido, las centrales nucleares españolas son económicamente competitivas, si se atiende a sus costes intrínsecos: operación y mantenimiento, combustible, amortizaciones y gastos de personal. Sin embargo, el parque nuclear español está sometido a una carga fiscal excesiva e incluso en algunos casos redundante -que supone una cifra de entre 17 y 18 €/MWh producido. Esta fiscalidad no es homogénea ni comparable a la del resto de tecnologías que participan en el sistema eléctrico español, lo que penaliza su funcionamiento y gestión.

Además, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 589/2024 por el que se ha modificado a partir del 1 de julio de 2024 la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a las centrales nucleares en explotación. Esta tarifa es conocida como Tasa Enresa, que pagan los titulares de las centrales nucleares para su futuro desmantelamiento y gestión de los residuos.

Esta modificación, que supone un incremento de 2,38 euros por cada MWh producido respecto a la tasa que estaba vigente, es absolutamente ajena a la operación de las centrales nucleares y se debe exclusivamente a los cambios adoptados en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno de España en diciembre de 2023 -pasando de un modelo para la gestión temporal del combustible gastado basado en un Almacén Temporal Centralizado (ATC) a otro en el que habrá siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos con combustible gastado- y por la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas. Por tanto, los sobrecostes del nuevo Plan no deberían imputarse, en ningún caso, a los titulares de las centrales nucleares.

Hay que recordar que el Protocolo de Intenciones de marzo de 2019 contemplaba un incremento máximo del 20% del valor de esta tasa respecto al que en ese momento tenía y hasta el límite de los 7,98 €/MWh vigente.

Este nuevo incremento de julio de 2024 del 30% aprobado supone tener que ingresar, a partir del 1 de julio, 130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones de euros que el conjunto del parque nuclear español ya estaba aportando cada año al Fondo de Enresa desde marzo de 2019.

Este hecho, junto con la desproporcionada, discriminatoria y asfixiante carga fiscal a la que está sometido, cerca de 1.000 millones de euros anuales en concepto de impuestos y tasas, pone en riesgo la viabilidad de la continuidad de su operación.

No se puede olvidar que el conjunto de la carga tributaria que soporta se ha incrementado más de un 70% en los últimos cinco ejercicios y que entre los años 2025 y 2035 supondrá más de un 40% de sus costes totales.

Respecto al año 2025, las centrales nucleares aportarán nuevamente una electricidad esencial para el funcionamiento técnico y la estabilidad del sistema eléctrico y sin emisiones de gases de efecto invernadero. Se llevarán a cabo paradas de recarga en la unidad II de la central de Almaraz, la unidad II de la central de Ascó, la de Cofrentes, la de Trillo y la Vandellós II.

El conjunto del parque nuclear seguirá operando de manera segura y con excelentes indicadores de funcionamiento, gracias a las enormes inversiones –del orden de 30 millones de euros por unidad- que sus titulares llevan a cabo cada año y a la gran capacidad y experiencia acumulada de todas las compañías que conforman la industria nuclear y sus trabajadores, manteniéndolo en la vanguardia tecnológica y operativa a nivel mundial.